León, Gto.- El estado de Guanajuato volvió a aparecer dentro de las 5 entidades donde mayor número de atrocidades se cometieron durante el primer trimestre de 2025, de acuerdo al análisis realizado por la organización Causa en Común, que lo colocó en segundo lugar de incidencias con 152 casos.
Para su conteo la organización toma en cuenta distintos crímenes cometidos con extrema violencia, documentados en notas periodísticas publicadas en todo el país. Para el periodo enero a marzo 2025 contabilizó 1,321 delitos de esta naturaleza; destacando al menos 338 casos de asesinatos con tortura;152 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres, 134 actos violentos contra la autoridad y 109 casos de masacres y asesinatos de mujeres con crueldad extrema.
La asociación también destacó que durante ese periodo se registró un promedio de 14 atrocidades y 21 víctimas al día, dando un total de mil 914 personas que sufrieron algún delito de esta naturaleza; mientras que por tipo de atrocidad en promedio se registró una masacre al día, 1.6 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres y 3.7 casos de asesinatos con tortura.
Los asesinatos de mujeres con crueldad extrema fueron la tercera atrocidad más registrada en todo el país con 109 casos, mientras que en registros de fosas clandestinas se acumularon 84 hallazgos.
Guanajuato quedó en segundo lugar con el mayor número de atrocidades registradas, con 152 incidencias, superada solo por Sinaloa con 176 registros. El tercer lugar lo ocupó Puebla con 98 hechos violentos.
Atrocidades contabilizadas en el estado de Guanajuato
Las atrocidades contabilizadas en el estado consistieron en 4 hallazgos de fosas clandestinas, 19 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 2 de calcinamiento. 22 de tortura, 12 asesinatos de niños, niñas o adolescentes; 17 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, además de los asesinatos de 3 personas pertenecientes a la población LGBTIQ, pueblos originarios o con alguna discapacidad.
Los casos de Irán Villareal Belmont y Kristian Uriel Martínez también contaron en la recapitulación como asesinato contra una persona defensora de derechos humanos y contra un periodista.
La entidad también destacó en primer lugar en masacres, como clasificó a los asesinatos cometidos contra 3 o más personas en un mismo lugar, con 25 casos registrados. El segundo lugar lo ocupó Guerrero con 10 atrocidades de este tipo, mientras que Sonora y Sinaloa se disputaron el tercer lugar con 8 casos cada una.
En cuanto a asesinatos de funcionarios públicos incluyendo a elementos de Seguridad Pública, así como actos violentos cometidos contra la autoridad, Guanajuato quedó en segundo lugar nacional con 9 homicidios y 18 ataques armados, o contra las instalaciones gubernamentales; solo por detrás de Sinaloa que reportó 13 muertes y 33 agresiones.
Otras atrocidades documentadas fueron las jornadas de violencia caracterizadas por bloqueos carreteros y otros hechos que causan alto impacto en la comunidad con 17 días registrados, donde de nueva cuenta solo fue superado por Sinaloa con 19 incidencias.
Estos actos acumularon un total de 1,914 víctimas; donde Guanajuato de nueva cuenta encabezó el conteo con 255 personas, seguido de Jalisco que con el hallazgo del campo de extermino en Teuchitlán, 11 fosas clandestinas y 18 asesinatos con tortura acumularon 229 víctimas.
Entre los casos en todo el país que más llamaron la atención en el conteo, Causa Común destacó el asesinato de la maestra de secundaria Juana Edith Rivera junto al secuestro de sus dos hijos Samuel y Diego Landín, ocurrido en Juventino Rosas el 23 de enero, cuyos cuerpos aparecieron sin vida al día siguiente; así como la masacre contra 6 asistentes a un sepelio en Apaseo el Grande, ocurrido el 6 de marzo.
Causa Común destacó que la atención a estas tragedias requiere de asignarle presupuesto y mayor personal tanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda para garantizarle atención jurídica y económica a las víctimas; así como financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y explicar las violencias que se ejercen en el país, para poder generar propuestas adecuadas de atención.
Además de establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos, para construir programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país. Y vio indispensable tener aproximaciones sociológicas y psicológicas que permitan comprender las realidades locales, antes de construir los programas preventivos y de atención.
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