Celaya, Gto.– Luego de que las bancadas del PAN y del PRD en el Congreso del Estado solicitaran una auditoría a la administración pública municipal de Celaya, por el gasto en indemnizaciones laborales y prestaciones por la baja de servidores públicos, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez respondió que los despidos obedecieron a actos reprobables cometidos por exfuncionarios y por 360 policías de origen federal, conocidos como “fedepales”.
“Tenemos 360 policías, muchos de ellos eran delincuentes, y los corrimos. Así vamos a seguir actuando… muchos de los fedepales robaban a los transeúntes, a los camiones, y algunos salían jueves y viernes en equipo a hacer maldades. Siempre dije que había policías fedepales malos, buenos y regulares, pero como no sabíamos quién era quién, por eso despedimos a los 360 y más policías exfederales”, afirmó.
El jueves, en el Congreso estatal, diputados del PAN solicitaron que la Auditoría Superior del Estado incluya al gobierno de Celaya en el Programa General de Fiscalización 2025, debido al gasto en indemnizaciones, anunciado por el propio alcalde y la Oficial Mayor, Mireya Villagómez.
De enero a mayo de 2025, se han finiquitado a 324 trabajadores, lo que representa un 43 % del total de despidos; aún falta por liquidar al 47 %. Las indemnizaciones pagadas hasta ahora ascienden a 9 millones 190 mil 680 pesos, y se prevé un gasto similar para los casos pendientes.
Además, entre el 10 de octubre —cuando inició la actual administración— y diciembre pasado, se despidió a 100 trabajadores más, con un costo de 9 millones 683 mil 350 pesos. A esto se suman los 360 fedepales, aunque el monto erogado en sus finiquitos no ha sido dado a conocer.
Tampoco se ha informado cuánto se ha pagado al despacho jurídico Moreno & Coronado Aíza Abogados, con sede en León, pese a que diversos funcionarios han sido cuestionados reiteradamente.
Por ello, los diputados panistas insisten en auditar los recursos ejercidos en estas indemnizaciones.
El alcalde defendió su decisión al señalar que los funcionarios fueron removidos por irregularidades y uso indebido de recursos públicos.
“También acepten lo que nosotros ya les hemos pedido y nos negaron: una auditoría de tres años del gobierno anterior. Si se hiciera de los últimos 15 años, sería mucho mejor, porque sabríamos dónde están miles de millones de pesos que no encontramos… Con esa misma vehemencia con la que defienden a sus compañeros de partido, ayúdennos a auditar el gobierno anterior”, reclamó Ramírez Sánchez.
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