1.- Buenas nuevas para los zapateros; van contra falsas importaciones temporales
Hay buenas noticias para el sector textil y de calzado. El gobierno federal anunció que intensificará la revisión a empresas que operan bajo el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), el cual permite la importación temporal de insumos para productos que en teoría deberían ser exportados.
Durante años, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) había solicitado este tipo de fiscalización, al detectar que algunas empresas estaban utilizando el programa para ingresar grandes volúmenes de calzado terminado, el cual acababa comercializándose ilegalmente en el mercado nacional.
Las primeras investigaciones confirmaron las sospechas. Ocho empresas, ubicadas en Jalisco, Aguascalientes y Baja California, habrían hecho un uso fraudulento del programa, importando mercancía por un valor de 24 mil millones de pesos. Según informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se procedió al congelamiento de cuentas y la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación.
“Entonces, se hizo una revisión y vimos que 8 empresas hacían uso ilegal de esto, es decir, estaban engañando al Gobierno de México diciendo ‘estoy importando textiles o calzado’ para después exportarlos. Verificamos, checamos y vimos que no lo exportan; estaban mintiendo”, dijo.
Hace apenas un mes, Juan Carlos Cashat Usabiaga, en sus primeros días como presidente de la CICEG, sostuvo una reunión clave con funcionarios de la Secretaría de Economía en Ciudad de México. Uno de los temas centrales fue precisamente el uso indebido del IMMEX.
Los datos presentados en esa reunión son contundentes: las importaciones temporales de calzado pasaron de 3.79 millones de pares en 2022 a 40.16 millones en 2024, un aumento del 959%. Este crecimiento descontrolado, combinado con el contrabando, desplazó al 60% del mercado nacional, provocando la pérdida de 95 mil empleos en la industria.
Finalmente, las advertencias del sector zapatero parecen haber sido escuchadas tras un sexenio con cierta pasividad. El gobierno federal ha decidido actuar contra el uso fraudulento del IMMEX. Este giro representa un respiro para la industria, aunque persisten desafíos importantes, como la triangulación detectada por empresarios, mediante la cual calzado chino proviene de Vietnam y otros países asiáticos ingresa al país bajo condiciones arancelarias más favorables, burlando así algunos aranceles.
2.- La antesala de una nueva crisis para el fiscal de Guanajuato
Los nuevos lineamientos aprobados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para fortalecer la recepción de denuncias anónimas fueron bien recibidos por diversos sectores, especialmente por representantes empresariales, quienes consideran que esta medida facilitará que más víctimas de delitos como la extorsión se animen a denunciar sin temor a represalias.
Mientras la medida le trajo comentarios positivos al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, a la par resurge una problemática que arrastra desde que era delegado de la Fiscalía General de la República y que terminará poniéndolo nuevamente en el centro de la controversia. Este martes, se celebrará la primera audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato relacionada con un proceso legal derivado del carpetazo a una denuncia por presuntos actos de corrupción, decisión que podría implicar responsabilidades administrativas y penales para funcionarios cercanos al actual fiscal estatal.
Según trascendió, entre los imputados por el carpetazo a esa investigación se encuentran una agente del Ministerio Público identificada como Diana; Omar Bazúa Sánchez, entonces subdelegado de la FGR y cercano a Vázquez Alatriste; así como Alfredo Velázquez, quien firmó como fiscal en jefe.
La audiencia está programada para las 10:15 de la mañana y estará a cargo del juez Efraín Frausto Pérez, quien ha llevado casos de alta relevancia mediática, como el proceso penal contra los agentes federales implicados en el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, en abril de 2022.
3.- Gobierno de Celaya centraliza administración de Parque Xochipilli
Finalmente se publicó en el Periódico Oficial de Guanajuato el nuevo Reglamento del Parque Xochipilli en Celaya. Uno de los cambios más significativos es la reconfiguración del Consejo Directivo, que ahora estará dominado por el gobierno municipal, con ocho representantes. La sociedad civil contará con seis integrantes y la asociación Xochipilli A.C. designará a dos.
La solicitud de modificación al reglamento fue realizada por el actual director del parque, Santiago Pi Perales, quien desde su nombramiento ha estado envuelto en cuestionamientos por no contar con el respaldo del Consejo Directivo del Patronato del Parque Xochipilli. Su designación, según diversas voces, fue una decisión unilateral del presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez.
Desde entonces, la relación entre el gobierno municipal y el Patronato —encabezado por Mauricio Rodríguez Reyes— ha sido tensa. No solo por la imposición de Pi Perales, sino por las reformas al reglamento, que según el presidente del Patronato, disminuyen la representación ciudadana y concentran el poder de decisión en manos del Ayuntamiento. A juzgar por la nueva composición del Consejo, esa acusación tiene sustento: el gobierno local ha centralizado el control del parque.
En medio de esta disputa por el poder en la administración del espacio público, también han surgido señalamientos por supuestos malos manejos. Lo cierto es que el Parque Xochipilli enfrenta un deterioro notorio, denunciado por los propios ciudadanos. La pérdida de arbolado continúa sin revertirse, en buena medida por la falta de atención integral y de combate eficaz contra plagas. Habrá que esperar si el mayor control que tendrá el gobierno municipal se refleja en una mejora del parque o si detrás solo había pugnas políticas.
Contra Retrato
Alma Alcaraz Hernández
El papel más activo que ha asumido la delegada de programas federales en Guanajuato ha detonado nuevas rispideces al interior de Morena en el estado. El conflicto se originó con la entrega de apoyos sociales en cuya difusión aparece la imagen de la funcionaria, lo que ha sido interpretado como un acto de promoción personalizada. Las pruebas son públicas y contradicen totalmente la posición que tomó Alcaraz Hernández cuando fue candidata a la gubernatura.
Las declaraciones del secretario general de Morena, Jesús Ramírez Garibay —alineado con el grupo de Ricardo Sheffield Padilla— encendieron la mecha al advertir que no debía incurrirse en este tipo de prácticas utilizando recursos públicos. Fundamento hay, pero en un intento por contener la tensión, más recientemente aclaró que no fue un señalamiento directo contra Alcaraz Hernández, sino un posicionamiento general, sin asumir explícitamente que la delegada incurra en esa promoción.
En respuesta, grupos morenistas afines a la delegada salieron a respaldarla. Uno de los primeros fue Ricardo Gómez Escalante, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, quien defendió a la funcionaria y atribuyó los señalamientos a ataques provenientes de la “derecha”.
Este lunes, el diputado federal Francisco Estrada Domínguez también expresó su respaldo y arremetió directamente contra Ramírez Garibay, a quien acusó de no representar la visión oficial de Morena en Guanajuato.
Mientras tanto, en el estado, los llamados a la unidad hechos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo parecen no hacer eco. Su exhorto a evitar el sectarismo, así como la “ambición por el poder y el dinero”, ha sido ignorado tanto por representantes partidarios, pero también por quienes hoy tienen un cargo.
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