1.- Adicciones en el Noreste de Guanajuato: antesala del crimen
En municipios del noreste de Guanajuato, históricamente con bajos índices de criminalidad, se configura hoy la antesala de delitos de alto impacto. Los diagnósticos oficiales advierten un aumento preocupante en el consumo de drogas y alcohol, que empieza a reflejarse en hechos violentos o desorden público.
En San Luis de la Paz, una de las puertas de entrada al Noreste, las atenciones por consumo de drogas van en aumento. Su Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia reporta que, en 2024, casi se duplicaron las detenciones por riñas y escándalos en vía pública en comparación con 2023. También se duplicaron los casos de personas sorprendidas inhalando sustancias tóxicas. El diagnóstico municipal revela que la mayoría de quienes ingresan al área de internamiento temporal lo hacen bajo los efectos de alguna droga, ya sea legal o ilegal.
En el mismo municipio, gobernado por Rubén Urías Ruiz, la violencia letal comienza a despuntar. El 29 de mayo, dos hombres atacaron una carnicería en la zona centro y asesinaron a una persona. La Policía Municipal logró detenerlos y, días después, la Fiscalía General del Estado confirmó la vinculación a proceso de Mario “N” y José Francisco “N”. Ataques similares se han dado antes.
En el municipio vecino, San José Iturbide, gobernado por Manuel Montes de la Vega, también se han registrado hechos de alto impacto, incluidos homicidios. Uno de los casos más graves fue la detención, el 3 de mayo, de cuatro hombres originarios de Jalisco, acusados de homicidio y secuestro, presuntamente integrantes de una célula criminal. Además, la muerte de 12 internos en uno de los ocho anexos del municipio confirma la gravedad del problema de adicciones y de seguridad pública.
Más al interior del Noreste, en municipios donde los homicidios aún son nulos, el consumo de sustancias es ya una de las principales preocupaciones sociales. En Victoria, gobernado por Salomón “May” Espinola Mendieta, el programa de prevención identifica a los infractores más comunes: jóvenes de entre 17 y 29 años, detenidos por escándalos en la vía pública, violencia familiar o riñas, casi siempre ligados al consumo de alcohol o drogas.
En el municipio más alejado de la región, Atarjea, gobernado por José Luis Rivas Loyola, los delitos de alto impacto siguen siendo mínimos. Sin embargo, el alcoholismo es el principal detonante de las llamadas a la policía. Aunque no se reconoce aún el consumo de drogas como un problema social grave, se reporta un ligero aumento en los incidentes delictivos. Además, se reconoce que la falta de oportunidades educativas y laborales podría empujar a los jóvenes hacia actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico.
Un factor adicional para considerar es el abandono institucional que ha vivido esta región por parte de las autoridades ministeriales. La escasa presencia de la Fiscalía General del Estado podría explicar la baja cifra de delitos denunciados. No es que no ocurran delitos, sino que no se denuncian. Apenas recientemente se firmó un convenio entre los alcaldes del Noreste y la Fiscalía para asegurar presencia permanente en la zona y facilitar las denuncias, lo que configura un avance.
Aunque el noreste de Guanajuato no figura entre las regiones prioritarias para el gobierno estatal en materia de seguridad, los signos de alerta son evidentes. Ejemplos del deterioro del tejido social —frase que tanto gustan de usar los gobernantes— y su traducción al aumento en la violencia ya se puede ver en San Luis de la Paz. Una antesala de lo que puede ocurrir en los otros municipios del Noreste.
2.- Burocracia contra lirio en la Laguna de Yuriria: la batalla perdida
Para atender la creciente expansión del lirio acuático en la Laguna de Yuriria, se instaló una mesa técnica interinstitucional. En ella participan la presidenta municipal, Victoria Ramírez Zavala; el secretario del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona; Maricela Jiménez, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), organismo descentralizado coordinado por la Semarnat; así como funcionarios de la Conagua.
El primer paso, según se anunció, será la realización de un nuevo estudio. Pero lo que se presenta como solución, en realidad revive el problema de siempre: investigaciones que no derivan en acciones efectivas. Una respuesta burocrática que se repite una y otra vez, sin consecuencias tangibles para contener la proliferación del lirio.
Desde hace más de una década, el gobierno del estado ya cuenta con estudios que documentan ampliamente esta problemática. Uno de ellos es “Dinámica poblacional del lirio acuático en la laguna de Yuriria”, realizado por la Universidad de Guanajuato en 2016. En ese trabajo se definió con claridad la dinámica de crecimiento de la planta y se propusieron medidas urgentes.
Dicho estudio advertía, por ejemplo, que el lirio puede quintuplicar su cobertura en solo un año; que su expansión se alimenta de compuestos vertidos por descargas residuales, no solo en Yuriria, sino también desde Uriangato y Moroleón; y que el alto contenido de metales pesados en la planta impide su uso seguro como forraje. También se destacaba la necesidad de construir plantas de tratamiento de aguas.
Es probable que el nuevo estudio arroje variaciones en los parámetros actuales, pero las causas estructurales del problema son bien conocidas. También lo son las soluciones. Lo que ha faltado, sistemáticamente, es voluntad para ejecutar lo ya diagnosticado.
¿De qué sirve instalar mesas técnicas si el punto de partida es siempre volver al mismo diagnóstico? Otra vez borrón y cuenta nueva, otra vez estudios que se quedan en el repositorio de alguna dependencia de gobierno.
3.- La desaparición de Víctor Manuel y las omisiones de la Fiscalía
Son más de tres meses de la desaparición de Víctor Manuel Delgado Gómez, cuando el 4 de marzo supuestos agentes de la Fiscalía General del Estado se lo llevaron, sin que a la fecha se sepa de su paradero.
En este caso, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato solicitó a la jueza Karla Macías Lovera, del Juzgado Noveno en Irapuato, la creación de una Comisión Especial de Búsqueda, como mecanismo para subsanar la falta de investigación y de búsqueda de Víctor Manuel.
En una reciente audiencia, se pudo tener constancia de las graves deficiencias y omisiones en las que ha incurrido la Fiscalía en la búsqueda de este hombre, lo que da un sustento claro a que la jueza pueda resolver la operación de la Comisión Especial. En la audiencia del 19 de mayo, por ejemplo, se pudo evidenciar el retraso en las investigaciones sobre una cuenta bancaria donde se habría depositado el rescate exigido por Víctor Manuel; así como del número de donde provino la llamada de extorsión. Además, ni siquiera se han concluido las entrevistas a los testigos presenciales y circunstanciales.
La solicitud de la Comisión Especial por el equipo que acompaña a la familia de Víctor Manuel parece tener toda la pertinencia tras los avances de las investigaciones por parte de la Fiscalía y que llevaron a que la jueza les llamara la atención.
No hay que dejar de lado que, de resolverse la integración de esta Comisión Especial, la Fiscalía deberá atenderla o caerá en desacato, con implicaciones en contra del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, de quien se sabe, tiene particular interés en este caso, sí por las implicaciones legales que tendrá, pero también porque terminaría exhibiendo un trabajo deficiente de la misma en la búsqueda de personas.
Contra Retrato
Liz Esparza Frausto
Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintos puntos de California han derivado en la detención de decenas de personas migrantes, muchos de ellos mexicanos. Hasta el momento, no se ha confirmado si entre los detenidos hay guanajuatenses.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Liz Esparza Frausto, se emitió un comunicado en el que se promete brindar apoyo jurídico a quienes lo soliciten. Sin embargo, el mensaje resulta genérico e insuficiente frente a la magnitud de las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses, especialmente en California, el segundo estado con mayor población de migrantes guanajuatenses, solo por detrás de Texas.
Aunque la Secretaría ha minimizado el impacto de las deportaciones, asegurando que no han aumentado al nivel previsto, los datos muestran una realidad apremiante. En el primer cuatrimestre de 2025, Guanajuato es el estado de recepción con mayor número de personas deportadas: 3 mil 333 guanajuatenses fueron repatriados, según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Además, es la cuarta entidad con más niñas, niños y adolescentes deportados, con 222 menores, solo por debajo de Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua.
En ese contexto, cabe preguntarse si el gobierno del estado tiene realmente la capacidad jurídica y económica para atender a quienes enfrenten detenciones, deportaciones o simplemente necesiten orientación ante la incertidumbre. Este es precisamente el tipo de coyunturas donde se pondrá a prueba si la degradación institucional —de Secretaría a Subsecretaría de Atención a las Personas Migrantes y sus Familias— afectará la respuesta del estado ante una crisis que ya golpea a miles.
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