1.- Gobierno estatal: molesto por la forma y no por el fondo
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, fijó postura sobre el feminicidio de Lorena Jaqueline Morales Valencia, una joven leonesa de 28 años que desapareció el 22 de mayo y cuyo cuerpo fue encontrado días después. La mandataria criticó la difusión de material probatorio que —dijo— podría poner en riesgo las investigaciones. Se refería, en particular, al video en el que se observa al presunto responsable cargando lo que aparentemente es un cuerpo.
“Imagínense nada más que se está llevando a cabo un trabajo y de pronto uno ve en medios que alguien comparte estos videos, por supuesto que ponen en riesgo la investigación y alertan a los responsables en este y en muchos otros casos”, dijo la gobernadora.
Aunque el señalamiento tiene sustento, el reclamo bien podría dirigirse también al fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste. Porque lo que detonó la difusión del video en redes —y posteriormente en medios de comunicación— no fue únicamente una decisión editorial, que bajo la óptica de autoridades es irresponsable, sino la desesperación ante la inacción de la Fiscalía. Pese a que la familia de Lorena Jaqueline entregó el material con días de anticipación, no hubo una reacción institucional inmediata.
Había denuncia formal, había evidencia potencialmente incriminatoria, y aun así no hubo acción hasta que el caso alcanzó visibilidad pública gracias al video y a las declaraciones de la propia familia.
Difícilmente dejarán de publicarse este tipo de contenidos —ni por parte de ciudadanos ni por los medios— si quienes deben procurar justicia permanecen paralizados, incluso frente a las víctimas y sus familias.
La gobernadora defendió el actuar de la Fiscalía. Información debe tener, sin duda. Pero las omisiones en este caso evidencian que el aparato de justicia parece activarse solo cuando el escándalo ya es inevitable. La justicia se mueve —o al menos se hace notar— cuando el foco público la obliga.
Es cierto que se han notado ciertos cambios en la Fiscalía tras la llegada de Gerardo Vázquez Alatriste, principalmente en materia de comunicación y avances en cercanía. Pero ese “nuevo humanismo” del que se presume en esta gestión, aquí no se vio.
2.- David Novoa, de la Feria al Parque… sin escalas
Sin novedad: una vez más, el gobierno municipal de León recurre a los consejos como agencias de colocación para personas cercanas a la presidenta municipal. Tras una gestión fuertemente cuestionada al frente del Patronato de la Feria Estatal de León —sobre todo por la falta de transparencia—, David Novoa Toscano fue designado presidente del Consejo Directivo del Patronato del Parque de Ciencias Explora para el periodo 2025-2027.
Todo entre cuates. Con Héctor Rodríguez Velázquez al frente del Patronato de la Feria Estatal y ahora con Novoa Toscano en Explora, el control es absoluto, sin espacio para la crítica.
Habrá que estar atentos a Novoa Toscano y si, ahora en esta nueva posición, logrará impulsar su propuesta de destinar parte del terreno del Parque Explora a la Feria para la realización de conciertos. Una idea que se intentó implementar en la edición de este año, pero que fracasó y fue rechazada por la oposición.
Una de las decisiones más cuestionadas del empresario durante su paso por la Feria fue el gasto de 25 millones de pesos en conferencias para “inspirar”, a cargo de “Checo” Pérez y Serena Williams. Los resultados no fueron los esperados y la estrategia se percibió como desconectada de la realidad y del espíritu del evento. Hoy mantiene un discurso similar, aunque con la ventaja de que, al menos en Explora, hay un propósito claro: promover el interés por la ciencia. Las formas, pronto las veremos.
“Hay que atrevernos a soñar y a pensar diferente. Imaginen a un niño o niña de Las Joyas que se sienta inspirado, que debe ser lo fundamental, debe sentirse inspirado, que a lo mejor en 30 años sea un premio Nobel”, dijo.
3.- Silao entre pan y circo
Las complicaciones para organizar la Feria de Silao son, desde hace tiempo, un conflicto recurrente en la administración municipal. Ya sea por la insuficiencia de las instalaciones actuales, los daños ocasionados en la Unidad Deportiva —inadecuada para este tipo de eventos— o por la disputa sobre si la organización debe recaer en empresas locales, el tema se ha vuelto un dolor de cabeza constante.
La presidenta municipal, Melanie Murillo Chávez, anunció que se invertirán 30 millones de pesos en la compra de un terreno para construir nuevas instalaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha definido la ubicación del predio. Entre lo relevante está la aprobación de un nuevo reglamento para la organización del evento, así como la conformación de un comité que sustituye el modelo anterior basado en la contratación directa de una sola empresa, decisión que en ediciones pasadas fue criticada por su carácter unilateral.
Pero el anuncio también se encuentra en una contrariedad, pues mientras al exterior se presume este logró con millonaria inversión, al interior el gobierno de Murillo Chávez arrastra al menos 700 procesos legales de extrabajadores. Un pendiente que le toca asumir a ella, pero que, por lo visto, recurrirá a las mismas tácticas dilatorias de sus antecesores, prolongarlos para que le toque al que venga, aunque esto termine en detrimento de las finanzas del municipio, como ya se ha visto en otras administraciones.
Antes de poner orden administrativo, la alcaldesa prefiere caer en la seducción del pan y circo para los ciudadanos.
Ahora, en el tema de la feria, las medidas aprobadas por el Ayuntamiento prometen dar mayor orden a la organización de la Feria. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad del gobierno municipal para sacar adelante la edición de este año, pues la feria suele iniciar en la segunda quincena de julio. En poco más de un mes, se deberá preparar el nuevo terreno y cerrar contratos clave
Autoridades ya dejaron entrever que es posible que este año no se alcance la calidad que se busca, pero se dejarán los cimientos para que en próximos este proceso de organización tenga orden y aumente el atractivo de la feria.
Por cierto, el nuevo comité organizador está integrado por el regidor del Partido Verde, Jesús Bolaños Audifred; el síndico Álvaro Caballero Ledesma; y Javier Pacheco Cano, director jurídico de la Secretaría de Turismo e Identidad, quien participa como representante de la dependencia estatal. La presencia de Pacheco Cano —considerando su cargo y los antecedentes de irregularidades en ediciones anteriores— puede anticipar que les van a cuidar las manos, algo que ya veremos en los hechos. No es para menos, uno de los impulsos principales proviene del gobierno del estado, que aportará 10 millones de pesos para hacer posible la realización de la feria.
Contra Retrato
María Dolores López Loza
La expresidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, María Dolores López Loza, ocupará una de las magistraturas en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al ser la mujer más votada en el país, con 595,834 sufragios, se convertirá además en presidenta de dicha sala.
Su triunfo se confirmó este viernes, tras concluir los cómputos en el estado de Coahuila, entidad que registró la mayor participación en todo el país durante este inédito proceso de elección judicial. Aunque desde días previos ya tenía altas probabilidades de obtener una magistratura, López Loza remontó en los últimos conteos y cerró como la más votada.
Junto con ella, integrarán la Sala Regional Monterrey Madeleyne Ivett Figueroa Gámez, consejera del Instituto Electoral de Coahuila, quien obtuvo 577,082 votos, y Sergio Díaz Rendón, magistrado del Tribunal Electoral de esa misma entidad, con 524,527 sufragios. Ambos son originarios de Coahuila y, al igual que López Loza, estarán en funciones por un periodo de seis años.
Los tres perfiles cuentan con trayectoria en el ámbito de la justicia electoral, lo que representa un punto favorable en medio de un proceso con fuertes tensiones políticas. En el caso de López Loza, suma más de 30 años de experiencia. Entre sus cargos más recientes, fue magistrada titular de la Primera Ponencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato entre 2017 y 2024, y presidenta del mismo órgano entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
Entre sus propuestas destaca el fortalecimiento de la independencia judicial y la necesidad de blindar a los tribunales frente a presiones externas. Su llegada —junto con la de otros perfiles con credenciales sólidas— representa un respiro frente al contexto de alta politización en que se desarrolló esta elección.
Y es que no es un cargo menor: la Sala Regional Monterrey del TEPJF tiene la responsabilidad de resolver impugnaciones y controversias en materia electoral a nivel federal en siete entidades del país: Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Clave en un escenario donde los tribunales electorales enfrentarán presiones crecientes, tanto políticas como sociales.
Últimas columnas hoy
La improbable despenalización del aborto en Guanajuato