1.- El falso triunfo contra el robo de combustibles
La narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aseguraba el fin del robo de hidrocarburos, el “huachicol”, pronto quedó expuesta como una falacia. Aunque en los primeros meses de su gobierno se realizaron operativos de alto perfil que parecían un combate frontal a esta actividad ilícita, la realidad demostró que el problema no solo persistió, sino que ha retomado fuerza a nivel nacional.
En Guanajuato, esta relajación en la estrategia federal también tuvo repercusiones. Durante el sexenio del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el huachicol volvió a posicionarse como una de las actividades delictivas más lucrativas para los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región. El estado, por su ubicación estratégica en la red de ductos de Pemex, continúa siendo un punto neurálgico para esta clase de crimen.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha reconocido públicamente que el robo de combustible sigue representando una de las fuentes de financiamiento más importantes para el crimen organizado en la entidad. Por ello, su administración ha declarado que este delito se encuentra entre las prioridades a combatir, en coordinación con el gobierno federal y Petróleos Mexicanos.
Las cifras recientes respaldan la gravedad del problema. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, encabezada por Juan Mauro González Martínez, tan solo entre el inicio de la actual administración estatal y la primera quincena de marzo, se aseguraron 485 mil 400 litros de combustible de procedencia ilícita. Esta cifra contrasta drásticamente con los apenas 30 mil 720 litros incautados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento significativo en el volumen de decomisos, que no se puede interpretar de otra forma que en un incremento de esta actividad delictiva en años previos.
Entre las nuevas acciones implementadas contra el “huachicol” se encuentran la regionalización del despliegue de fuerzas de seguridad, presencia policial en accesos y salidas estratégicas del estado, así como una coordinación más estrecha con autoridades federales y Pemex. Además, se ha fortalecido el trabajo de inteligencia e investigación, para atacar no solo la operación directa del huachicol, sino también las redes logísticas. El pendiente sigue siendo el combate desde la parte financiera.
2.- Más del 30% de las guanajuatenses trabajan en la precariedad
El primer gobierno del estado encabezado por una mujer enfrenta uno de sus mayores retos que envuelve justamente a las mujeres: resolver las carencias laborales que afectan a las guanajuatenses, donde más del 30% trabaja en condiciones de precarización.
Esta problemática está plenamente reconocida por la propia administración. Como reporta hoy Periódico Correo, en el Programa de Gobierno 2024-2030 se advierte que, en los últimos cinco años, la proporción de mujeres laborando en condiciones indignas pasó de 18.8% en 2019 a 33.1% en 2024. Esto implica que, en muchos casos, carecen de seguridad social, prestaciones de ley y perciben salarios bajos o laboran bajo esquemas de subcontratación, situación que además limita su antigüedad y acceso a otros derechos laborales.
El gobierno estatal lanzó la estrategia “Aliadas”, un paquete de programas sociales enfocados en impulsar a las mujeres, muchos de ellos orientados a mejorar su situación económica. Sin embargo, todavía es temprano para saber si tendrán un impacto estructural o si terminarán como políticas meramente asistencialistas.
Aunque iniciativas como la Tarjeta Rosa han mostrado éxito en términos de opinión pública —y la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo sostiene que busca fomentar la independencia financiera de las mujeres—, los efectos reales sobre la precarización laboral siguen siendo limitados. El reto es profundo: más del 50% de la población de Guanajuato se encuentra en la economía informal, y sin cambios estructurales, los apoyos directos no bastarán para revertir el problema, que afecta en mayor medida a las mujeres.
El desafío para el primer gobierno encabezado por una mujer en Guanajuato no es solo simbólico: está en demostrar que puede construir un piso laboral más digno para todas.
Por cierto, este lunes, liderazgos de Morena convocaron a una rueda de prensa para denunciar que la Tarjeta Rosa no ha llegado a todas las mujeres guanajuatenses como se prometió en campaña. Incluso exigirán una disculpa pública a la gobernadora.
3.- Van 3.5 millones para representar a “familias leonesas”… con escultura
Entre las recientes aprobaciones presupuestales que han desatado críticas, destaca la autorización del Ayuntamiento de León para destinar 3 millones 500 mil pesos a una escultura de bronce que será colocada en el Zoológico de la ciudad.
La obra lleva por nombre Familia de Leones en el Zoológico de León, y se trata de una escultura monumental que, según el gobierno municipal, “simboliza la unidad familiar, la protección y la fortaleza, además de reforzar la imagen representativa de nuestra ciudad”.
El gasto se divide en dos partidas: 2 millones 534 mil 136 pesos para el suministro de las figuras de bronce, y 956 mil 864 pesos destinados a la obra civil, que incluye trabajos preliminares, traslado y montaje, excavaciones, cimentación, habilitado de acero, instalación de las figuras y limpieza.
La inversión millonaria generó resistencia por parte de la oposición, particularmente de la regidora del Partido Verde, Norma López Zúñiga, quien cuestionó el alto costo destinado únicamente a esta escultura.
Como parte de los festejos por el 450 aniversario de León, se contempla la colocación de varias esculturas que reflejen la identidad leonesa o que rindan homenaje a personajes históricos del municipio. Con esta reciente aprobación, todo indica que el gobierno municipal continuará destinando recursos considerables a este tipo de monumentos. La incógnita será la justificación y pertinencia de los gastos, sobre todo si superan los varios millones de pesos.
Contra Retrato
Juan Lara Mendoza
El expresidente municipal de Villagrán desapareció del foco público tras concluir su gestión y fracasar en su intento por convertirse en diputado local por el Distrito XIII. Aunque gobernó durante dos periodos, primero bajo las siglas de Nueva Alianza y después bajo las del PRI —partido al que regresó en 2022—, los ciudadanos no percibieron avances significativos en la mejora de los servicios públicos durante su administración.
Esta percepción se confirma en el reciente informe “¿Cómo Vamos Guanajuato?”, elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a este gobierno en el año 2023. En los siete indicadores evaluados, el gobierno de Villagrán se ubicó por debajo de la media estatal. El análisis abarcó servicios como agua potable, alumbrado público, alcantarillado, recolección de basura, entre otros.
La administración de Juan Lara Mendoza terminó bajo fuertes críticas ciudadanas: al menos el 63% de los encuestados consideró que existieron hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, mientras apenas el 21% calificó a su gobierno como transparente.
A las deficiencias en los servicios públicos se sumaron graves señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Primero, por la revelación de nexos familiares directos con un grupo criminal; luego, por el aseguramiento en 2022 de más de 50 mil litros de “huachicol” en un predio propiedad del municipio. El último golpe llegó en 2023, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, acusó que existía resistencia del gobierno municipal para colaborar con las autoridades estatales, además de señalar que la policía de Villagrán era ineficiente y poco confiable.
El caso de Juan Lara Mendoza fue uno de los primeros en Guanajuato donde se planteó abiertamente si el crimen organizado comenzaba a apoderarse de las administraciones municipales. Esta preocupación cobró mayor fuerza en 2024, cuando el gobernador saliente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que al menos ocho alcaldes electos tenían algún vínculo con criminales. Hasta ahora, ninguna autoridad en funciones ha esclarecido esa grave afirmación.
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