Madres buscadoras, grupos de gente que tiene algún desaparecido, padres que se dedican a la penosa tarea de indagar dónde podrá aparecer algún dato que les dé luz sobre su ser querido tienen una tarea doblemente angustiante: no siempre quien busca encuentra y en este país cuentan con un apoyo ínfimo. Escuchaba al senador Beltrones decir que en el estado de Sonora se les ayuda a los buscadores dándoles picos y palas, como si los diferentes niveles de gobierno no se dieran cuenta de los riesgos que tienen estos grupos.
Quienes buscan están asumiendo una actividad que es una responsabilidad del Estado Mexicano. Parece que las autoridades han decidido ni verlos ni oírlos ni recibirlos: quieren invisibilizarlos. Y, a pesar de esta indiferencia dolorosa, siguen en su afán y no paran de buscar. Es terrible esta realidad que refleja de cuerpo entero un autoritarismo que recuerda al pueblo en sus discursos, al momento de pedir votos y luego ni te veo ni te oigo.
Los números son objetivos y nos ayudan a dimensionar el problema: en nuestro estado, Guanajuato, sólo catorce personas defensoras de derechos humanos que buscan a sus familiares desaparecidos están protegidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Otro dato que indigna: de las casi doscientos cincuenta personas buscadoras con resguardo, el alrededor del sesenta y dos por ciento se concentra en siete estados de la República. Guanajuato figura entre los principales junto con Michoacán y Veracruz.
Al son de si no lo veo no existe, la labor de estos grupos enfrenta constantes amenazas. En los últimos años, muchos han sido objeto de chantajes, vigilancia, agresiones físicas o incluso han perdido a seres queridos en actos de violencia vinculados a su labor. En algunos casos el crimen organizado ha hecho de las suyas y en otros son las propias autoridades han sido identificados como agresores. Este es el drama que viven quienes buscan.
De acuerdo con los datos revelados por la redacción de este periódico, entre 2024 y 2025, las desapariciones en Guanajuato aumentaron un casi un treinta por ciento ubicando al estado en el séptimo lugar a nivel nacional. Peor aún, Guanajuato lidera las cifras absolutas de estos delitos en México, reflejando el impacto del crimen organizado.
Sentimos indignación cuando nos enteramos de casos como el de las buscadoras que se denominan como: “A tu encuentro”. Viajaron al horror de Teuchitlán con la esperanza de toparse con alguna información. Eso sí, fueron por sus propios medios, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. Y así, nos topamos con múltiples casos que ejemplifican el abandono y la desesperación de las familias. Es lamentable la triste realidad que viven estos grupos: las autoridades no toman medidas concretas para resolver los casos, dejan a los colectivos de búsqueda solos para que sean ellos quienes operen como los verdaderos impulsores de la búsqueda.
Para quienes buscan no hay consuelo en palabras que se lleva el viento ni en promesas que tienen la consistencia de la saliva de quien las pronuncia. El número de víctimas sigue en aumento, con al menos nueve buscadoras asesinadas en los últimos diez años. La reciente muerte de Magdaleno Pérez Santes, padre buscador, es un ejemplo más de la creciente violencia contra quienes exigen justicia por los desaparecidos. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que nuestras autoridades les presten atención a estos grupos que además de estar haciendo la labor que le corresponde al Estado, se ponen en riesgo?
Las desapariciones siguen siendo una crisis alarmante. Con cerca de doscientos colectivos de búsqueda en todo el país, las familias luchan contra la indiferencia del gobierno, cuyos esfuerzos continúan siendo insuficientes ante las desapariciones de miles de personas. Esa es la dolorida realidad que enfrentan quienes buscan.