Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, la institución que está acreditada en la Corte de Miami con representante del gobierno de México en el caso que inició hace un lustro contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, dijo que Samuel Weinberg y su hijo Alexis, a quienes se les menciona como sus socios, tienen 30 días para formalizar un acuerdo con la Fiscalía General para obtener el criterio de oportunidad, donde imputarán a importantes ex funcionarios a quienes presuntamente pagaron miles de millones de pesos, a cambio de contratos multimillonarios. Hasta este día, eso parece un mero formulismo técnico, porque el acuerdo está terminado, aunque no judicializado.
La denuncia la presentó originalmente el anterior jefe de la UIF, Santiago Nieto, que retomó Gómez con un abogado en Miami hábil y talentoso, que le dio cuerpo y forma a un caso que parecía que no tendría alas para volar. También fue una pieza central en el armado de las declaración de los Weinberg ante ministerios públicos federales mexicanos en Miami, que fue evolucionando. El acuerdo original que le ofrecieron a los Weinberg fue el criterio de oportunidad a cambio de imputar a García Luna. Gómez lo profundizó. Durante meses insistió en que declararan contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que finalmente terminaron de hacer.
Las declaraciones de los Weinberg, que forman parte del proceso para obtener el criterio de oportunidad, son prácticamente idénticas y están bien cuidadas y acotadas, probablemente para que en el momento en que se inicie su juicio en México -que habrá salvo que tengan un desacuerdo en el momento de judicializar sus pruebas-, no brinque en direcciones que no desean que afecte a personas a las cuales han logrado encapsular de cualquier imputación.
Una de ellas es Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo nombre apareció hace unas semanas porque su pareja sentimental, la empresaria Julia Abdala, le vendió una propiedad en Polanco a Alexis Weinberg. La operación fue mercantil, como lo demostró públicamente, pero alimentó la especulación. Bartlett fue a ver a Gómez para conocer si había alguna acusación en su contra, pero el jefe de la UIF lo tranquilizó y le aseguró que no había ninguna investigación en su contra. Abdala tiene una muy larga relación con los Weinberg porque la esposa de Samuel, Silvia Pinto, es tan cercana a ella que muchas veces piensan que son primas. A través de Abadala, Bartlett conoció a Samuel cuando era gobernador de Puebla, y compartieron la mesa con García Luna y su esposa, en la boda de Alexis en 2003.
Pero hay nombres que no fueron revisados, pese a estar señalados explícita o implícitamente, y sus responsables no figuran, como algunos de quienes fueron imputados en la denuncia de la Fiscalía General en 2020 contra 61 funcionarios, los Weinberg y su socio Natan Wencier Taub.
Entre ellos destacan, toda vez que muchos de los contratos que presentaron los Weinberg como prueba de sobornos a cambio de las adjudicaciones tienen que ver con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, los ex comisionados del organismo Eduardo Enrique Gómez y Eduardo Guerrero Durán, y Paulo Uribe, que fue director administrativo de los penales federales, y parte del círculo íntimo de Osorio Chong, acusados de peculado por haber firmado contratos a empresas ligadas con García Luna por 88 millones de pesos.
Aunque la corrupción en los penales fue amplia, según señalaron los Weinberg, hay otro nombre que no incluyeron, cuando menos en los expedientes revisados, Sergio Montaño, que fue oficial mayor de la Secretaría de Seguridad bajo el mando de García Luna, acusado de presuntos actos de corrupción en la concesión de penales, y cuyo caso fue reactivado y se encuentra actualmente siendo analizado por la ponencia de Loretta Ortiz para determinar si lo atraen a la Suprema Corte de Justicia.
Montaño era muy cercano a los Weinberg y participaba regularmente en sus fiestas en los yates y las playas del sur de Miami. También trabajaba muy de cerca dequien era coordinador de asesores de García Luna, José Antonio Polo Oteyza, que saltó a dirigir la empresa de los Weinberg International Consulting and Technology, y que en la actualidad dirige la organización civil Causa en Común.
Hay otros exfuncionarios que dirigían dependencias en donde se adjudicaron muchos contratos por los que hubo pagos, que no están mencionados. El más relevante es el de Eugenio Imaz, director del CISEN que durante casi todo ese sexenio de Peña Nieto, que junto con los penales fue la institución en donde más contratos se les adjudicaron a los Weinberg en ese gobierno bajo el esquema presuntamente de corrupción. Los Weinberg mencionaron 14 contratos por más de 250 millones de dólares obtenidos a cambio de pagos ilegales, sin que mencionaran en nada a Imaz, cuyo hermano Carlos estuvo casado con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otro más que aparece desvinculado al Caso Weinberg en Miami es Damián Canales, ex comisionado de la Policía Federal, que adquirió un sistema de explotación de información de inteligencia en 2015, por el que se pagaron 133 millones de dólares, y que tiene una causa abierta en este momento en la Fiscalía General. Ese sistema lo produce la empresa israelí, Rafael, vinculada al Ejército de ese país, cuyo proveedor en México son los Weinberg. En su declaración, Samuel Weinberg revela que ellos lo vendieron, pero no se vuelve a hablar más de ello.
Samuel Weinberg declaró que vendieron equipos a la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal de Investigación, el Ejército, la Marina, el CISEN, la Policía Federal y “muchas otras instituciones”. Sobre las Fuerzas Armadas no hay nada en los expedientes revisados, ni de las “otras instituciones”. Vendieron sistemas de interceptación de llamadas, el sistema Laguna, que es mencionado públicamente como un equipo de espionaje y equipos para las aduanas.
El criterio de oportunidad que negociaron con la UIF y la Fiscalía General excluye detalles de esos contratos, y solo incluye aquellos donde aseguran pagaron para que se los adjudicaran.
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