1.- Infiltración y pasividad de Policías Municipales encienden focos rojos
El afianzamiento y crecimiento de los grupos criminales no se sostiene únicamente por su control de actividades ilícitas. Requiere, además, de colaboración, protección o, al menos, de la aquiescencia de autoridades.
Las policías municipales son el eslabón más débil en el sistema de seguridad pública. Su vulnerabilidad facilita que el crimen organizado penetre rápidamente estas corporaciones, ya sea mediante la colaboración abierta de algunos elementos o por presión y amenazas. Por eso no sorprende que algunas administraciones entrantes reconozcan haber recibido advertencias por el control de direcciones clave en estas áreas.
En un contexto como el de Guanajuato, donde grupos criminales, al menos dos principales, se disputan violentamente el territorio, resulta inverosímil pensar que ninguna corporación municipal —o parte de sus elementos— actúe en favor de uno u otro grupo, ya sea por acción u omisión.
No es un tema nuevo. Años atrás, el entonces secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, ya había acusado a ciertas policías municipales de no colaborar con la estrategia estatal, aunque más como una justificación ante la falta de resultados visibles en la reducción de la violencia.
Ahora, como reporta Periódico Correo, desde la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, a cargo de Juan Mauro González Martínez, se afirma que hay investigaciones en curso sobre policías y mandos que estarían trabajando al servicio del crimen organizado. Por ahora, esto se mantiene en el terreno del discurso.
Llama la atención que solo 15 policías municipales estén arrojando resultados concretos —detenciones, aseguramientos, presencia operativa— mientras que otras 25 corporaciones (dejando fuera a los seis municipios vigilados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado) no están cumpliendo con lo mínimo esperado. No se trata necesariamente de una complicidad abierta con el crimen, pero sí de una pasividad alarmante que ha sido detectada por las autoridades estatales.
El problema no es únicamente si estas corporaciones tienen o no vínculos con el crimen organizado —que ya de por sí es grave—, sino también las condiciones en las que operan: bajos salarios, falta de capacitación, escasez de armamento o patrullas, teniendo de frente a criminales que portan armas de guerra. Aquí es donde entra en juego la voluntad política de las administraciones municipales para fortalecer sus cuerpos de seguridad. Si no actúan, la omisión se convierte en un factor de debilitamiento institucional. Carne fresca para los intereses criminales
Hay policías que reportan con sospechoso retraso hechos delictivos de alto impacto. Otras que no han presentado a un solo detenido ante el Ministerio Público. Y algunas más que, de ser consideradas ejemplo, hoy operan sin armas. La pérdida funcional de las policías municipales es también una pérdida de gobernabilidad, de donde emergen zonas silenciadas, sin ley ni presencia institucional.
2.- San Felipe: presuntos moches en Desarrollo Urbano
Otra vez estalla un escándalo en la administración municipal de San Felipe, ahora por posibles irregularidades. Un audio difundido recientemente se acusa a la directora de Desarrollo Urbano, Perla Guadalupe Banda Solís, quien presuntamente solicita a particulares contribuciones en especie como parte del supuesto trámite para autorizar permisos de uso de suelo. El material requerido incluye desde ladrillos hasta toneladas de cemento.
Desde mayo pasado, la regidora de Morena, Elena Venegas Ortega, ya había cuestionado a la funcionaria sobre el fundamento legal de estas solicitudes. Afirmó haber recibido denuncias ciudadanas que daban cuenta de esta práctica y exigió aclaraciones. En esa mesa de trabajo, la directora respondió que tales peticiones estaban contempladas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.
Sin embargo, una revisión realizada para esta columna no encontró ningún lineamiento en dicho programa que respalde la solicitud de materiales de construcción como condición para autorizar los permisos de uso de suelo.
En esa misma reunión, Banda Solís afirmó que el material era recibido en una bodega ubicada sobre la carretera a Ocampo y dijo que era poco lo recibido. Pero ante la insistencia de la regidora y su exigencia de un informe detallado sobre las solicitudes —que supuestamente se hacían para mejoras urbanas— la funcionaria cambió la versión: aseguró que en realidad no habían recibido nada y que los permisos se otorgaron bajo el compromiso de entregar el material en un plazo de entre tres y seis meses.
El gobierno de Sarai Lepe Monjaras no ha presentado ningún sustento jurídico para estas solicitudes ni ha desmentido públicamente los señalamientos que ya circulan. Para esta columna se solicitó una postura respecto a los señalamientos al área de Comunicación Social. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
La oposición en el Ayuntamiento ha comenzado a preparar una denuncia formal ante la Contraloría Municipal. Otra más se presentaría ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
3.- PAN pone lupa sobre César Prieto
La entrega de cobijas en Salamanca con la caricatura del alcalde César Prieto Gallardo —quien insiste en que no es él— no se quedará solo en manos de la Contraloría, tras la denuncia de la regidora panista Emilia Verástegui de la Garma. El caso avanzó en la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado. Con el respaldo de legisladores del PAN y la representación del PRD, se aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado una revisión concomitante.
La presunta irregularidad central radica en que la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social adquirió 10 mil cobijas por un monto de 1.8 millones de pesos a la empresa Impulso Empresarial La Fragua S.A. de C.V. El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2024, pero ya el 24 se estaban repartiendo las cobijas. Un proceso logísticamente inverosímil.
A ello se suma la presencia de una caricatura del alcalde estampada en las cobijas, lo que podría configurar promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
Prieto Gallardo respondió como era previsible: politizó el tema y pidió que se fiscalice por igual a los 46 municipios, sin importar el partido que los gobierna. Y aunque hay sustancia en las denuncias panistas, también tiene razón en el reclamo: los acuerdos para que la Auditoría realice revisiones especiales se han centrado en municipios gobernados por Morena —como Salamanca, Celaya y Silao en la administración pasada—. Una fiscalización selectiva pero que también pone de manifiesto que los morenistas no han arrastrado el lápiz.
Mientras algunos mandatarios optan por el uso de dobles o versiones “infantiles” de su imagen, otros eligen caricaturas. Pero el fondo es el mismo: la tentación de posicionarse políticamente desde el aparato público, burlando la legalidad.
Por cierto, semanas atrás se observaron tinacos pintados de guinda afuera de la presidencia municipal de Salamanca. ¿Será que se está cocinando una nueva estrategia de promoción o con este precedente se dará reversa?
Contra Retrato
María Eugenia García Oliveros
La diputada local de Morena presentó una iniciativa para tipificar el delito de transfeminicidio en el Código Penal del Estado de Guanajuato. A nivel nacional, este delito solo ha sido reconocido en Nayarit y la Ciudad de México, y en ambos casos, la tipificación ocurrió en 2024.
Según la propuesta legislativa impulsada por la diputada García Oliveros, entre 2021 y 2024 la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió 82 carpetas de investigación por homicidio doloso contra personas de la comunidad LGBTIQ+. De ese total, 24 corresponden a mujeres trans, lo que representa un 29.2%. La iniciativa argumenta que estos crímenes deben entenderse como resultado de una doble violencia: transfóbica y misógina.
La iniciativa por sí misma marca un contraste con las posturas históricamente contrarias a la diversidad sexual en el estado y que hasta el presente sexenio han encontrado cabida y respaldo institucional, con la creación de la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género. Su posible aprobación colocaría al estado entre los punteros en castigar los homicidios de mujeres trans, por el hecho de ser mujeres trans, es decir por su expresión o identidad de género.
La diputada, además, preside la Comisión de Justicia, por lo que tiene facultades para agilizar el análisis y discusión de la reforma, lo cual, todo indica, sucederá.
“Al que no quiere sopa, se le dan dos tazas”. Así podría resumirse lo que enfrenta el diputado panista e integrante de dicha comisión, Rolando Alcántar Rojas, quien ha expresado su inconformidad por el enfoque que ha tomado el órgano legislativo al priorizar temas de diversidad sexual y derechos reproductivos, desplazando —según su visión— otros asuntos que considera más relevantes. Se trata de un giro de 180 grados respecto al bloqueo sistemático de esta agenda que ejerció su correligionaria Cristina Márquez Alcalá, quien presidió la misma comisión durante la legislatura pasada.
Últimas columnas hoy
Gobierno estatal: molesto por la forma y no por el fondo
PAN Guanajuato: paradojas y contradicciones del triunfo legislativo
El doble juego del Partido Verde: no pasa despenalización del aborto