1.- Por pudrirse 6 mil toneladas de cuero: el daño ambiental y sanitario que viene
En bodegas de varias curtidurías en Guanajuato, especialmente en León, se pudren más de 200 mil cueros: unas 6 mil toneladas que no pueden procesarse. El motivo es tan técnico como alarmante: escasea el sulfuro de sodio, un químico indispensable para una de las primeras fases del curtido, el depilado.
Para dimensionarlo mejor, hablamos del equivalente a 240 camiones de carga, cada uno con 25 toneladas de piel cruda, estacionados en fila desde la Feria Estatal de León hasta el distribuidor Juan Pablo II, cerca de 3 kilómetros. A los malos olores seguirá el grave foco de insalubridad en el que pronto se convertirá esa acumulación.
La causa está identificada: un incendio ocurrido en marzo en Monterrey paralizó a Solvay Química, proveedor clave del sulfuro de sodio para la industria curtidora. El siniestro provocó un desabasto que ha dejado en pausa a varias empresas, con los cueros detenidos justo en el inicio de su tratamiento.
El llamado de alerta ya se hizo público. Vicente Lahud Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), advirtió que, si no se actúa de inmediato, el cuero deberá desecharse. Y no se trata solo de millones en pérdidas, sino de un problema ambiental y sanitario que puede escalar más allá del ámbito industrial.
“El cuero que no puede procesarse a tiempo empieza a descomponerse, lo que implica pérdidas económicas, pero también un riesgo sanitario y ambiental. Si no se actúa rápido, tendrá que ser desechado, y eso puede traer consecuencias graves”, advirtió Lahud Martínez.
En paralelo, la industria enfrenta otro obstáculo: contenedores con sulfuro están varados en la frontera. Los curtidores piden al gobierno federal abrir vías logísticas urgentes para permitir la importación del químico y gestionar adecuadamente los residuos que ya comienzan a representar un riesgo para la salud pública.
Pero ni la Secretaría de Economía, ni la de Medio Ambiente, ni la de Salud a nivel federal han ofrecido respuesta. Tampoco hay una postura clara del gobierno estatal, aunque ya tienen conocimiento del tema.
El problema, que presenta varias aristas, también expone la falta de previsión dentro de la propia industria, no hay protocolos de contingencia ni estrategias claras ante una interrupción crítica como esta. Desde marzo, cuando se reportó el incendio, han pasado dos meses y las previsiones parece que no existieron. La crisis crece, y todo indica que serán las curtidurías las que cargarán solas con las consecuencias.
2.- Reclamo campesino escala contra SADER
Productores del campo le tomaron la palabra al delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Guanajuato, Justino Arriaga Rojas, aunque tal vez no como esperaba. Este lunes, varios cientos llegaron hasta las oficinas de la dependencia federal para exigir que se les cumpla lo prometido.
Desde hace meses reclaman el incumplimiento en los pagos por la venta de trigo a precios de garantía correspondientes a 2023. También denuncian que no se respetaron los subsidios en el consumo de energía eléctrica, uno de los gastos más altos para los agricultores por la operación de pozos.
Rubén Vázquez de la Rosa, representante del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, dejó claro que hubo acercamientos, pero ninguna solución concreta. Incluso, se les advirtió que hay pocas probabilidades de que se cubran las deudas de la extinta Selgamex —heredadas desde 2023—. Básicamente, que el gobierno federal pretende aplicar un borrón y cuenta nueva.
Justino Arriaga Rojas atendió los reclamos y reconoció la deuda con los productores de trigo. Aseguró que sí se ha cumplido con el acopio de otros granos, como el maíz, con precios de garantía de 6 mil pesos por tonelada. Lo que no dijo —y que sí reclamaron los campesinos— es que el gobierno federal solo adquirió alrededor de 4 mil toneladas de maíz el año pasado, una cifra mínima frente a la producción anual del estado.
Si en la SADER pensaban que podían mantener controladas a las organizaciones campesinas con algunas entregas de fertilizantes, este lunes quedó claro que no. El sector está dispuesto a seguir alzando la voz y exhibir lo que llaman incongruencias y narrativas falsas sobre el supuesto apoyo al campo. Una de esas fue expresada abiertamente durante la protesta:
“Altagracia Gómez Sierra es la principal asesora de Claudia Sheinbaum en cuestiones económicas, es la dueña de Minsa —empresa líder en la producción y comercialización de harina de maíz nixtamalizado—. Le ponen un precio barato al maíz y luego van con el tortillero para que baje el precio, pero ¿quién es quien realmente se está quedando con la ganancia de esta cadena? Las grandes empresas”, se reclamó.
3.- Gabinete federal de seguridad regresa a Guanajuato
Este viernes sesionará en Guanajuato el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, como parte del seguimiento a la estrategia de coordinación con el gobierno estatal y la puesta en marcha de dos grupos mixtos de inteligencia enfocados en desmantelar estructuras criminales.
En los hechos, hay avances destacables. La reciente detención de un jefe de sicarios de un grupo criminal local y otras aprehensiones previas han debilitado, al menos operativamente, al crimen organizado, que se ha reflejado en una reducción sostenida de homicidios dolosos durante abril y mayo.
Con la mesura que ya caracteriza su discurso en temas de seguridad, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció que, pese a la disminución de varios delitos, la violencia en el estado sigue siendo elevada: “No estamos todavía en donde queremos, pero sí con disminuciones muy importantes que nos permiten hablar de que, por lo menos en los últimos años, no se habían generado cifras de esta naturaleza”.
El punto clave es que se está consolidando un modelo compartido de seguridad. Las tareas ya no parecen fragmentarse entre niveles de gobierno, sino que comienzan a asumirse como una corresponsabilidad. Sin embargo, es claro que los recursos más importantes —la presencia de las fuerzas armadas y las decisiones de inteligencia— siguen concentrados principalmente en manos de la federación, que finalmente asume su responsabilidad.
Contra Retrato
Karol Jared González Márquez
Entre las organizaciones sociales y personas contrarias a la despenalización del aborto, a la diputada local del PAN casi le erigen un monumento. Y es que ha sido de las primeras en expresar abiertamente —y sin recurrir a la retórica vacía— que votará en contra de la iniciativa en el Congreso del Estado de Guanajuato.
Pero vámonos con calma. Su posicionamiento, difundido en redes sociales y retomado por medios, ocurrió durante una mesa de trabajo en la que participaron únicamente organizaciones que se autodenominan provida. En el encuentro previo con colectivos feministas y representantes de agrupaciones que impulsan la despenalización, guardó silencio.
Si su postura es tan firme, ya sea por convicción personal o por línea partidista, ¿por qué no manifestarla en todos los espacios? Bastante cómoda su posición: no suma al debate ni promueve el diálogo plural que se esperaría en el Poder Legislativo.
Eso sí, su pronunciamiento ya arrastró a otras diputadas panistas a posicionarse de manera más activa contra la despenalización. Primero fueron Susana Bermúdez Cano, María Isabel Ortiz Mantilla y Ana María Esquivel Arrona; más recientemente, se sumó la diputada migrante Yesenia Rojas Cervantes.
La Suprema Corte ha sentado criterios contundentes sobre la inconstitucionalidad de criminalizar a las mujeres que abortan, y más temprano que tarde, el Congreso local tendrá que armonizar sus leyes. Por lo pronto, el escenario parece definido: la despenalización del aborto en Guanajuato no avanzará. Al menos no en esta Legislatura.