Yuriria, Guanajuato.- Enrique González Rico, representante del Consejo Técnico de Aguas de Moroleón–Ciénega Prieta A.C., señaló que, ante el proyecto del Acueducto Solís-León, la sociedad civil debe unirse para exigir los estudios necesarios que garanticen el desarrollo del campo, la laguna de Yuriria y los servicios ecosistémicos de la zona Bajío.
“Exijamos la protección de nuestro patrimonio ambiental y agrícola, con mínimas afectaciones. Solo garantizando el agua para el campo y la naturaleza podremos preservar nuestro patrimonio y asegurar el futuro del Bajío. El impacto positivo del acueducto, a lo mejor, garantiza el agua para las grandes ciudades, pero el impacto negativo va a desproteger a toda la cuenca principal de donde se va a sacar el agua”, expresó.
González indicó que, en colaboración con el Colegio del Agua de Guanajuato, se analizó lo que implica dicho proyecto, con el fin de dar a conocer los resultados. Señaló que muchas personas, por desconocimiento, piensan que “ah sí, un acueducto y ya”, pero no conocen todas las implicaciones que puede tener a futuro en la sustentabilidad del acuífero de la laguna de Yuriria y del río Lerma.
Explicó que las autoridades ya informaron que se entubará el agua desde la presa Solís hasta León, beneficiando principalmente al sector urbano. “El agua se quiere para consumo humano, y el proyecto implica el paso por múltiples municipios, prácticamente por donde va el río Lerma”, advirtió.

Agregó que se prevé extraer un volumen de 119.9 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a 3,800 litros por segundo. El proyecto ya cuenta con cronograma, presupuesto y está registrado en la Secretaría de Hacienda. Aparentemente, la obra estará a cargo de la SEDENA.
Sin embargo, subrayó que no se han considerado a los actores clave ni a los ecosistemas importantes, como la laguna de Yuriria, un humedal protegido por su fauna y su función pesquera. También advirtió que las comunidades cercanas al río Lerma dejarán de recibir agua, ya que esta será entubada y ya no recorrerá su cauce natural. Esto afectaría funciones ecosistémicas como la limpieza de contaminantes y la regulación del carbono.
Otros sectores afectados serían los productores agrícolas con concesiones de agua superficial, ya que dejarán de recibirla desde la presa. “Se dice que van a tecnificar, pero también se afectan pozos y acuíferos. Como COTAS, nos interesa la recarga de los mantos freáticos”, afirmó.
Explicó que, aunque la laguna tiene una cubierta basáltica que impide la infiltración directa, las filtraciones laterales benefician a las comunidades cercanas.
“Ese flujo lateral ayuda a recargar los mantos superficiales. Tan es así que, si perforan un pozo junto a la laguna, sale agua a 15 o 20 metros de profundidad”, detalló.
González añadió que también se verá afectado el turismo, la regulación del flujo de agua, el abastecimiento rural y el riego superficial, especialmente por tratarse de un sitio Ramsar y Área Natural Protegida.
“La mayor preocupación es el impacto ambiental. ¿Cómo se va a establecer el caudal mínimo, es decir, el agua necesaria para no afectar la corriente o el lago? Debe dejarse una reserva ecológica que permita la sobrevivencia de plantas, animales y la recarga de acuíferos”, afirmó.

Advirtió que si la laguna de Yuriria no recibe un caudal mínimo en épocas de estiaje o durante eventos de cambio climático, los daños serán irreversibles. “No hay modelaciones hidrológicas, ni datos de cómo cambiarían los niveles y la velocidad aguas abajo. No sabemos si existen estudios o en qué se basan para definir ese caudal mínimo”, sostuvo.
“Insisto: en un escenario de sequía severa, ¿cuál será la prioridad?, ¿dar agua a las ciudades o a los campos y pescadores? Aunque la respuesta parezca obvia, debe discutirse”, puntualizó.
Entre las recomendaciones de COTAS se encuentra medir y garantizar ahorros con tecnificación del riego antes de extraer el agua. “Lo que no se mide, no se conoce, y lo que no se conoce, no se puede resolver. Es necesario definir legalmente el caudal ecológico, la cantidad mínima que debe dejarse en el ecosistema”, dijo.
Añadió que es urgente hacer acuerdos con Conagua, realizar simulaciones y modelaciones para cuantificar los niveles y velocidades adecuadas para el ecosistema. Como sociedad civil, solicitarán que los resultados se compartan con productores y pescadores en mesas de diálogo formales.

“Al gobierno federal le gusta hacer muchas consultas. Entonces, ¿por qué no se han hecho aquí?”, cuestionó. Y concluyó: “Si la sociedad se organiza, se pueden promover amparos si se demuestra técnicamente que el acueducto es inviable o que debe reducirse el volumen de agua proyectado”.
El Acueducto Solís-León contempla una inversión total de 15 mil millones de pesos. Para 2025 se destinarán 800 millones, en beneficio de 1.8 millones de habitantes. La licitación está programada para agosto de 2025, con inicio de obras en septiembre y conclusión en 2028.
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