1.- Aprueban magistrados para Guanajuato, aunque con conexiones dudosas
Este miércoles hubo humo blanco en el Senado de la República con la designación de 56 magistraturas electorales en 30 entidades federativas, dos de ellas correspondientes a Guanajuato. Los elegidos para integrarse al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) son Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada.
El martes, la propuesta fue rechazada al no alcanzar la votación requerida, por lo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) modificó el listado. En el caso de Guanajuato, quedó fuera Jazmín Anabel Carmona Cornejo, un perfil sin experiencia en materia electoral, pero cercana al senador Emmanuel Reyes Carmona. Además, era funcionaria en Villagrán, donde gobierna la alcaldesa morenista Cinthia Teniente Mendoza, esposa del senador. Una intentona de imposición que finalmente fracasó.
Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada cuentan con trayectoria en materia electoral. El primero era magistrado por ministerio de ley, es decir, suplente; mientras que el segundo se desempeñaba como secretario de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien ha sido criticado por varias decisiones que han favorecido a Morena, como avalar la supermayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. En Guanajuato, Sharpe Calzada fue director de Centros de Desarrollo Familiar del Sistema DIF en León entre 2014 y 2016. Tras su breve paso por la administración pública, su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito judicial electoral.
Sharpe Calzada fue justamente quien entró en lugar de Jazmín Anabel Carmona Cornejo, ampliamente cuestionada. En todo caso, la operación de agandalle de Emmanuel Reyes Carmona no prosperó. Ya este miércoles, con la designación de los magistrados para Guanajuato, comenzó a curarse en salud publicitando sus perfiles y alegando que la decisión “fortalece las instituciones democráticas”. No le quedaba de otra, luego de quedar expuesto su vínculo tan cercano con la casi magistrada y, más grave aún, los excesos a los que puede llegar el senador. La deshonrosa anécdota quedará para la historia.
A quien se le vio muy contento con la modificación en la lista de propuestas fue el senador Ricardo Sheffield Padilla. Incluso dejó entrever que fue uno de los ocho senadores que el martes no respaldaron la propuesta inicial —cuyos nombres se desconocen, al emitirse el voto por cédula—.
“Estamos en el Senado votando la lista de magistrados electorales estatales. Esta vez sí votamos a favor, con la modificación en Guanajuato. ¡Gracias, Morena!”, publicó inicialmente, aunque luego modificó el mensaje, eliminando la parte de “esta vez sí votamos a favor”. Lo cierto es que tiene toda la lógica su rechazo inicial, dado su pleito cantado con Emmanuel Reyes Carmona.
Por cierto, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) queda conformado de la siguiente manera: Yari Zapata López, magistrada presidenta; Juan Antonio Macías Pérez, magistrado; y Pablo Roberto Sharpe Calzada, magistrado.
2.- Guanajuato no despega en 2025 en la generación de empleos
Durante el primer trimestre de 2025 se generaron apenas 14 mil 848 nuevos empleos formales en Guanajuato, una cifra baja en comparación con años anteriores. El dato incluso queda por debajo del ya preocupante registro de 2024, cuando se reportaron 15 mil 338 nuevos puestos. En contraste, en 2022 y 2023 —años marcados por la reactivación económica tras la pandemia— se generaron 21 mil 658 y 27 mil 256 empleos, respectivamente.
Aunque no es una problemática exclusiva del estado, el freno en la creación de empleo refleja cómo la incertidumbre económica global está impactando a nivel local, postergando inversiones, como han reconocido actores del sector productivo. Más allá de los anuncios y el seguimiento a nuevos proyectos, lo cierto es que la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, no ha logrado traducir esas gestiones en crecimiento laboral tangible.
A nivel nacional el panorama no es distinto: se generaron 227 mil empleos en el primer trimestre, la cifra más baja para este periodo desde 2013, excluyendo el colapso de 2020 por la pandemia. Según México Evalúa, “no alcanzar los 100 mil puestos de trabajo mensual implica que este ritmo no es suficiente para incorporar a las personas que mes con mes se suman a la Población Económicamente Activa (PEA)”.
El mal arranque del año ya perfila un escenario de bajo crecimiento económico tanto para el país como para Guanajuato, y con ello, una limitada capacidad para generar empleo formal.
3.- Solicitan a la ONU investigar desaparición de tres personas buscadoras
La Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato solicitó la intervención del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) de la ONU por la desaparición de tres personas buscadoras, integrantes de colectivos de familias con personas desaparecidas en el estado. De otorgarse, el Estado mexicano deberá informar sobre las acciones para su localización; de no hacerlo, la petición y su negativa serán públicas.
Los casos presentados son los de Lorenza Cano Flores, privada de la libertad el 15 de enero de 2024, el mismo día que asesinaron a su hijo y a su esposo. Ella buscaba a su hijo José Francisco Cano Flores. También se incluyó la desaparición de Óscar Iván Jiménez Torres y su esposa Luz Alejandra Lara Cárdenas, ocurrida el 5 de noviembre de 2024 en Apaseo el Grande. Ambos buscaban a Jesús Abel Jiménez Torres, hermano de Óscar.
“Como ha documentado el Comité, estos casos permanecen en la impunidad y no existe información respecto a las líneas de investigación que relacione un nexo causal entre los asesinatos y las desapariciones con el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas”, señala la carta enviada al Grupo de Trabajo.
Esta petición se da en un contexto nacional marcado por la crisis de desapariciones. Hace unos días, otro organismo, el Comité contra las Desapariciones de la ONU activó por primera vez el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional, que obliga al gobierno mexicano a rendir cuentas. Su gravedad podría escalar hasta la Asamblea General e implicar una indagación internacional más profunda.
El pronunciamiento provocó molestia en figuras del oficialismo, que negaron la existencia de desapariciones forzadas —aquellas con participación de agentes del Estado—. Sin embargo, en el país hay casos recientes documentados con la presunta implicación de policías, como lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, Jalisco, donde se señala a elementos municipales por entregar víctimas.
Aunque la solicitud de la Plataforma se dirige a otro organismo, el fondo es el mismo: la crisis de desapariciones y la violencia contra quienes buscan a sus seres queridos, una realidad que el gobierno federal sigue sin reconocer ni atender como prioridad.
Contra Retrato
Juan Miguel Ramírez Sánchez
El presidente municipal de Celaya anunció que su gobierno concluirá la obra inconclusa en la calle Cerro Prieto, colonia Monte Blanco, interrumpida tras el asesinato de un trabajador el 10 de marzo. Según el alcalde, la empresa abandonó los trabajos por ser víctima de extorsión. La suspensión ya desató la inconformidad vecinal.
Las declaraciones del edil evidencian su desconocimiento de los procedimientos administrativos: existe una ruta jurídica para exigir el cumplimiento del contrato y sancionar a la empresa, dado que se trata de recursos públicos.
Pero el fondo del asunto es más grave: el crimen organizado está extorsionando a constructoras que ejecutan obra pública en el municipio. Aunque el hecho ya se había ventilado, el propio gobierno municipal reconoce al menos tres casos. Tras el asesinato, se tuvo que asignar vigilancia a los otros dos frentes. Entre las tres obras bajo amenaza, están en juego al menos 21 millones de pesos.
Pese al discurso del alcalde sobre avances en seguridad, la realidad lo contradice: los homicidios van al alza y las denuncias por extorsión aumentaron desde junio de 2024, antes de su llegada al cargo. En este delito, sin embargo, la cifra negra impide conocer la magnitud real del problema.
Los resultados del edil han sido escasos. En lugar de asumir responsabilidades, reparte culpas y acusa abandono del gobierno estatal, que tampoco ha logrado contener la expansión de la extorsión. Ahora, las empresas que construyen obra pública se suman a la lista de víctimas de una economía criminal que no es exclusiva de Celaya, pero que aquí cobra fuerza sin respuesta efectiva.