Guanajuato, Gto.- Con el apoyo incluso de legisladores panistas, se aprobó en el Congreso del Estado de Guanajuato un exhorto propuesto por Morena para que se elimine el bono denominado “gratificación por fidelidad”, que recibió el exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre.
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo recordó que el pasado 1 de abril de 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato una modificación al reglamento interior de la Fiscalía General del Estado, en la que se adicionó un capítulo relativo a un Sistema Complementario de Seguridad Social.
La legisladora explicó que dicha modificación contempla una prestación complementaria al término del servicio, consistente en un apoyo a favor del personal de la Fiscalía General, que no existe para la inmensa mayoría de las personas trabajadoras del Estado. Este apoyo consiste en una prestación adicional por jubilación o vejez, complementaria a la del ISSEG, así como una “gratificación por fidelidad”, entregada en una sola ocasión al personal que, al concluir su encargo, no tenga posibilidad de jubilarse a través del ISSEG.
Aguilar Castillo reveló que la Fiscalía se negó a proporcionar información sobre cuántas personas servidoras públicas habían recibido este tipo de apoyo, argumentando que se trataba de datos inherentes al personal de la institución. No obstante, una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó la entrega de los datos.
“De acuerdo con la información remitida, la suma total pagada por el concepto de gratificación por fidelidad al término del cargo asciende a 14 millones 397 mil pesos, incluyendo un pago de 3 millones 922 mil 209.72 pesos al exfiscal Carlos Zamarripa”, detalló.
Aguilar Castillo advirtió que dichas gratificaciones afectan la operatividad presupuestal de la institución, ya que la Fiscalía General del Estado no cuenta con la capacidad financiera para garantizar esta prestación a todo su personal. La obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
Incluso intervinieron para apoyar la propuesta el panista Juan Carlos Romero Hicks, el emecista Rodrigo González Zaragoza y el morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
Ramos Sotomayor señaló que el monto recibido por el exfiscal equivale a 13 mil 988 días de salario mínimo y que dicha suma permitiría cubrir 4 mil 377 veces el costo de una canasta básica en Guanajuato.
Agregó que no se trata de una gratificación, sino de un “robo descarado” a la ciudadanía, y criticó que durante 15 años se haya favorecido la permanencia del exfiscal, en perjuicio de la seguridad y el bienestar de la entidad.
Por su parte, Rodrigo González Zaragoza apuntó que en los organismos autónomos se ha malinterpretado el concepto de autonomía, y que debe exigirse transparencia en todos los niveles, “desde la compra de un lápiz hasta casos como este”.
Finalmente, el legislador Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que es necesario revisar el diseño institucional, ya que todas las instituciones son perfectibles, y expresó su respaldo a realizar modificaciones internas.
Dijo que La ley General de Seguridad Pública está por encima de los ordenamientos locales, y señala excepciones y apoyos de seguridad social específicamente para este tipo de personas; mientras que, la Ley Orgánica vigente de la fiscalía señala otros aspectos.
Sostuvo que las personas que laboran en esa institución están sujetas a un régimen que siempre será perfectible y que en eso necesitaban establecer ciertos aspectos técnicos elementales entre los que mencionó que los derechos laborales son irrenunciables; lo que era el salario nominal o tabular y el salario integrado; las condiciones especiales en este régimen que el propio ordenamiento nacional establece se refieren a personas que están sujetos a lesiones a accidentes y hasta la muerte.
Al ser sometido a votación, el punto de acuerdo fue aprobado en lo general, pero l votarse en lo particular, Romero Hicks planteó una reserva para conciliar cuál es el marco jurídico y el marco técnico. Su propuesta fue para que el acuerdo queda así:
“Primero. El Congreso del Estado de Guanajuato exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado para que, dentro de su autonomía técnica y de gestión, revise integralmente el régimen laboral, las condiciones generales de trabajo, percepciones, prestaciones de su personal, así como al sistema complementario de seguridad social”.
Y la segunda aparte “El Congreso del Estado de Guanajuato exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado para que implemente acciones de transparencia proactiva relacionadas con el diseño y aplicación del Sistema de Compensaciones y Prestaciones, así como del sistema complementario de seguridad social”.
La congresista Hades Berenice Aguilar Castillo se pronunció en contra de la reserva. Argumentó que su propuesta partía de afirmar que las prestaciones complementarias son ilícitas e inmorales, y que no rechazar esas prestaciones complementarias y dejar a la discreción de la Fiscalía para que las revise, deslegitima al Poder Legislativo para que su facultad de control sea reducida a lo intrascendente. Sin embargo, la reserva propuesta por el panista fue avalada por mayoría de votos.
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