1.- Guanajuato y su deuda con los desaparecidos
Mientras la crisis de desapariciones en México se agrava, la respuesta institucional sigue siendo, en muchos casos, insuficiente y negligente. La negación sistemática de esta tragedia ha sido una constante, a pesar de las miles de familias que día a día buscan a sus seres queridos en condiciones adversas.
En Guanajuato, el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo marcó un punto de quiebre en el reconocimiento de la problemática. Fue gracias al trabajo de los colectivos de búsqueda —no a la iniciativa gubernamental— que se visibilizó la existencia de fosas clandestinas en la entidad. No sin resistencia: en 2020, las propias buscadoras fueron reprimidas por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en un episodio que retrató con crudeza el trato institucional hacia quienes buscan verdad y justicia.
El cierre de ese sexenio dejó en claro la magnitud del problema en el estado. El informe presentado por Causa en Común documentó el hallazgo de 253 fosas clandestinas y la recuperación de 536 cuerpos en Guanajuato. Sin embargo, estas cifras no provienen únicamente de fuentes oficiales, sino principalmente del seguimiento a medios de comunicación y organizaciones civiles. No es una falta de rigor del estudio, sino la ausencia de datos confiables por parte del Estado.
La opacidad fue marca del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bajo cuyo gobierno las desapariciones alcanzaron un récord histórico: 53,261 casos, un aumento del 64% respecto al gobierno de Peña Nieto y del 215% comparado con el de Calderón. La falta de información oficial ya se reconoció en la presente administración, lo que al menos marca un cambio frente al negacionismo previo.
En el caso de Guanajuato, si bien se reconoce que la entidad cuenta con varios laboratorios forenses, eso no ha significado un avance sustantivo en la identificación de cuerpos. El estudio Fosas clandestinas y comunes en Guanajuato, coordinado por el académico Fabrizio Lorusso, reveló que existen más de mil 700 cuerpos sin identificar: 825 en panteones municipales y 850 en el panteón forense de la Fiscalía General del Estado.
Aunque se han impulsado algunas políticas públicas, el esfuerzo ha sido limitado. Uno de los grandes pendientes del actual sexenio estatal es la consolidación del Centro de Identificación Forense, una promesa de campaña de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, de la que hasta ahora no se han dado mayores avances.
Sin embargo, sin una política nacional sólida, los esfuerzos locales difícilmente podrán sostenerse. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado señales de interés en fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda, pero desde la perspectiva de los colectivos, las reformas siguen siendo insuficientes.
El informe de Causa en Común plantea líneas claras para una política seria: restituir la independencia de la Comisión Nacional de Búsqueda; aumentar el presupuesto; dejar atrás la manipulación de cifras; fortalecer la capacidad forense, incluyendo el Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones; garantizar seguridad y apoyo a los colectivos; y, sobre todo, combatir la impunidad, asegurando que las fiscalías investiguen y judicialicen los casos.
Sin justicia, sin verdad y sin memoria, los desaparecidos seguirán siendo la deuda más dolorosa del Estado mexicano.
2.- La crisis hídrica que crece en Abasolo
Hasta ahora, la conversación pública sobre la crisis del agua en Guanajuato se ha concentrado, en gran medida, en lo que ocurre en el corredor industrial. Sin embargo, uno de los municipios que enfrenta una situación igualmente crítica —y que ha pasado casi desapercibida— es Abasolo. La problemática hídrica en esta región se agrava día con día, sin que hasta ahora se vislumbren soluciones de fondo ni una estrategia efectiva que permita revertir el deterioro.
En Abasolo, el abatimiento de los mantos freáticos ha provocado la aparición de fallas geológicas, incluso en la propia cabecera municipal. Las autoridades locales han identificado al menos ocho fallas que cruzan el territorio y que han comenzado a generar daños en infraestructura pública y privada. Se trata de un fenómeno silencioso, pero profundamente alarmante: la tierra literalmente se está hundiendo, producto de una sobreexplotación que ha sido sostenida durante décadas.
El gobierno municipal, encabezado por Job Eduardo Gallardo Santellano, tiene claras las implicaciones de este fenómeno: el agotamiento acelerado de los mantos complica seriamente el abasto de agua para la población. En un municipio como Abasolo, con alta dispersión poblacional y una fuerte dependencia de fuentes subterráneas, garantizar el acceso a agua potable en colonias y comunidades rurales representa un reto técnico, financiero y logístico de gran calado.
Ante la falta de cuerpos de agua superficiales que puedan representar una alternativa, una de las pocas salidas viables a corto plazo ha sido la perforación de nuevos pozos. Pero esta solución, lejos de ser definitiva, podría terminar agravando el problema: extraer más agua de un sistema ya colapsado solo acelera su deterioro. Además, estos nuevos pozos requieren la autorización de instancias federales, lo que implica trámites largos y burocráticos que retrasan aún más su puesta en marcha.
A esto se suma un componente aún más preocupante: la calidad del agua. En varias comunidades ubicadas cerca de los ríos Lerma y Turbio —como Paso de Canoas, Estación Abasolo, Los Morales, La Carroza, San José de Peralta, Piedras Negras, Matitas y Cerritos de Aceves— se ha detectado presencia de metales pesados en algunos pozos, producto de la contaminación que arrastran estos cuerpos de agua. No solo hay escasez, también hay riesgo sanitario.
3.- Uriangato perderá el rastro por posible fraude en el pasado
El gobierno municipal de Uriangato deberá entregar las instalaciones del rastro a un particular que acreditó ser el legítimo propietario del predio. La situación pone en jaque no solo la operación de un espacio que da servicio regional —a clientes de Uriangato, Moroleón, Yuriria y municipios del vecino estado de Michoacán—, sino también revela una cadena de irregularidades administrativas que podrían escalar a responsabilidades civiles y penales.
El conflicto legal se originó en 2020, cuando el entonces presidente municipal, Anastacio Rosiles Pérez, afirmó que el rastro ya estaba escriturado a favor del municipio. Sin embargo, durante el juicio se advirtió la presunta falsificación de documentos con los que se habría conseguido la escrituración. No es un tema menor, pues podría tener consecuencias legales.
La situación se torna aún más escandalosa cuando se conoce el trasfondo: Fue en 1988, durante el gobierno de Ramón Pérez García, que se compró el terreno, pero no hay documental que valide tal compra por la que se erogaron recursos públicos. Pérez García, que actualmente forma parte del gobierno municipal y con privilegios en su horario laboral al compartir horario con su otro trabajo como jefe de Sector 09 de Primarias Federales, debe explicaciones al gobierno actual de Juan Carlos Martínez Calderón.
A más de dos décadas de esa operación, las consecuencias alcanzaron al municipio. El actual gobierno aún no ha realizado la entrega del inmueble, pero los propietarios legítimos han manifestado su disposición para entablar negociaciones con miras a una posible venta. No obstante, el panorama es complicado. El presidente municipal ha reconocido las dificultades presupuestales y ha anticipado que buscará el respaldo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el fin de evitar que el inmueble se pierda definitivamente para el municipio.
Uriangato enfrenta el costo de la negligencia y la impunidad. Un ejemplo más de cómo la política local, cuando se maneja con ligereza, puede tener consecuencias duraderas.
Contra Retrato
Samantha Smith Gutiérrez
La presidenta municipal de Guanajuato capital retomó el diálogo con la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), Sarah Hoch, y se dio a conocer que ya trabajan en el posible regreso del festival, que durante años tuvo en la capital algunos de sus eventos más emblemáticos.
Sin embargo, hay indicios de que el regreso del GIFF se podría complicar para este 2025. El evento no fue contemplado en el presupuesto municipal de este año, lo que obligaría a realizar ajustes, es decir, “jalar la cobija” y desproteger otros proyectos. La propia Sarah Hoch dejó ver estas complicaciones tras su reunión con la alcaldesa al señalar que aún no hay un monto definido que se pediría al gobierno municipal, ni certeza sobre si volverían con el mismo nivel organizativo que tenían antes de dejar la capital.
Smith Gutiérrez ha mostrado disposición a escuchar y dialogar. Ahora resta ver si las negociaciones avanzan y si el GIFF regresa tras cinco años de ausencia. Otro tema en juego será la propia transformación del festival: garantizar que se mantenga como un proyecto cultural abierto y no como un negocio privado financiado con recursos públicos.
Una posibilidad que se analiza es que al menos haya presencia en el Teatro Juárez, aunque en ese caso el respaldo correspondería al gobierno del estado.
El solo hecho de que haya diálogo ya generó reacciones. La regidora de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Turismo, Liliana Preciado Zárate, expresó su respaldo al regreso del GIFF, destacando su impacto positivo en el sector hotelero y turístico de la capital.
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