Ciudad de México, México.- La Universidad de Harvard obtuvo un respiro legal en su disputa con la administración del expresidente Donald Trump, luego de que la jueza federal Allison Burroughs emitiera este jueves una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación de una proclamación presidencial que prohibía el ingreso de estudiantes e investigadores internacionales vinculados a la institución.
El fallo representa un duro revés para Trump en su más reciente enfrentamiento con la universidad más antigua de Estados Unidos, a la que acusa de no cooperar con el gobierno en temas de seguridad nacional y de permitir actividades que podrían beneficiar militarmente a países adversarios, como China.
El conflicto entre Trump y Harvard
La orden ejecutiva de Trump, emitida apenas un día antes del fallo judicial, suspendía por seis meses la entrada al país de nuevos estudiantes internacionales e investigadores con visa de intercambio vinculados a Harvard. Además, instruía al Secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la revocación de visas ya emitidas, salvo para aquellos casos que fueran considerados de “interés nacional”.
En respuesta, Harvard modificó una demanda previa, interpuesta el 23 de mayo contra una iniciativa anterior del gobierno, y argumentó que las nuevas restricciones eran un intento directo de represalia política por parte del expresidente.
La jueza Burroughs, con sede en Boston, coincidió en que permitir la entrada en vigor de la proclamación causaría a la universidad “daños inmediatos e irreparables”, razón por la cual suspendió su aplicación mientras el proceso legal continúa.
¿Por qué Trump quería prohibirle la entrada a los estudiantes extranjeros?
Trump ha justificado la medida señalando que Harvard no entregó información sobre presuntas conductas indebidas de sus estudiantes internacionales, lo que, según su argumento, pone en riesgo la seguridad nacional. También ha criticado la supuesta colaboración de investigadores de la universidad con instituciones chinas.
Según los abogados de Harvard, las medidas del gobierno federal forman parte de una “campaña concertada de represalias” contra la institución por ejercer sus derechos bajo la Primera Enmienda, especialmente al resistirse a intentos de controlar su gobernanza, ideología y plan de estudios.
“La proclamación es un claro intento de eludir la orden judicial previa”, acusaron los abogados, añadiendo que más de 7 mil estudiantes e investigadores con visas activas están siendo utilizados como “peones” en esta disputa política.
Un campus bajo presión
Harvard, que cuenta con una población estudiantil internacional del 27%, ha expresado su preocupación por el impacto humano de las medidas. El presidente interino de la universidad, Alan Garber, afirmó que ya se estaban desarrollando planes de contingencia para garantizar que estudiantes y académicos extranjeros puedan continuar con su trabajo durante el verano y el próximo año académico.
“Mientras el tribunal considera nuestra solicitud, estamos trabajando para proteger a nuestros estudiantes internacionales”, señaló Garber en un comunicado.
El caso ha generado inquietud entre los propios alumnos. Abdullah Shahid Sial, presidente del cuerpo estudiantil de pregrado y originario de Pakistán, expresó sentirse “no bienvenido” en Estados Unidos.
“La administración Trump ha hecho un excelente trabajo al hacer que los estudiantes internacionales se sientan incómodos”, declaró Sial, de 20 años.
El conflicto entre la universidad y el expresidente no se limita a las visas. Harvard también ha demandado al gobierno por congelar más de 2,600 millones de dólares en fondos federales, alegando que las acciones del ejecutivo son represalias por no cumplir con sus demandas políticas e ideológicas.
Trump, por su parte, ha propuesto limitar la matrícula internacional en Harvard al 15%, revocar su estatus de exención de impuestos y cancelar sus contratos federales. En paralelo, su administración pidió esta semana que se revoque la acreditación de la Universidad de Columbia, en lo que muchos ven como parte de una ofensiva más amplia contra las instituciones académicas.