Ciudad de México, México.– Decenas de personas, principalmente madres y colectivos de búsqueda, irrumpieron por la fuerza en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el pasado 19 de marzo, después de enfrentar varias restricciones y un proceso poco transparente por parte de las autoridades durante la visita oficial al sitio, donde se hallaron restos humanos y cientos de prendas que podrían pertenecer a personas desaparecidas, en lo que se presume era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El 5 de marzo, un grupo de activistas del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió restos óseos, ropa y otros objetos en el rancho, lo que llevó a la intervención de las autoridades.
Sin embargo, el manejo de la visita por parte de las autoridades estatales dejó mucho que desear. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEPAD) y varios colectivos de búsqueda acusaron a las autoridades de ser responsables de la falta de preparación y de no haber dispuesto una logística adecuada para que los familiares de las víctimas pudieran acceder al lugar con mayor libertad y eficacia.
“Las familias y colectivos de búsqueda decidieron entrar por la fuerza debido a la irresponsabilidad de las autoridades que no organizaron correctamente la visita. No nos dieron el tiempo ni el acceso adecuado a las zonas más importantes, como la zona de dormitorios donde se encontraron más de 400 prendas”, dijo CEPAD en un comunicado.
Las quejas de los buscadores
Los colectivos de búsqueda y las madres de personas desaparecidas expresaron su descontento por las restricciones impuestas por las autoridades, que solo permitieron una visita de 15 minutos al rancho, limitando a los asistentes en su capacidad de investigar los elementos encontrados en el lugar.
Patricia Sotero, integrante del colectivo Huellas de Amor, lamentó la falta de acceso a la información importante.
“No nos dejan entrar ahí, está tapado. Esto no sirve de nada, esto es una burla para nosotros como madres”, afirmó visiblemente molesta. “La autoridad hizo un museo del dolor de nosotros, nos dijeron que no tocáramos nada y que camináramos en línea, pero no nos dieron las herramientas para realmente encontrar respuestas”, agregó.
Los buscadores encontraron varias irregularidades durante la visita, incluida la presencia de lo que parecía ser un “piso hueco”, lo cual ha generado más dudas sobre el verdadero propósito y funcionamiento del rancho Izaguirre. Las críticas a las autoridades no se hicieron esperar, ya que las familias consideraron que se les trató como meros espectadores en lugar de actores principales en la investigación.
La postura de la Fiscalía General de la República (FGR)
La Fiscalía General de la República (FGR) intervino en el caso después de que las familias de las víctimas denunciaran las fallas en la investigación de la Fiscalía Estatal de Jalisco. El miércoles 19 de marzo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero criticó la labor de las autoridades locales, señalando que la revisión del rancho Izaguirre no fue tan exhaustiva como se requería.
Gertz Manero comentó que las prendas encontradas en el sitio, aunque de gran relevancia, no necesariamente indicaban que las personas allí presentes habían sido asesinadas. Según las primeras hipótesis, el rancho podría haber sido un lugar donde las víctimas eran forzadas a cambiarse de ropa para utilizar equipamiento táctico, lo cual estaría vinculado a la operación del CJNG.
“Las prendas encontradas no necesariamente significan que las personas hayan sido asesinadas, sino que el lugar parece haber sido un centro de adiestramiento donde se les exigía a las víctimas cambiarse de ropa para usar equipo táctico”, dijo Gertz Manero en una rueda de prensa.
Exhorto a una investigación más profunda
Mientras tanto, las familias y colectivos de búsqueda siguen pidiendo respuestas claras y una investigación más profunda que permita esclarecer los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre. La CEPAD y las organizaciones de derechos humanos han instado a las autoridades a tomar en serio las demandas de las víctimas y a evitar la revictimización de las familias a través de procesos deficientes y burocráticos.
“Las autoridades deben ser responsables y sensibles con las familias y los buscadores. Este tipo de casos no pueden seguir siendo manejados de manera tan superficial”, reiteró la CEPAD.
La tragedia de Teuchitlán pone en evidencia las enormes fallas en la lucha contra la desaparición forzada en México, así como la creciente preocupación por el poder del crimen organizado en la región y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades para frenar estos crímenes.
Por ahora, los colectivos de búsqueda seguirán luchando por obtener justicia para las miles de personas desaparecidas, mientras esperan que las investigaciones sobre el rancho Izaguirre avancen de manera más rigurosa.
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