Ciudad de México, México.– México se encamina hacia una transformación profunda en su marco legal de telecomunicaciones y radiodifusión.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso de la Unión una propuesta para abrogar la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y sustituirla por la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se busca alinear al país con las exigencias de la industria 4.0, la expansión del 5G, la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT).
No obstante, en un giro inesperado, la mandataria solicitó pausar el análisis legislativo del proyecto para evitar que se preste a interpretaciones de censura o a posibles violaciones del T-MEC.
La decisión de Sheinbaum de frenar momentáneamente la discusión se dio apenas horas después de que el extenso documento de 311 páginas y 310 artículos comenzara a circular el pasado 23 de abril.
La propuesta aparece en un contexto marcado por una reforma constitucional de simplificación administrativa aprobada meses atrás, la cual provocó la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como de otros órganos autónomos como la Cofece y el Inai.
Una nueva autoridad, amplias facultades y viejas preocupaciones
La desaparición del IFT —criticado por su presunta ineficacia para reducir la brecha digital y enfrentar monopolios— derivó en la creación de una nueva entidad: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asume funciones regulatorias con un enfoque centralizado.
Aunque su diseño le otorga amplias facultades, no se hará cargo de los temas de competencia económica, lo que ha generado críticas sobre la falta de contrapesos en el nuevo modelo.
Uno de los principales señalamientos hacia la propuesta legislativa es que el Estado asumiría un doble rol: como jugador activo en el mercado y como árbitro, un esquema que ya ha mostrado fallas en otros países de América Latina.
Radiodifusión: avances y controles más estrictos
En el sector de radiodifusión, la iniciativa plantea elementos positivos, como la posibilidad de que radios comunitarias, indígenas, sociales y afromexicanas puedan vender publicidad local por hasta 40 segundos cada hora, permitiéndoles financiar operaciones más allá de los donativos.
También se reservarán tramos del espectro de FM y AM para estas emisoras, con el objetivo de diversificar la oferta cultural y dar voz a nuevos actores. Sin embargo, estas estaciones deberán presentar reportes detallados sobre sus consejos directivos para evitar simulaciones de operadores comerciales.
Además, el tiempo del Estado en radio y TV se incrementaría hasta en 30 minutos, bajo la administración de la Secretaría de Gobernación, que fijará horarios en coordinación con concesionarios. Las emisoras también estarán impedidas de transmitir campañas audiovisuales de gobiernos extranjeros, salvo excepciones culturales o turísticas.
Telecomunicaciones: vigilancia, control y nuevas reglas del juego
La propuesta de nueva ley en telecomunicaciones se frenó para evitar interpretaciones de censura y posibles conflictos con el T-MEC, según Sheinbaum (Foto: Twitter)
En telecomunicaciones, el nuevo marco permitiría a la ATDT bloquear temporalmente plataformas digitales que difundan campañas de gobiernos extranjeros sin autorización. El Estado también se reservaría espectro radioeléctrico para seguridad nacional y podría proveer servicios móviles directamente al consumidor, sin pagar contraprestaciones.
La ley establece un plazo de 180 días para que la ATDT presente un plan de licitación de espectro 5G, e introduce un cambio relevante: los criterios económicos ya no serán los únicos para asignar bandas radioeléctricas, dando peso a propuestas con cobertura social, precios accesibles e innovación.
Aunque la Secretaría de Hacienda seguirá participando en la definición de precios del espectro, su opinión dejará de ser vinculante. Además, el proyecto reafirma el principio constitucional de Neutralidad de la Red y exige condiciones abiertas y no discriminatorias para la interconexión de redes.
¿Una reforma polémica o necesaria?
La nueva legislación pretende impulsar el desarrollo tecnológico del país y mejorar la conectividad, clave en el contexto del nearshoring y la digitalización global.
No obstante, su redacción ha generado inquietudes dentro y fuera del sector, no sólo por sus implicaciones en la libertad de expresión y competencia, sino también por la concentración del poder regulador en manos del Estado.
La LFTR vigente, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue reconocida internacionalmente como una de las reformas estructurales más exitosas del sexenio. Gracias a ella, los precios de la telefonía móvil disminuyeron en casi un 50% y el número de líneas móviles se incrementó de forma exponencial.