Celaya, Gto.- Luego de que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) pidió a los negocios instalados en la explanada del Parque Morelos en Celaya que desalojaran los locales antes del día 31 de marzo, ninguno de los arrendatarios lo hizo, por lo que el municipio los asesorará legalmente.
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez señaló que el gobierno municipal les brindará asesoría jurídica a los comerciantes y servirá de intermediario entre ellos y las autoridades del ISSEG, que es la concesionaria del estacionamiento subterráneo.
“Toda la gente no firmó, ahí está la gente. Dicen que yo les dije que no se salieran y nadie se salió, y ahí están, los vamos a defender. No he hablado con la directora del ISSEG, pero parece que hoy o mañana vamos a platicar de ello. Nosotros ya tenemos una valoración con mi equipo jurídico, con Desarrollo Urbano, Obras, y vamos a reiterarles que todas las fallas que hay se pueden reacomodar”, señaló el alcalde.
Ramírez aclaró que el tema del arrendamiento y el desalojo de los locales es un asunto entre particulares, pero la injerencia del municipio es porque la explanada del estacionamiento subterráneo le corresponde al municipio.
Puntualizó que el ISSEG quiere derrumbar el estacionamiento subterráneo y no permitirán que “se quede el hoyo”. De ser necesario, el municipio iniciaría una controversia legal.
“Claro que los vamos a apoyar porque es gente de Celaya. Les decimos que es un problema entre particulares, no es un problema entre nosotros. Nosotros vamos a intervenir porque la plancha de arriba es de nosotros. Haríamos una controversia porque ellos nos tienen que decir qué van a hacer y cuánto se van a tardar, porque no queremos tener ahí un hoyo eterno. Ya tenemos mucho con el puente eterno, y ahora, ¿ni modo que vayamos a tener un hoyo eterno? No queremos eso”, mencionó.
El ISSEG mandó un aviso a los locatarios, en el que les indicó que se daba por terminado el contrato de arrendamiento con efectos al 31 de marzo, y que tenían que desalojar el establecimiento que rentan. Sin embargo, tras la inconformidad de los locatarios y las autoridades municipales, el ISSEG les dio la oportunidad de quedarse hasta que termine su contrato de arrendamiento, que en algunos casos es en septiembre o hasta diciembre.
El alcalde dijo que en ese tema, los locatarios tendrán que interponer una demanda civil.
“Nosotros no tenemos que ver, pero vamos a apoyar a todos los negocios que están ahí alrededor, incluyendo la oficina de Jumapa”, mencionó.
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