1.- Del consumo de drogas a la violencia homicida contra infancias
Guanajuato lleva años siendo una de las entidades más peligrosas del país para niños, niñas y adolescentes. El Observatorio Ciudadano de León, encabezado por Mayra Legaspi Tristán, presentó diversos indicadores que revelan cómo, en múltiples delitos de alto impacto, los menores de edad son víctimas recurrentes.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, entre 2023 y 2024 el número de homicidios de menores aumentó de 116 a 157. En León, este mismo delito creció de 26 a 34 casos en el mismo periodo.
Otro indicador con tendencia al alza es la violencia familiar. En 2024 se registraron 3,454 reportes en los que menores estuvieron involucrados, lo que representa el 18.54% de las víctimas estatales. En León, los registros alcanzan los 752 casos. A nivel municipal, la proporción es aún más grave: 23.17% de los casos registrados de violencia familiar involucran a menores.
A medida que se profundiza en las expresiones de violencia, del espacio público al privado, el panorama se vuelve cada vez más preocupante. Uno de los indicadores de los que poco se habla, pero son muy reveladores es el del consumo de sustancias y su impacto en las infancias.
Según datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en 2024 se registraron 136 casos de envenenamiento por drogas en menores de edad. El grupo más afectado fue el de adolescentes entre 12 y 17 años, con 101 casos, con lo que también se contabilizaron al menos 35 niños y niñas menores de 12 años intoxicados por consumo de sustancias. De ese total, 43 casos corresponden al municipio de León, lo que representa más del 30% de las víctimas estatales.
Detrás de las estadísticas se encuentran vidas truncadas desde los primeros años. Sin una política pública transversal que no solo atienda las consecuencias, sino que actúe sobre las causas: desprotección y falta de capacidad institucional, impunidad, la normalización de la violencia en los hogares y la ausencia de redes comunitarias. Cerrar los ojos ante esta realidad es perpetuar la violencia estructural que atraviesa a las infancias en Guanajuato.
2.- El fondo de la destitución de la secretaria de Ayuntamiento de Silao
Este martes se concretó la destitución de la secretaria del Ayuntamiento de Silao, Karina Chagoya Rodríguez. Su salida obedece al cumplimiento de uno de los acuerdos con la oposición para destrabar la administración de la panista Melanie Murillo Chávez, a quien se le reclamaban supuestas violaciones en su función edilicia, lo que derivó en el bloqueo de decisiones de gran relevancia, como las modificaciones presupuestales para ejecutar obra pública y cubrir adeudos que enfrenta el gobierno municipal.
La sesión privada se celebró a las 6:30 horas y, por mayoría, se aprobó la destitución. El único voto en contra fue del regidor panista Alejandro Peña Gallo, uno de sus principales impulsores y con quien mantiene una relación cercana. Cabe recordar que ella fue su coordinadora de campaña cuando, en 2021, él buscó la presidencia municipal, aunque perdió ante el morenista Carlos García Villaseñor, no sin quedar envuelto en señalamientos mediáticos por diversas irregularidades durante la contienda.
Karina Chagoya Rodríguez no asistió a la sesión y, según fuentes consultadas, se le ofreció una audiencia para salvaguardar sus derechos laborales, luego de manifestar su rechazo a ser separada del cargo. Previamente, ya se había negado a presentar su renuncia.
Desde la oposición no solo se le atribuían supuestas faltas en su actuar edilicio, sino que también comenzó a generar inquietud el impulso político observado en el regidor Alejandro Peña Gallo. En Silao, existe una regla no escrita según la cual el perfil natural para contender por la presidencia municipal es quien ocupa la Secretaría del Ayuntamiento, como ocurrió con el propio Peña Gallo.
Con la destitución de la secretaria del Ayuntamiento, se atiende la principal exigencia de Morena y otros regidores. Parte del acuerdo es retomar el diálogo y avanzar en la aprobación de decisiones presupuestales para el municipio de Silao.
Como secretario del Ayuntamiento provisional asumió el cargo José Juan Contreras, quien se desempeñaba como secretario particular. Se espera que este mismo miércoles o jueves se convoque a sesión para designar a un o una nueva titular.
Por cierto, el gobierno de Silao ya acumulaba seis meses de parálisis debido a la falta de diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Fue hasta que la oposición solicitó la intervención del secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, que finalmente comenzaron a moverse los engranajes. El funcionario estatal ya suma varias gestiones para que gobiernos municipales paralizados por disputas políticas logren funcionar con cierta normalidad.
3.- Tres días de violencia en Cañada del Real como reflejo de control criminal
Suman ya tres días consecutivos de hechos de violencia de alto impacto en la colonia Cañada del Real, en el municipio de León. El primero se reportó el domingo, cuando tres personas fueron asesinadas a tiros, entre ellas un menor de edad. El lunes, un joven resultó gravemente herido en un ataque armado. Este martes por la mañana se localizó un cuerpo envuelto en cobijas.
En este contexto de violencia, comenzaron también a circular mensajes intimidatorios, presuntamente enviados por un grupo del crimen organizado, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y en los que incluso se lanzaban amenazas dirigidas a menores estudiantes.
Hasta ahora, solo el secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, ha hablado sobre la violencia en Cañada del Real, particularmente de la masacre del domingo. Según el funcionario, el hecho está ligado a la venta y consumo de droga.
“Es un problema que ya tiene tiempo, ha habido diferentes detenciones con armas largas, con armas cortas, con droga, es el problema del narcomenudeo de los grupos que están ahí pues peleándose la zona”, dijo el lunes el secretario de Seguridad.
Bajo el razonamiento del secretario de Seguridad Pública, entonces también se debe explicar si la baja de homicidios en el municipio zapatero se debe a las acciones para combatir a las estructuras criminales o si esta reducción obedece, en realidad, a un avance en el control de territorio por parte de organizaciones delincuenciales. Si esta es la razón, no estaríamos hablando de resultados de la autoridad, sino de la configuración de una “pax narca”.
Aviso: Esta columna no se publicará este jueves 1 de mayo. Nos encontramos de nuevo el día viernes.
Contra Retrato
Francisco Orozco Martínez
El presidente municipal de Xichú enfrenta cuestionamientos por su pasividad ante el desorden vial y la falta de aplicación del reglamento de movilidad. Un grupo de ciudadanos inconformes conformó la organización Unión de Vecinos para exigir al gobierno municipal que atienda sus demandas, luego de haber sido ignorados en un primer momento.
El primer encuentro entre el alcalde y los ciudadanos ocurrió el 28 de abril. Durante la reunión se le entregó un documento con 10 puntos prioritarios, principalmente relacionados con la movilidad, ante la circulación descontrolada de motocicletas y automóviles sin regulación. Los ciudadanos consideran que esta situación es consecuencia directa de la omisión del gobierno municipal en hacer valer la normatividad vigente.
El presidente municipal es consciente de que el reclamo tiene fundamento, o al menos debería estarlo, pues desde su primer trienio la ciudadanía ya le había señalado este problema como uno de los más urgentes. Incluso en su propio Programa de Gobierno se contemplaba la necesidad de mejorar la seguridad vial, promover la regularización vehicular y establecer acciones para prevenir accidentes automovilísticos. Sin embargo, nada de eso se ha materializado.
Durante el encuentro del pasado lunes se acordó —no sin resistencias por parte del alcalde— que la administración municipal pondrá en marcha varias acciones para responder a las exigencias. Además, se estableció un plazo: el próximo 30 de junio, el presidente municipal deberá presentar un informe con resultados y avances concretos.
Este es solo uno de los frentes. Los ciudadanos también han señalado otras carencias graves, como la deficiente disposición de residuos y la debilidad en la prevención del delito. En el fondo hay una crítica a la capacidad de liderazgo de Francisco Orozco Martínez