Ciudad de México, México.– La imagen es brutal: una mujer con los huesos quebrados, atrapada en una rama sobre un río crecido, pidiendo ayuda.
Su nombre era Sara Millerey González Borja, tenía 32 años, y era una mujer trans colombiana. Fue golpeada, arrojada al agua y agonizó ante una multitud que eligió filmar en lugar de auxiliarla. El video de su tortura y muerte se viralizó en redes sociales y algunos medios de comunicación lo difundieron. Pero verlo, compartirlo o simplemente reenviarlo es una forma de violencia más.
Un crimen de odio que no fue anónimo
El 4 de abril, en el barrio Playa Rica del municipio de Bello, Antioquia, Sara fue atacada con una violencia que estremece: le quebraron los brazos y las piernas antes de lanzarla a la quebrada La García. Varias personas presentes impidieron su rescate.
“Decían que no la ayudaran”, relató un familiar a El Colombiano. Solo la intervención de la Policía permitió su traslado al hospital, donde falleció dos días después.
Lo que siguió fue la viralización masiva de un video que la muestra en plena agonía. Lejos de ser una denuncia, su circulación se transformó en un acto de revictimización. En redes sociales y plataformas de mensajería, la imagen de Sara convertida en espectáculo reavivó la violencia que la asesinó.
¿Qué dice de nosotros seguir viendo este tipo de imágenes?
“Cumple una función de escarmiento, una advertencia violenta hacia otras personas trans”, explica Li Cuéllar, codirectore del medio Sentiido, especializado en género y diversidad. “Ver y compartir ese video refuerza la idea de que las vidas trans valen menos, y lo que debe cambiar no es la identidad de quien sufrió, sino el sistema que lo permite”.
El video de Sara no es evidencia: la denuncia ya está hecha. Su familia pidió justicia, el gobierno ofreció recompensa para hallar a los responsables, y el caso generó repudio nacional. Lo que falta no es difusión, sino respeto.
Una violencia sistemática y estructural
La historia de Sara no es aislada. En lo que va del año, al menos 24 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia, y 14 de ellas eran trans. Organizaciones como Caribe Afirmativo y el Colectivo León Zuleta advierten que los ataques no solo buscan silenciar: intentan borrar a estas personas de la sociedad.
Jesusa Ramírez, activista trans, lo explica con crudeza:
“La violencia hacia las personas con experiencia de vida trans va en aumento. Hay grupos armados que hablan de ‘limpiezas sociales’. Consideran que somos un peligro para sus municipios”.
Ver el video no es justicia, es espectáculo
La reproducción constante del sufrimiento de Sara no es una forma de pedir justicia, sino una forma de consumir violencia. Muchas veces disfrazada de empatía o denuncia, esta circulación refuerza un mensaje de impunidad y normaliza el horror.
“La saña en los crímenes de odio tiene un mensaje: imponer miedo, disciplinar, deshumanizar”, señala Cuéllar. “Y cuando esa imagen se convierte en morbo viral, en clicks, en comentarios cargados de odio, se repite esa violencia una y otra vez”.
Medios, redes y responsabilidad
El rol de los medios de comunicación ha sido clave. Aunque la cobertura mediática fue amplia, no todos los abordajes fueron respetuosos. Algunos medios difundieron el video, usaron el nombre jurídico de Sara —que ya no era su identidad—, y reprodujeron discursos patologizantes o justificatorios.
“Muchos medios, que antes ignoraron los llamados de atención, difundieron la noticia pero no cuidaron la memoria de Sara”, lamenta Jesusa. “Publicaron su identidad asignada al nacer, revictimizaron su historia, y algunos hasta se atrevieron a decir que ‘se lo buscó’”.
¿Qué podemos hacer como sociedad?
La respuesta está en un cambio profundo: de la empatía pasiva al compromiso activo. Y eso empieza, también, por no compartir contenido violento. No necesitas ver a Sara sufrir para sentir indignación. Su vida, su alegría, su lucha por terminar el bachillerato y mostrarse como reina en su comunidad, son suficientes razones para pedir justicia.
Justicia y memoria, no morbo
Hoy, colectivos y familiares exigen justicia. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bello ofrecen una recompensa de más de 100 millones de pesos para dar con los responsables. La Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI se reunirá en Bogotá el 23 de abril para abordar la violencia sistemática.
Sara no fue solo una víctima. Fue una persona querida, alegre, orgullosa de quién era. Lo que hoy se necesita no es más exposición de su dolor, sino respeto por su vida y por todas las vidas trans que siguen en peligro.