1.- Carmona-Mícher, poder sin pudor
Este martes quedaron expuestos los excesos del grupo político de los Carmona-Mícher, quienes dieron muestra que no importa debilitar instituciones promoviendo perfiles afines al oficialismo en aras de incrementar su influencia en el estado de Guanajuato. El motivo: la polémica y fallida designación de 56 magistraturas electorales en 30 entidades federativas, con perfiles claramente vinculados a la autodenominada Cuarta Transformación.
En la lista final de aspirantes figuraban los dos perfiles propuestos para cubrir igual número de vacantes en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Uno de ellos fue Juan Antonio Macías Pérez, actual magistrado. La segunda propuesta fue Jazmín Anabel Carmona Cornejo.
Ella se desempeña actualmente como secretaria técnica del patronato del DIF municipal en Villagrán, donde gobierna la morenista Cinthia Teniente Mendoza. Es parte del círculo cero del senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, esposo de la alcaldesa y también integrante del Patronato.
El propio dictamen de la Comisión de Justicia advierte que su desempeño no fue nada bueno. El documento, en poder de Periódico Correo, señala: “no acredita experiencia electoral, a pesar de que menciona contar con experiencia profesional en la materia no adjuntó ninguna constancia que lo acredite”, lo cual debió dejarla fuera del proceso, pero no ocurrió.
Y no fue solo eso. Durante su comparecencia —en la que participó la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, aliada política de Emmanuel Reyes Carmona— la aspirante dejó serias dudas. No respondió preguntas puntuales y centró su intervención en generalidades sobre la urgencia de fortalecer las instituciones para combatir la violencia política en razón de género. Además, fue evidente que gran parte de su exposición fue leída desde una pantalla colocada frente a ella.
A pesar de todo esto, fue incluida en la lista propuesta por la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Finalmente, la propuesta fue rechazada al no alcanzarse las dos terceras partes necesarias, marcando así la primera derrota del oficialismo en el Senado de la República. La Jucopo deberá ahora presentar una nueva propuesta para someterla a votación y que de hecho será inmediata, este mismo miércoles se le convocó a aprobar la nueva lista. De ese tamaño la urgencia.
El proceso quedó manchado y dejó graves dudas sobre la seriedad y pulcritud con la que se llevó a cabo esta selección. No solo porque no llegaron los perfiles más aptos para garantizar independencia, sino porque muchos son considerados cercanos a Morena. Incluso el senador Emmanuel Reyes Carmona publicó una fotografía donde se observa su voto a favor del dictamen que incluía a su allegada. ¿Transparencia o descaro total?
Previo a la sesión del Senado, panistas denunciaron la operación de Morena para incluir perfiles afines, y pusieron como ejemplo a Jazmín Anabel Carmona Cornejo: “El propio dictamen de la Comisión de Justicia dice con toda claridad al respecto de Jazmín Anabel Carmona Cornejo que no acredita experiencia electoral”, señaló el senador Ricardo Anaya Cortés.
Por cierto, no se aprobó el dictamen porque seis senadores del oficialismo votaron en contra y dos se abstuvieron. La votación se dio por cédula con lo que es difícil saber quiénes se “pasaron de rosca”, pero da para pensar que entre ellos está un legislador guanajuatense morenista que es opositor al grupo de los Carmona-Mícher.
2.- El dorado retiro de Carlos Zamarripa Aguirre
Finalmente, y tras negarse inicialmente a transparentar la información, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato hizo público el monto del finiquito otorgado a Carlos Zamarripa Aguirre: más de 4 millones 200 mil pesos. Una cifra altísima, reservada solo para quienes integran la cúpula dorada del poder. Era, sin embargo, previsible; la resistencia a revelar el dato ya lo sugería, como la propia antigüedad que alcanzó.
Fueron legisladores de Morena quienes intensificaron la conversación al exhibir los privilegios con los que fue despedido el exfiscal. Además del millonario finiquito, Zamarripa recibió un bono adicional bajo el concepto de “gratificación por fidelidad”, un beneficio al que pocos tienen acceso. Este segundo pago ascendió a 3 millones 922 mil 209 pesos, lo que eleva el monto total entregado a su salida a más de 8 millones de pesos.
Como Periódico Correo informó desde junio de 2024, Zamarripa modificó el Reglamento Interior de la Fiscalía para incorporar precisamente esa figura: la gratificación por fidelidad. Hoy, queda confirmado que dicha reforma le aseguró una salida privilegiada, previendo que su permanencia sería insostenible con la llegada de una nueva administración estatal.
El caso revela no solo un abuso del marco institucional, sino una preocupante capacidad de los altos funcionarios para blindarse a sí mismos incluso en el ocaso de sus cargos. Lo que para la ciudadanía son promesas de austeridad, para algunos son garantías de opulencia disfrazadas de legalidad.
3.- Violencia en el deporte: cifras que duelen, leyes que urgen
Este miércoles, la senadora del Partido Verde, Virginia Magaña Fonseca, encabeza en el Senado una rueda de prensa para presentar públicamente la Iniciativa para la Erradicación de la Violencia de Género en el Deporte. Se trata de una propuesta de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que busca incorporar la perspectiva de género en todas las políticas deportivas del país.
La acompañan la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad; la senadora y dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón; así como Rommel Pacheco, actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Uno de los anuncios más relevantes es el respaldo total de la Conade a la iniciativa presentada por la legisladora guanajuatense. No podía ser de otra forma: Rommel Pacheco participó directamente en la construcción del proyecto y, además, la propuesta cuenta con el respaldo de víctimas de violencia de género en entornos deportivos.
El anuncio también marca un claro distanciamiento con la gestión anterior de la Conade, encabezada por Ana Gabriela Guevara, quien en múltiples ocasiones protagonizó enfrentamientos y descalificaciones contra atletas de alto rendimiento.
La iniciativa de Magaña Fonseca propone establecer medidas concretas para prevenir y erradicar la violencia física, verbal, sexual y simbólica contra las atletas, en todos los niveles. Está sustentada en estudios y encuestas que revelan una realidad alarmante: al menos el 20% de las deportistas en México ha sufrido abuso sexual, y más del 60% ha enfrentado violencia física o verbal.
Contra Retrato
Melanie Murillo Chávez
A la presidenta municipal panista de Silao le ocurre lo mismo que a su antecesor morenista, Carlos García Villaseñor: la falta de acuerdos políticos está frenando el avance de la administración, y los más perjudicados, una vez más, son los ciudadanos de Silao.
El panorama se complica. El pasado 21 de marzo se aprobó una modificación presupuestal para disponer de 100 millones de pesos destinados a obra pública, recursos etiquetados que, de no ejercerse, tendrían que devolverse al gobierno federal. Aunque la modificación fue aprobada por mayoría, regidores de Morena alegan que el procedimiento fue ilegal, pues requería mayoría absoluta. En esa misma sesión también se aprobó la integración del Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS), otro punto impugnado por los morenistas bajo el mismo argumento.
La tensión escaló este martes, cuando regidores de Morena y otras fuerzas políticas, junto con Jesús Ramírez Garibay, secretario general de Morena en Guanajuato, se reunieron con el secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona, para solicitar su intervención.
Entre sus exigencias están: la destitución de la secretaria del Ayuntamiento, Marcela Karina Chagoya, por presuntas inconsistencias en las actas de sesión; mayor representación de Morena en las comisiones edilicias, y la reposición del proceso de elección de consejeros de SAPAS. Este último punto, por cierto, tiene un trasfondo político: la exclusión de perfiles cercanos al exalcalde Carlos García Villaseñor.
La solicitud de intervención estatal choca de frente con la autonomía municipal, pero las diferencias ya rebasaron los cauces internos. Hoy, el gobierno de Silao avanza a paso lento, atrapado en disputas que exigen diálogo político urgente entre las fuerzas que mantienen paralizado al Ayuntamiento.
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