1.- Menos deportaciones de guanajuatenses, pero con reservas
El regreso de Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos ha traído consigo un endurecimiento de las políticas migratorias, anticipando un incremento en las deportaciones de connacionales, lo que encendió alarmas en México. Incluso en ciudades consideradas santuarios, como Chicago, Illinois, donde autoridades se habían negado a colaborar con el gobierno de Trump en materia migratoria, se registraron redadas.
A nivel nacional, las cifras reflejan un aumento en las deportaciones desde enero, mes en el que 14,319 mexicanos fueron devueltos al país, un 4.5% más que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, en el caso de Guanajuato, los números muestran una tendencia a la baja.
Según datos de la Subsecretaría de Atención al Migrante del Gobierno del Estado, encabezada por Susana Guerra Vallejo, en enero de este año fueron deportados 833 guanajuatenses, una cifra menor en comparación con los 1,023 de enero de 2024 y los 1,125 de enero de 2023. Aunque estos datos pueden parecer alentadores, deben interpretarse con cautela, ya que reflejan solo el inicio del nuevo mandato de Trump. A pesar de su llamado a incrementar las deportaciones, las autoridades migratorias estadounidenses enfrentan limitaciones de personal y logística para llevarlas a cabo a gran escala.
El informe de la Subsecretaría, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, indica que, hasta el 13 de marzo, en sus oficinas en Estados Unidos se brindó apoyo a 231 guanajuatenses en riesgo de deportación: 72 en Chicago, 38 en Los Ángeles, 68 en Atlanta, 31 en San Antonio y 22 en la oficina central.
De aquellos que ya fueron deportados, se atendió a 133 personas, de las cuales 71 eran menores y 62 adultos. Esto revela que las deportaciones no solo afectan a trabajadores migrantes, sino también a familias completas. De hecho, según las autoridades locales, todos los menores deportados estaban acompañados, lo que plantea serios desafíos para el futuro de estas familias que ahora buscan desarrollarse en Guanajuato.
Los municipios con mayor número de deportados que recibieron apoyo son: Jerécuaro (20), Pénjamo (12), San Felipe (9), Romita (7), Abasolo (6), Victoria (6), Celaya (5), León (5), San Miguel de Allende (5), Acámbaro (4), Jaral del Progreso (4) y Salamanca (4).
No obstante, otros registros evidencian la necesidad de una respuesta todavía más activa por parte de las autoridades estatales. Según la Unidad de Política Migratoria del Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, fueron deportados 97 menores guanajuatenses. De estos, 59 tenían entre 12 y 17 años, y 40 no estaban acompañados. Además, 38 menores de 11 años fueron deportados, aunque todos acompañados. Con estas cifras, Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en deportación de menores, solo por detrás de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. ¿Los menores están identificados? ¿Qué alternativas les ofrecerá el gobierno estatal?
2.- ¿Existen campos de exterminio en Guanajuato?
El secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, descartó la existencia de campos de exterminio en la ciudad. Sin embargo, aunque con cautela, precisó ante la prensa que, al menos en sus recorridos, no se han localizado. Sus declaraciones parecen aventuradas si se contrastan con las propias detenciones realizadas por la Policía Municipal y los hallazgos de colectivos de búsqueda.
El pasado 27 de febrero, la Secretaría de Seguridad difundió la detención de una presunta célula criminal integrada por seis personas, todas originarias de otros estados. Además, se les aseguraron varias armas largas, entre ellas rifles AR-15 y AK-47, así como más de 450 cartuchos. En su informe, se detalló que la detención ocurrió en Hacienda Arriba: “Mientras patrullaban por la carretera, los policías observaron una camioneta estacionada. A un costado de la misma, se encontraban unos hombres con lo que parecían ser armas largas”. La propia narración de la captura evidencia la relativa “normalidad” con la que operan los delincuentes en esa zona.
En abril de 2022, un colectivo de búsqueda localizó 11 cuerpos en un predio de Hacienda Arriba. El hallazgo se dio en un terreno bardeado con una casa en obra negra. Cinco de los 11 cuerpos ya fueron identificados, aunque la última actualización de la Fiscalía del Estado data de abril de 2023.
Las autoridades municipales han reconocido las dificultades que presenta esta zona colindante con Jalisco, algo que también reflejan las acciones de la Policía. Además, es uno de los accesos a la Sierra de Lobos, una región que complica el mapeo efectivo de las actividades ilícitas. A poca distancia, ya en territorio jalisciense, Comanja de Corona ha sido escenario de múltiples reportes vinculados al crimen organizado. Uno de los casos más mediáticos ocurrió en noviembre de 2020, cuando la FGR aseguró un arsenal y precursores químicos, entre los que se incluían fusiles Barret.
Cuando parecía que la violencia había alcanzado su límite, el hallazgo de madres buscadoras en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, abre nuevas interrogantes. ¿Existen más campos de exterminio en el país? ¿Particularmente en Guanajuato, un estado marcado por la violencia y la disputa entre grupos criminales?
3.- Debate sobre el aborto en Guanajuato: un foro incómodo para el Congreso
Hace una semana, el Congreso del Estado de Guanajuato fue sede de un foro en el que se discutieron las reformas para garantizar la interrupción legal del embarazo en la entidad. El evento, titulado “Por el Derecho a Decidir en Guanajuato”, fue impulsado por colectivas feministas y la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco.
El foro se realizó como antesala a la mesa de trabajo de la Comisión de Salud, donde se analizan dos iniciativas relacionadas con el tema. A pesar de tratarse de un ejercicio de escucha ciudadana, no estuvo exento de resistencias dentro del Congreso. Fuentes cercanas a la organización del evento señalaron que la diputada de MC fue amenazada con la cancelación del encuentro.
Incluso, en las redes sociales del Congreso se difundió un comunicado en el que se deslindaba del foro y de las organizaciones de la sociedad civil participantes, argumentando que la agenda institucional se apega exclusivamente a las comisiones legislativas y los grupos parlamentarios. El trasfondo de este mensaje refleja la incomodidad que generó el evento entre algunos sectores de la llamada “casa del pueblo”.
Finalmente, el foro se llevó a cabo y las agrupaciones a favor de la interrupción legal del embarazo expusieron sus argumentos. Sin embargo, organizaciones contrarias a la reforma, que también estaban contempladas en el evento, decidieron retirarse antes de presentar su postura, alegando falta de equidad en el debate.
Más allá de las posturas a favor o en contra del aborto, este episodio deja en evidencia las resistencias que enfrentan las iniciativas para garantizar el derecho a decidir en Guanajuato, así como el nerviosismo dentro del panismo ante la posibilidad de un cambio en la legislación.
CONTRA RETRATO
Libia Dennise García Muñoz Ledo
La gobernadora presentó el Programa de Gobierno 2024-2030, estructurado en seis ejes estratégicos: tranquilidad, igualdad, confianza, vocación, prosperidad y armonía. Las acciones en cada eje fueron definidas a partir del análisis de las respuestas de más de 26 mil ciudadanos.
La principal demanda de los guanajuatenses es la seguridad, con un abrumador 82.22% de los encuestados señalándola como su mayor preocupación. Otro hallazgo relevante es la desconfianza en el gobierno: el 63.18% de los ciudadanos enfatizó la necesidad de una administración transparente y confiable. En tercer lugar, la equidad de oportunidades y la inclusión social fueron consideradas prioritarias por el 60.30% de los encuestados. Le siguen el desarrollo educativo y cultural, con un 52.23%; la generación de empleo y el crecimiento económico, con un 51.19%; y, finalmente, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, con un 40.88%.
El orden de estas prioridades refleja la realidad ineludible de Guanajuato: la ciudadanía exige, antes que cualquier otra cosa, seguridad y un gobierno confiable. La prosperidad, que fue una de las banderas del sexenio anterior, parece haber cedido su lugar en la agenda social ante la urgente necesidad de estabilidad y transparencia institucional.
Por cierto, el uso de la inteligencia artificial en la construcción del programa de gobierno resulta interesante. A nivel internacional, su implementación en políticas públicas es una tendencia, especialmente para procesar y sistematizar grandes volúmenes de información. Sin embargo, también presenta desventajas. Según el estudio “Ventajas y desventajas del uso de la Inteligencia Artificial en el ciclo de las políticas públicas: análisis de casos internacionales”, de Eugenio Arguelles Toache, investigador de la UNAM, el uso de IA puede generar exclusión, sesgos en las estimaciones, falta de privacidad y poca transparencia. Un apunte sobre las discusiones sobre el uso de IA, que cada vez serán más cotidianas.