El pasado jueves 5 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en contra de los principales fabricantes de armas en aquel país.
Esta demanda, presentada en agosto de 2021 ante una Corte Federal en Boston, Massachussets, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por el entonces canciller Marcelo Ebrard -hoy secretario de Economía del gobierno mexicano-, fue por un monto de 10 mil millones de dólares en contra de los principales fabricantes de armas estadounidenses, Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms, acusándolas de ser cómplices de la violencia que impera en nuestro territorio, generada por la utilización de diversos tipos de armamento por parte de grupos del crimen organizado y cárteles del narcotráfico.
Algunos de los argumentos legales del gobierno mexicano para demostrar el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país versaron principalmente en que han fracasado en ejercer cuidado razonable para asegurar que sus productos no sean parte del tráfico ilícito a México; que la Ley Sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA) no los exime de la responsabilidad por la violencia generada en nuestro país respecto del arsenal vendido a los cárteles del narcotráfico; impulsar cambios en las regulaciones sobre la venta de armas de fuego; así como que incluso los fabricantes de armas diseñen rifles semiautomáticos y pistolas de alto poder a gusto de los capos del narco y líderes del crimen organizado, entre otros.
Opinión
Apuntes sobre seguridad
Al respecto, los nueve jueces que conforman la Suprema Corte estadounidense, tres de ellos nombrados por Trump, sostuvieron de forma unánime que la ley PLCAA efectivamente confiere inmunidad y protección a los fabricantes desligándolos de responsabilidad legal alguna al no actuar de manera deliberada para que sus armas sean traficadas al sur de su frontera; y que nuestro país carezca de pruebas fehacientes en cuanto a la conexión y el daño criminal establecidos en la demanda.
Es decir, ellos venden y no es responsabilidad suya si los distribuidores (armerías) a su vez les venden a civiles que pudieran dedicarse al tráfico de armas, o adquirirlas directamente de los fabricantes en las famosas ferias de armas en las cuáles, si se cuenta con los medios, se puede adquirir prácticamente de todo mediante la exhibición y venta de equipos militares (incluso tanques), de seguridad y policiales.
Si vemos este fallo en contra del Estado mexicano desde la óptica estadounidense, no es de sorprender que sucediera así. Los Estados Unidos mantienen una larga tradición por el derecho a la posesión y portación de armas, establecido en la 2da. Enmienda, ratificada en 1791 como parte de la Carta de Derechos (Bill of Rights), creada para proteger la capacidad de los ciudadanos de formar milicias y defenderse de posibles amenazas, de la cual podemos rastrear sus antecedentes desde los tiempos de los colonos, donde se les otorgó a los ingleses la facultad de eliminar a las tribus indias para llevar a cabo la conquista de los territorios, siendo por ello una atribución muy arraigada en el pueblo estadounidense.
Si lo analizamos desde nuestra óptica, México, ante tal resolución, puede y debe, al ser su derecho como afectado, apelar tal decisión a pesar de lo complicado que pueda ser el revertirla. En tal sentido, el actual canciller, Juan Ramón de la Fuente, ya se ha pronunciado al respecto enfatizando que seguirá llevando a cabo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles, a lo cual debemos sumarle el costo monetario que implica un proceso de este tipo, mismo que es asumido por nuestro gobierno.
Se estima que en nuestro país existen al menos 13 millones de armas ilegales, entrando entre 2005 y 2024 tres millones de ellas, lo que representa en promedio 250 mil armas al año, de las cuales un 70 por ciento de las mismas van a parar a manos del crimen organizado, junto a cargadores y municiones, mientras que el resto sería adquirido por particulares que no pueden obtenerlas por medios convencionales debido a las restricciones impuestas por la Secretaría de la Defensa Nacional para la tenencia de las mismas.
Las capacidades de las autoridades por frenar el acceso y decomisarlas han sido muy limitadas a pesar de haberse implementado grandes esfuerzos como el Programa de Canje de Armas, de carácter voluntario, en los tres niveles de gobierno, lo cual nos habla sin duda de la necesidad de incrementar estas tareas por parte de ambos países aplicando controles más estrictos para la venta de las mismas (como lo hay en California), llevar a cabo inspecciones regulares de quienes hayan comprado armamento corroborando que lo sigan manteniendo, inspecciones más rigurosas en las fronteras y pasos irregulares en las mismas, así como en puntos carreteros, aduanas, frenar a traficantes de armas internacionales, entre otros.
Lo cierto es que, a pesar de que pudiéramos detener todo el tráfico de armas, existen muchas de ellas en nuestro territorio, lo cual representa una problemática seria en función de la violencia que genera su uso por parte de los grupos del crimen organizado, en específico del narcotráfico. Una segunda demanda fue presentada por el gobierno mexicano en contra de cinco armerías en 2022 en la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona, la cual seguramente seguirá el mismo destino que la primera, puesto que, junto a Nuevo México y Texas, son los estados que más libertades confieren para la tenencia de armas de fuego, apoyados por la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA), fundada en Nueva York en 1871, siendo considerada la organización de derechos civiles más antigua de los Estados Unidos con cinco millones de socios, teniendo presencia en el Congreso y donataria de importantes recursos a campañas políticas, organización cuyo fin es la defensa del derecho a poseer armas, tanto para la defensa personal como para actividades recreativas, siendo su principal objetivo proteger la Segunda Enmienda.
Sin duda un tema de gran relevancia que se encuentra lejos de terminar y que, de continuarse este río de acero, mantendrá la escalada de violencia experimentada en nuestro país.
Seguiremos de cerca el curso de los acontecimientos.