Sin duda, siempre es objeto de gran conmoción y expectativa las noticias relacionadas con el mundo de lo criminal, en especial aquellas que tienen que ver con el crimen organizado, particularmente con el mundo del narcotráfico, sobre todo tratándose de altos perfiles en la jerarquía del mismo.
En este contexto, Ovidio Guzmán “el Ratón”, hijo del célebre capo Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, protagonista principal del “Culiacanazo”, liberado entonces por el operativo que el Cartel de Sinaloa llevará a cabo para tal fin, así como por la decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de dejarlo ir para evitar bajas civiles, detenido posteriormente en enero de 2023, extraditado a los Estados Unidos, acontecimiento que, junto a la captura-entrega del Mayo Zambada por parte de su hermano Joaquín Guzmán López a los Estados Unidos, aceleraría la división interna del cartel en comento en dos facciones, los chapitos y la mayiza, liderados ambos por los hijos de los líderes históricos de esta organización criminal librando una lucha de poder entre ambos bandos para controlar las rutas del tráfico de drogas, vuelve, otra vez, a estar en el ojo del huracán debido a la entrega de su madre, Griselda López Pérez y 16 familiares más a autoridades norteamericanas.
Esta entrega voluntaria fue llevada a cabo el pasado viernes 9 de mayo en el cruce de la garita de San Ysidro, ubicada entre la frontera de Tijuana y San Diego, cruzando a pie con al menos dos maletas cada uno, portando en conjunto 70 mil dólares, siendo recibidos por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el cuerpo de Marshalls -oficina del departamento de Justicia y agencia federal más antigua de los Estados Unidos, creada por la Ley Judicial de 1789 durante la presidencia de George Washington, encargada de proporcionar orientación y asistencia en todos los distritos judiciales federales, teniendo como parte de sus funciones la protección de jueces, funcionarios del sistema judicial, competencias en operaciones de búsqueda y captura de fugitivos, gestión de activos criminales, administración del programa federal de protección de testigos, transporte de prisioneros y extranjeros bajo custodia del sistema judicial, así como la ejecución de órdenes de arresto y protección de altos funcionarios gubernamentales.
Si bien el Ratón era considerado como una pieza menor en el engranaje, en términos de liderazgo, del cartel de Sinaloa, siendo sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo los principales dirigentes, su captura supuso para él, dados los cargos de trasiego de drogas y evasión de las autoridades, purgar una larga sentencia, posiblemente de cadena perpetua, o incluso enfrentar la pena de muerte como se ha llegado a especular en el caso del Mayo Zambada. En este escenario, Ovidio no habría tenido más opción que negociar con las autoridades norteamericanas, buscando velar por su integridad personal y familiar, la cual incluiría a su padre “el Chapo”, proporcionando información que le permita al Departamento de Justicia preparar casos sólidos en contra de esta y otras organizaciones, contando con datos de prueba contundentes, como se ha podido observar con la acusación a Pedro Insunza Noriega, su hijo Pedro Insunza Coronel, quienes encabezan la fracción de los Beltrán Leyva del cartel de Sinaloa (habiendo sido en el pasado líderes del cartel del mismo nombre a la muerte de Leyva) junto a otros cinco integrantes del mismo, por los delitos de narcoterrorismo y apoyo sustancial al terrorismo en relación con el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína.
Estas negociaciones, producto del testimonio que pudiera ofrecer, podrían suponer: reducción o desistimiento de la condena para Ovidio, contar con residencia legal y camino a la ciudadanía para todos los involucrados, ponerlo en posición, junto a su familia, de apegarse al programa de testigos protegidos por la justicia norteamericana siendo reubicados en diferentes partes de los Estados Unidos bajo nuevas identidades, conservación parcial de su patrimonio, así como el traslado de su padre a otra prisión (actualmente purga condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado) donde pudiera contar con mejores condiciones carcelarias para el cumplimiento de su condena, entre otras.
Lo que estamos viendo es una consecuencia lógica de lo que los Estados Unidos han venido llevando a cabo y anunciando desde el último tramo del periodo presidencial de Joe Biden y con mayor ahínco al inicio de la administración trumpista, misma que ha calificado a este cartel y otros cinco más como organizaciones terroristas criminales que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Y si bien estos 17 familiares, entre los cuales también estaría su hermana, Griselda López Pérez, su cuñado, sobrinos y primos, no eran considerados como objetivos por el gobierno mexicano, esta entrega pactada, bajo la figura de parole humanitario (permiso especial utilizado en contextos de emergencia o para personas que, en condiciones normales no podrían ingresar a territorio estadounidense), otra vez representa un componente crítico en la relación bilateral entre nuestro país y el vecino del norte al carecer, nuevamente, de canales de cooperación interagencial e intergubernamental en temas de seguridad que pudieran llevar, otra vez, a la adopción de operativos clandestinos para la detención y aseguramiento de objetivos prioritarios para el gobierno norteamericano.
Un tema delicado dada la defensa de la soberanía que ha llevado muy bien la presidenta Sheinbaum en términos de rechazar la ayuda del presidente Trump no permitiendo la entrada de fuerzas militares extranjeras a nuestro territorio. La actual administración deberá tejer fino puesto que esto podría representar sólo el principio de una escalada de acciones en contra de las otras cinco organizaciones criminales. En este sentido, no podemos descartar, como botón de muestra, el caso del hijo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera González “el Menchito”, condenado a cadena perpetua en E.U. por cargos de tráfico de drogas y uso ilegal de armas, quien pudiera negociar de la misma manera con el departamento de Justicia norteamericano buscando, por medio de su testimonio, obtener diversos beneficios para él y su familia, pudiendo incluir, incluso, la entrega pactada de su padre, el cual, a decir de diversos informes de inteligencia y el propio secretario de Seguridad García Harfuch, enfrenta malas condiciones de salud debido a un deterioro físico significativo producto de padecer deficiencia renal, así como una probable disminución de su liderazgo en l organización a su cargo.
Sin duda un tema que, lejos de terminar, acaba de dar inicio.
Otra vez, seguiremos atentos.