1.- La sal como ejemplo de la dudosa eficiencia legislativa
En 2013, en el entonces Distrito Federal, se lanzó una campaña pionera a nivel nacional para generar conciencia sobre el consumo elevado de sodio y sus consecuencias en el agravamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Fue la primera de su tipo en el país a ese nivel, pero pasó sin mayor eco ni impacto real. En Guanajuato, el entonces diputado Jaime Hernández Centeno, de Movimiento Ciudadano, intentó algo similar. Aunque no se trató de una campaña, sino de una modificación a la Ley de Salud del Estado, el objetivo era el mismo: prevenir desde lo normativo el consumo excesivo de sal. Sin embargo, la historia se repitió. La reforma quedó en letra muerta.
Como reporta hoy Periódico Correo, es frecuente —mucho, de hecho— que los establecimientos no acaten esta disposición legal. La obligatoriedad no bastó para cambiar hábitos. La norma, aunque con buenas intenciones, no trascendió más allá de su mediatización inicial, promovida como una innovación legislativa sin resultados tangibles. Un patrón común entre legisladores: proponer reformas con tintes de novedad y promoción personal, más que como soluciones estructurales.
Un ejemplo claro lo proporciona la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que ha documentado que la mayor parte del consumo de sodio no proviene del salero, sino de alimentos ultraprocesados. Es decir, el núcleo del problema se encuentra en industrias alimentarias que escapan al alcance de leyes como la de Guanajuato.
Este tipo de reformas son comparables con otras que también quedan en la anécdota, como los clásicos aumentos de penas, cuya incidencia real en la disminución del delito es, en el mejor de los casos, marginal.
La fallida reforma sobre el consumo de sal es, al final, solo un pretexto útil para evidenciar cómo la eficiencia legislativa se ve comprometida por la proliferación de leyes con escaso alcance práctico. No se trata únicamente de que sean innecesarias; también generan cargas burocráticas y desvían la atención de reformas realmente urgentes y transformadoras.
En resumen, leyes como esta terminan en el archivo muerto del Congreso, arrastradas por la falta de seguimiento y evaluación. Un recordatorio de que legislar por legislar también es una forma de ineficiencia pública.
2.- Por arrancar Polo de Bienestar en Celaya
En breve, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo formalizará el convenio con el Gobierno Federal para iniciar la ejecución del Polo de Bienestar en Celaya. La estrategia federal, a la que se sumará la administración estatal, forma parte del Plan México y está orientada a detonar inversión industrial y desarrollo social en regiones con alto potencial productivo.
Para el caso de Guanajuato, el proyecto contempla intervenciones en 52 hectáreas dentro del complejo denominado Puerta Logística del Bajío, ubicado junto al libramiento ferroviario y la planta Honda, con conectividad ferroviaria y carretera hacia puertos y la frontera norte. Se enfocará en sectores clave como el automotriz, la electromovilidad, la agroindustria, el textil, el calzado y los bienes de consumo.
El Polo de Bienestar no estará centrado únicamente en detonar la actividad industrial; también busca integrar a las comunidades cercanas. Además de apoyar a las MiPymes para sumarlas a la cadena de valor y establecer convenios con universidades que aporten mano de obra especializada, se contempla la construcción de alrededor de 200 viviendas de interés social para trabajadores, junto con infraestructura urbana, servicios y espacios educativos.
Desde el ámbito estatal, deberán agilizarse los procesos necesarios para la consolidación del proyecto, desde los temas de uso de suelo hasta el impulso para atraer empresas. Por ello, el gobierno estatal percibe este programa federal como una oportunidad para captar inversión vinculada al fenómeno del nearshoring e incrementar el potencial de Celaya como nodo logístico e industrial.
Hasta ahora se sabe que el gobierno estatal ya arrastró el lápiz y solo se está a la espera de que se formalice el convenio para comenzar el desarrollo de proyecto, que deberá estar funcionando antes de finalizar el sexenio.
3.- San Bartolo: la respuesta tardía
La masacre en la comunidad de San Bartolo de Berrios, en San Felipe, dejó un ambiente de temor en toda la región. Pero, además del miedo, también surgió un sentimiento de enojo, especialmente entre los pobladores de esta comunidad, quienes reclamaron la ausencia de un acompañamiento cercano por parte del gobierno municipal hacia las familias de los siete jóvenes asesinados. Señalaron, particularmente, la falta de una postura clara por parte de la presidenta municipal, Saraí Lepe Monjaras.
No fue sino hasta este miércoles que la alcaldesa se presentó en la comunidad. Más tarde, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje que combinaba una expresión de dolor personal con una explicación sobre las acciones de su gobierno tras la masacre. Afirmó estar coordinándose con los gobiernos estatal y federal para incrementar la presencia de seguridad en el municipio.
Pero los silencios se llenan, y esta vez no fue la excepción. Aunque desde su equipo se aseguró que, pocas horas después de los hechos, personal del gobierno municipal ya estaba brindando atención, las familias no lo sintieron así. Fueron ellas quienes alzaron la voz, señalando que quien verdaderamente acudió a su encuentro fue el expresidente municipal Eduardo Maldonado García. Esto último, claro, también tiene sus matices: Maldonado es originario de San Bartolo de Berrios y conocido por todos, lo que le dio un acceso directo a las familias de las víctimas. En todo caso, la reacción del gobierno municipal llegó tarde.
Ese mismo miércoles, la presidenta anunció que se instalará una base militar en San Bartolo de Berrios, y que se reactivará la base ubicada en Estación Jaral, que extrañamente llevaba años sin operar, pese a que la zona está identificada como corredor de varias actividades ilícitas ligadas al crimen organizado.
Hay hechos que cambian a un gobierno, y esta masacre parece marcar un punto de quiebre. La administración municipal está obligada ahora a demostrar que gobernar no es un ejercicio de escritorio, sino de previsión, de reacción y de valor.
Contra Retrato
Arturo Navarro Navarro
“Buenas tardes. Por este medio les informo que por motivos de salud he decidido dejar la Secretaría del H. Ayuntamiento. Les agradezco de corazón todo su apoyo y particularmente a Ale por esta extraordinaria oportunidad de poder poner mi granito de arena en favor de León. Un fuerte abrazo”.
Con ese mensaje, este miércoles el secretario del Ayuntamiento de León anunció formalmente su salida del cargo. Desde mediados de abril, Navarro Navarro había solicitado permiso por tiempo indefinido para atender asuntos personales relacionados con su salud. A más de un mes de ausencia, finalmente confirma que no está en condiciones de regresar.
Desde entonces, el subsecretario técnico del Ayuntamiento, Luis Miguel Aguirre Aranda, asumió las funciones. No se descarta que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos lo ratifique, aunque también circulan versiones dentro del gobierno municipal que apuntan a la posible designación de otro perfil con mayor experiencia política y plenamente de su confianza, sobre todo ante los movimientos que ya se perfilan rumbo al 2027.
La salida de Navarro Navarro no es vista como una crisis dentro del gobierno municipal. De hecho, había quejas recurrentes por su escasa atención a mensajes ciudadanos y una presencia pública limitada, contrastante con la de su antecesor Jorge Jiménez Lona, hoy secretario de Gobierno del Estado. Ahora se sabe que, más allá de su estilo personal, las deficiencias tenían que ver, en buena medida, con su salud.
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno municipal no había informado oficialmente ni la baja de Arturo Navarro Navarro ni quién lo sucederá en el cargo.