1.- Policías municipales vitales para la paz, pero precarizadas
Las policías municipales son la primera conexión con la población y un pilar esencial para construir entornos pacíficos. Sin embargo, paradójicamente, son también las corporaciones que enfrentan la mayor precariedad laboral. Tanto a nivel nacional como en Guanajuato, la mayoría de los elementos recibe salarios bajos, en algunos casos de hambre, y carece de prestaciones básicas, siendo particularmente grave la falta de oportunidades para acceder a un patrimonio.
La organización México Evalúa presentó el informe “Policía desprotegida. Ruta para su dignificación laboral”, que documenta la precarización de las corporaciones municipales. Por ejemplo, el 69.1% de los policías locales gana menos de 16,688 pesos netos al mes, el mínimo recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, menos del 70% cuenta con todas las prestaciones constitucionales básicas, como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
Más allá del esquema básico, el panorama laboral es aún más crítico: solo entre el 19.3% y el 52.5% tiene seguridad social efectiva; el 51.6% cuenta con seguro de vida; apenas el 25.7% recibe apoyo psicológico; el 8.3% tiene acceso a guarderías; el 27.6% recibe vales de despensa; y solo el 7.6% tiene acceso a créditos para vivienda. Esta última carencia es una de las más preocupantes y explica en parte la alta rotación en las corporaciones.
México Evalúa propone un “Estándar de Condiciones Laborales para Policías Municipales”, que contempla no solo el esquema básico, sino también apoyos complementarios como becas para sus hijos, descuentos en servicios, vales de despensa y atención psicológica. Todo ello pensado para brindar estabilidad a los agentes y fortalecer su compromiso.
En Guanajuato, destacan positivamente las policías municipales de León y Celaya. En León, bajo la administración de Alejandra Gutiérrez Campos, se han otorgado aumentos salariales y beneficios que alcanzan también a las familias de los agentes. Sin embargo, aún está pendiente la implementación del programa de créditos para acceder a una vivienda con mayor facilidad, que planteó la alcaldesa.
En Celaya, la situación es más compleja. A pesar de que se han mejorado algunas prestaciones y se ha dado un aumento salarial llegando a los 19 mil pesos, la corporación opera con un número de elementos muy por debajo de su capacidad. Bajo la gestión de Juan Miguel Ramírez Sánchez, no ha habido mejoras sustanciales en el estado de fuerza, y la falta de interés ciudadano ha llevado a la contratación de militares. Aquí, el principal obstáculo no parece ser laboral, sino el temor al riesgo constante por las presiones y ataques del crimen organizado.
León y Celaya son casos atípicos, que deberían marcar el estándar, en un estado donde la mayoría de las policías sigue atrapada en la precariedad: sin salarios dignos, sin capacitación adecuada, sin equipamiento suficiente. El informe de México Evalúa es claro: sin policías municipales fuertes, no hay posibilidad real de reconstruir la seguridad.
2.- GTO Leasing Services: MC pone la lupa en el ISSEG
La delegada de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha, presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado para solicitar una investigación sobre el caso de GTO Leasing Services y toda la opacidad que lo envuelve. A diferencia de la presentada por Morena, esta se centra en el papel que desempeñó el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), hoy dirigido por Judith Juárez Guzmán.
Según el documento, recibido por el auditor general Juan Víctor Fonseca López, se cuestiona el rol del ISSEG como accionista mayoritario y como “promotor, operador y facilitador del modelo empresarial que terminó favoreciendo a intereses privados”. Además, se señala que los inversionistas particulares fueron excluidos como sujetos obligados a transparentar información, pese a manejar recursos públicos.
La denuncia busca que la investigación arroje claridad sobre contratos, montos, beneficiarios y condiciones de la relación entre el Gobierno del Estado y esta empresa, financiada con los ahorros de los trabajadores. También se pretende que, con los hallazgos, se determinen posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales por el presunto mal uso de recursos públicos.
La extinción de GTO Leasing Services no cerró la polémica en torno a este esquema de negocio, implementado durante la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Persisten serias dudas sobre si se pusieron en riesgo los ahorros de los trabajadores y si, como se ha señalado, hubo pérdidas por arrendamientos de vehículos y maquinaria, en los que incluso se detectaron sobreprecios en comparación con otros proveedores del mercado.
Por cierto, en la dinámica de protagonismo que busca Yulma Rocha en distintas controversias estatales para mantenerse en el ojo público, este jueves solicitará formalmente la destitución del secretario de Seguridad Pública de Irapuato, Ricardo Benavides Hernández. Una de las razones: los cuestionados resultados que colocan al municipio como el quinto del país con mayor percepción de inseguridad. Nueve de cada diez irapuatenses no se sienten seguros viviendo en su ciudad, según datos del INEGI.
3.- Arena Guanajuato: una ilusión menos
Desde su anuncio, había serias dudas sobre si estos proyectos realmente se materializarían. Hoy podemos decirle adiós a la Arena Guanajuato y al Centro TV4, dos de las grandes promesas del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el tramo final de su administración.
El nuevo gobierno ya anticipó que no son prioridad. Y aunque no se ha cerrado la puerta por completo, las prioridades están claramente en otro lado. Fue el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, quien disipó las últimas esperanzas, especialmente en torno a la Arena Guanajuato, un proyecto que había levantado expectativas y del que incluso se hablaba de ciertos avances en negociaciones.
“Se está haciendo una evaluación presupuestal y se están atendiendo las urgencias que tiene Guanajuato. Tú me dirás si es más importante un centro de espectáculos o llevar agua a cinco municipios. Creo que el agua es vital, es vida, y la gobernadora está priorizando temas estratégicos que garanticen la viabilidad de estos municipios. Eso requiere recursos, y no son pocos”, declaró el funcionario.
Tiene sentido lo que señala Jiménez Lona: no se puede anteponer un centro de espectáculos a la infraestructura necesaria para garantizar el abasto de agua en el corredor industrial, particularmente el Acueducto Solís-León. Los recursos simplemente no alcanzan para financiar las promesas heredadas por el exgobernador. Aunque el gobierno estatal cuenta con finanzas sanas —según calificadoras internacionales—, se verá obligado a solicitar deuda para sacar adelante este proyecto hídrico.
Como ocurrió con la política de la mentefactura, el llamado “Nuevo Comienzo” ha optado por enfocarse en proyectos más realistas y urgentes, alineados con el presente que enfrenta el estado. Si esta tendencia a no vender ilusiones se mantendrá, lo sabremos sobre todo en tiempos electorales. Por ahora, el gobierno ha decidido dejar atrás varios proyectos que nacieron como grandes promesas, pero terminaron en el cajón de las ilusiones.
Contra Retrato
Liz Esparza Frausto
Juan José Patiño Mendoza, conocido como “Juanito”, era un reconocido activista de la comunidad LGBTIQ+. Su cuerpo, con huellas visibles de violencia, fue localizado el pasado 19 de abril en la comunidad de Jocoqui, en Apaseo el Grande. Por su homicidio, organizaciones de la diversidad sexual exigen justicia y no descartan que se trate de un crimen de odio.
Hasta ahora, la respuesta institucional ha sido lamentablemente tibia. Liz Esparza Frausto, titular de la recién creada Secretaría de Derechos Humanos, no se ha pronunciado sobre el asesinato del activista. Por su parte, la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género, encabezada por Ricardo García Frausto, se limitó a emitir una esquela firmada por su titular, lamentando el hecho y llamando a las autoridades a esclarecerlo. Una postura débil e insuficiente viniendo de una instancia creada precisamente para atender y defender los derechos de esta población.
Este miércoles, familiares y amigos de Juan José se manifestaron en Apaseo el Grande. Exigieron justicia y castigo para quien o quienes resulten responsables del asesinato del también querido enfermero. Las palabras del padre de “Juanito” fueron claras y dolorosas:
“Exigimos y alzamos la voz para que se esclarezca el homicidio de mi hijo. Le pedimos a las autoridades que por favor se haga justicia, así como hacen justicia para sus políticos que, en cuatro o cinco días resuelven sus crímenes. Así también exigimos justicia para Juan”.
El colectivo Orgullo Apaseo el Grande también alzó la voz y, en un comunicado, señaló uno de los grandes pendientes legislativos en Guanajuato: el fortalecimiento de la ley para proteger a las personas de la diversidad sexual, un grupo históricamente vulnerado. En el estado, los crímenes de odio no están tipificados. Y mientras la legislación sigue sin actualizarse, y las autoridades apenas reaccionan, las personas LGBTIQ+ permanecen en una preocupante desprotección.
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