1.- Otro albazo del PAN contra la despenalización del aborto
En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, presidida por el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, se vivió un nuevo episodio que evidencia la negativa a discutir de manera amplia la despenalización del aborto en Guanajuato y la protección de la vida desde la concepción. Incluso se cerraron espacios de participación y deliberación, en un intento por dar carpetazo al tema.
Hace justamente una semana, el lunes 19 de mayo, se aprobó modificar la metodología de análisis de tres iniciativas relacionadas con el aborto. Romero Hicks propuso dar por concluidas las metodologías previamente aprobadas para pasar directamente a la elaboración del dictamen, bajo el argumento de que ya se habían recibido algunas opiniones, mismas que tampoco se discutieron. Con ello, también se eliminaron las mesas de trabajo previstas en la metodología original.
Fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, quien cuestionó el cambio: “Lo correcto sería no saltarse las mesas de trabajo, todas las iniciativas incluyen en sus metodologías que el paso siguiente es realizar una mesa de trabajo con servidores y por respeto al proceso que deben llevar todas las iniciativas, se deberían de mantener las mesas”.
La panista Susana Bermúdez Cano alegó que el cambio obedecía a una forma de agilizar el proceso. Sin embargo, la pregunta de fondo es: ¿puede hablarse realmente de Parlamento Abierto cuando se cierran los espacios de diálogo? ¿Puede una comisión legislar con legitimidad si suprime mecanismos de participación previamente acordados?
El cambio finalmente se aprobó, y con ello se procedió directamente al dictamen en sentido negativo, emitido el jueves 22 de mayo. En este se integró la opinión consolidada de la Consejería Jurídica del Estado y del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, que, por cierto, se manifestaron en contra de las iniciativas.
Nuevamente fue la diputada Pedroza Orozco quien criticó que, sin un análisis serio —ni siquiera de las opiniones recibidas—, se haya dictaminado de esa forma, recurriendo incluso a violaciones al proceso legislativo. Sus palabras tienen fundamento: la eliminación de las mesas de trabajo mediante el cambio de metodología marca un precedente preocupante, donde, por medio del albazo, la llamada “casa del pueblo” se cierra a los temas incómodos para las mayorías.
Independientemente de si se apoya o no alguna de las iniciativas, sea cual sea el fondo del debate, la ciudadanía y las instituciones merecen una discusión pública seria, amplia y transparente. De lo contrario, lo que se presenta como un ejercicio democrático se reduce a un mero trámite legislativo que cae en la simulación.
2.- Guanajuato aún a la cabeza de la violencia
Con los recientes hechos de violencia extrema en el estado —particularmente la masacre en San Felipe, donde fueron ejecutados siete jóvenes—, el gobierno estatal recurrió a la defensa de sus indicadores en materia de seguridad.
Se sostuvo, por ejemplo, que en abril de 2025 se registraron 160 carpetas de investigación por homicidio doloso, cifra que representa una disminución del 31.3 % respecto a septiembre de 2024, y el nivel más bajo desde marzo de 2018. En el acumulado de este año se han contabilizado 980 carpetas, con un promedio mensual de 245.
También se destacaron descensos en delitos como robo a casa habitación, de negocio y de vehículo. Sin embargo, independientemente de la narrativa oficial —y como lo ha reconocido la propia gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo— aún se está lejos de alcanzar niveles que den lugar a celebraciones.
En contraste con la visión optimista del gobierno estatal frente a golpes de realidad, organizaciones como Causa en Común, en su informe del primer cuatrimestre del año, colocan a Guanajuato entre las entidades con peores indicadores en varios delitos, particularmente homicidios dolosos, extorsión y narcomenudeo. Según el informe, el origen de esta violencia —al igual que en otras regiones del país— radica en la pugna entre grupos criminales por el control territorial.
También se reconocen avances, especialmente en la reducción del robo a transporte de carga, con una baja superior al 30 % entre enero y abril. Pero aunque hay avances —y deben reconocerse—, aún resultan insuficientes.
3.- Programa Estratégico Turístico más en el papel que en la realidad
Desde noviembre de 2022, Guanajuato cuenta con un Programa Estratégico Turístico enfocado en las Ciudades Patrimonio y Pueblos Mágicos del estado. El diagnóstico y diseño del plan fueron realizados por el despacho estadounidense Sasaki Associates, con sede en Boston. Aunque la iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Turismo durante el sexenio pasado —y algunos de los proyectos ya se encuentran en marcha—, lo cierto es que aún es poco lo que ha pasado del papel a la realidad.
El objetivo del programa es detonar el desarrollo turístico de Guanajuato capital, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo mediante proyectos de conectividad —como la mejora de carreteras— y acciones de embellecimiento urbano y recuperación del espacio público. En suma, se busca consolidar un corredor turístico competitivo y sostenible.
Por ello, empresarios del sector e integrantes de consejos de promoción turística se reunieron recientemente con diputados de la Comisión de Turismo, presidida por el morenista Ricardo Ferro Baeza, para presentarles el programa. Lo más significativo de ese encuentro fue que prácticamente entregaron una lista de pendientes que deben ser atendidos desde el Congreso. La lista revela los principales obstáculos para el desarrollo turístico en la región: falta de regulación de plataformas de hospedaje, gentrificación, escasez de capital humano, sobreexplotación de servicios y recursos naturales, crecimiento urbano desordenado y pérdida de identidad cultural, arquitectónica y de tradiciones.
El programa contempla al menos 19 proyectos iniciales. Algunos ya han comenzado, pero todos requerirán financiamiento. Por ejemplo, las mejoras carreteras necesitan una inversión estimada en 8.5 millones de pesos, que deberá atender la Secretaría de Obra Pública. Sin embargo, la mayoría de los proyectos competen directamente a la Secretaría de Turismo e Identidad, y cumplen con los criterios para ser financiados por el Fondo para la Promoción Turística, que establece que solo los proyectos integrales pueden recibir apoyo económico.
A esperar si ya con la ruta marcada en el programa, desde la Secturi habrá voluntad para financiar los diferentes proyectos en el corredor turístico más importante del estado.
Contra Retrato
Juan Manríquez Moreno
Mientras este domingo se rendían honores a las Fuerzas Armadas en la clausura de la exposición itinerante “La Gran Fuerza de México” en León —con el propósito de acercar la labor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional a la ciudadanía para fortalecer la confianza pública—, apenas unas horas antes, 11 elementos de esta última institución eran detenidos en Apaseo el Alto por robo de hidrocarburo, en un caso que revela complicidades con redes criminales.
El contexto agrava el hecho. Tras un reporte ciudadano, policías municipales sorprendieron a agentes federales custodiando una pipa que extraía combustible. Varios lograron huir, pero 11 fueron arrestados.
Pese a la gravedad, ha prevalecido el silencio institucional. Ni el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Juan Manríquez Moreno, ni a nivel nacional se ha emitido postura alguna tras las detenciones, lo que solo incrementa el tufo de impunidad.
Guanajuato, uno de los epicentros del huachicol, ha estado bajo el escrutinio por las presuntas redes de protección a criminales desde corporaciones de seguridad de todos los niveles e incluso desde Pemex. Por ejemplo, en las filtraciones de Guacamaya Leaks se reveló que la Sedena tenía conocimiento de sobornos de hasta 120 mil pesos por noche a militares para permitir estas operaciones en una ruta de tráfico de Guanajuato al Estado de México. Pero no había antecedentes de una detención de esta magnitud: agentes federales operando como escoltas del crimen.
Este caso plantea interrogantes graves sobre la eficacia de los mecanismos de control interno en la Guardia Nacional y sobre la profundidad de la corrupción enraizada en sus filas. La respuesta institucional ante este escándalo será determinante, si es que la hay.
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