San Miguel de Allende, Gto.– Autoridades de comunidades indígenas de los municipios de Tierra Blanca, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz celebraron una reunión en San Miguel de Allende con el objetivo de deslindarse de la toma de las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el estado de Querétaro.
Los representantes informaron que, desde hace un mes, las oficinas del INPI —que brindan servicio a los estados de Guanajuato y Querétaro— se encuentran tomadas por cerca de 25 personas que se autonombran autoridades indígenas, sin serlo.
La preocupación se ha extendido debido a que la toma de esta representación federal ha provocado que las obras, que por primera vez serían contratadas y supervisadas directamente por los representantes de las comunidades, no hayan sido validadas. Además, ha obstaculizado la celebración de acuerdos con dependencias de los tres niveles de gobierno para acceder a mayores recursos.
A través de cuatro puntos, las autoridades indígenas se deslindaron de la toma de las oficinas y manifestaron su respaldo a la actual titular del INPI en Querétaro, Carmen Álvarez. También acusaron que este movimiento tiene tintes políticos orquestados desde el gobierno estatal, con la intención de que los recursos continúen siendo manejados por las autoridades gubernamentales.
“Nos deslindamos de las personas que tomaron las oficinas supuestamente en representación de las comunidades indígenas de Querétaro y Guanajuato (…) Hacemos un llamado a mantener la unión y hermandad por la que desde hace varios años hemos trabajado”, indicó Nadia Rodríguez, delegada de la comunidad de Cieneguilla en Tierra Blanca.
De acuerdo con los representantes, el grupo que mantiene tomadas las oficinas federales solicita la destitución de la titular de la dependencia federal y ha amenazado con escalar la movilización y tomar oficinas en la Ciudad de México. Este grupo está encabezado principalmente por personas de comunidades indígenas de la Sierra Queretana, acompañadas por habitantes de Guanajuato, e incluso por la diputada local Plásida Calzada.
“Aquí hay un partido político detrás de esto. Qué desgracia que a nuestros compañeros los estén utilizando. ¿Por qué se ha inmiscuido este partido, que está en el poder en nuestro estado? Porque ya sienten que el poder se les va de las manos. Sienten que el Plan de Justicia es un obstáculo para sus intereses”, señaló Salomón Ramírez, de la comunidad de Q, en Tierra Blanca.
Por su parte, Saddam Enríquez, representante de la comunidad de Río Laja en Dolores Hidalgo, señaló que el Plan de Justicia —máximo órgano de gobierno de las autoridades indígenas de la zona norte de Guanajuato y la Sierra de Querétaro— está siendo tomado como moneda de cambio política, por lo que incluso deberá replantearse su forma de operación.
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