Los cambios experimentados en los últimos cinco sexenios han transformado el paradigma del modelo policiaco tradicional de seguridad, llevando a cabo, no sin complicaciones, la profesionalización y homologación de las labores de seguridad pública en nuestro país en los tres niveles de gobierno.
Bajo este esquema, la participación de la Guardia Nacional es relevante, como elemento que permita subsanar las fallas institucionales, llevando a cabo procesos de profesionalización, aspirando a operar con elementos civiles y castrenses, llevando a cabo diferentes labores encomendadas a la misma buscando generar condiciones de desempeño eficaces y eficientes para el desarrollo y mantenimiento de sus funciones en beneficio de la ciudadanía, protegiendo no sólo la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, sino contribuyendo a un mejoramiento social y de respeto a los derechos humanos sin que ello signifique encontrarse condicionada a los designios de una élite, partido o grupo gobernante.
El empleo de la violencia, con el objeto de dirimir conflictos y proveer condiciones de seguridad hacia la ciudadanía, ha sido una constante, producto de la debilidad institucional que aqueja a las fuerzas encargadas de proveerla, centrándose el discurso de la seguridad en el aumento de los delitos, las tasas de homicidios, los acusados, procesados y sentenciados penalmente, como un modelo de reacción ante las diferentes conductas delictivas. En este contexto, los cuerpos de seguridad pública buscan -en un escenario deseable- contener los actos delictivos por medio de marcos legales y estrategias de control y disuasión, con un menor uso de la fuerza, que permitan asegurar condiciones favorables de mantenimiento del orden público.
La policía en nuestro país funciona bajo un modelo descentralizado, esto es, no responde a un mando único, sino que, dado el pacto federal y la figura del municipio existen diferentes cuerpos policiacos que responden a cada uno de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y que integran dos tipos de fuerzas policiales. Por un lado, aquella integrada por la policía uniformada o administrativa y que opera en los tres niveles de gobierno, y la ministerial, que lleva a cabo funciones de investigación a nivel federal y estatal, misma que auxilia al ministerio público para la investigación y persecución de los actos criminales. Cabe apuntar que esta policía actúa ex post a la comisión de un delito.
El avance que ha tenido la delincuencia organizada, a partir de actividades relacionadas con el narcotráfico, han significado la pérdida de espacios de territorio nacional y con mayor peso en entidades específicas como Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas y Baja California, así como en diversos municipios. Esto ha provocado que se busque restablecer la tranquilidad, el orden público y la paz social.
La seguridad es responsabilidad del Estado y es un derecho del que debe gozar la población, mismo que debe cohesionarse, sustentarse y aunarse socialmente a organizaciones de tipo jerárquico-legales que permitan el ejercicio de las actividades encomendadas a las autoridades, así como a la ejecución y respeto de las decisiones que tomen las diferentes instituciones respaldadas por el respeto y aplicación del estado de derecho. De no cumplirse lo anterior, las instituciones del Estado podrían verse en entredicho, dificultando con ello el pleno ejercicio de la actividad policial, siendo insuficientes para lidiar con las actividades de los distintos grupos criminales, teniendo que seguir recurriendo, como consecuencia, al auxilio de las Fuerzas Armadas para tal fin.
Los recientes acontecimientos violentos llevados a cabo en distintos puntos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, como respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa (lo que queda del mismo después de su escisión en dos grupos), Nueva Familia Michoacana, Los Viagras y Los Blancos de Troya, ante operativos por parte de las fuerzas federales de seguridad, dan cuenta de lo anterior, en donde al menos 12 unidades automotrices (entre camiones de carga, vehículos y un autobús) fueron calcinadas en diversos tramos carreteros, comprometiendo a los viajeros que se desplazaban por tierra, así como a 28 municipios de los tres estados en mención.
La crisis de seguridad experimentada en nuestro país es un tema que indudablemente se encuentra lejos de resolver. En diferentes ámbitos se tiene la impresión que, a pesar de los cambios de gobierno y la implementación de diferentes estrategias, se copian modelos para atacar el delito sin llevar a cabo las transformaciones necesarias que el país requiere en materia de seguridad. Es decir, no se terminan de resolver asuntos securitarios pendientes de administraciones anteriores, así como tampoco se atienden las causas endémicas de los fenómenos delictivos para un combate eficaz y efectivo a los mismos en el presente.
En este sentido, y aún a pesar de haber contado con una relativa calma securitaria hasta principio de la década de los ochenta del siglo pasado, el no contar con instituciones policiacas sólidas que apliquen efectiva y eficientemente la ley, seguirán contribuyendo al crecimiento y desarrollo de diversos grupos criminales en todo el territorio nacional. Por ello, mientras no se genere una cultura de respeto a la ley, a los cuerpos encargados de la seguridad, y de ellos mismos hacia los ciudadanos, tanto la Guardia Nacional como cualquier otra institución encargada de la seguridad pública resultarán insuficientes para resolver el problema de la inseguridad y llevar a cabo la tan anhelada pacificación en el país.
Seguiremos de cerca el curso de los acontecimientos.