Guanajuato, Gto.- La Plataforma por la Paz y la Justicia advirtió sobre la existencia de centros de exterminio operados por grupos criminales en distintas zonas de Guanajuato, los cuales, desde 2020, han sido identificados de forma oficial por autoridades como la Fiscalía del Estado de Guanajuato e incluso por la Guardia Nacional.
Esto se dio a raíz del hallazgo de un centro localizado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde la Guardia Nacional realizó cateos en septiembre del año pasado. Incluso, por informes de sobrevivientes, se sabía de sus operaciones desde 2018. Sin embargo, no fue hasta la intervención de colectivos de búsqueda en la zona hace dos semanas que se descubrieron las cientos de pertenencias, restos humanos y otros indicios de la desaparición masiva de personas.
A través de un posteo en su cuenta de Twitter, la Plataforma recordó que la FGE tiene hallazgos de centros de exterminio en la zona de Cerro Prieto, en Moroleón, y en Comanja de Corona, en la parte perteneciente al municipio de León, además de testimonios de sobrevivientes que lograron huir de campos de reclutamiento en Sierra de Lobos, dentro del municipio de León.
“Hay investigaciones e información pública de la misma Fiscalía, que relata la presencia en Guanajuato de llamados contextos de hallazgo de destrucción, lo que quiere decir que son sitios donde se calcinan restos humanos y se destruyen cuerpos de diferentes maneras. Hasta 2022, dos de estos sitios en Moroleón y aquí en León fueron identificados. Esta es información pública. También algunos testimonios de colectivos y de otras fuentes relatan la presencia de campos de entrenamiento, como en Sierra de Lobos, y en Salvatierra lo documentó la Guardia Nacional de manera oficial entre 2022 y 2024. No es un fenómeno que hay que ignorar ni solapar, sino tomar conciencia de que puede existir y tratar de resolver la problemática”, expresó Fabrizio Lorusso.
Otros hallazgos publicados por la Fiscalía corresponden a fosas diacrónicas donde se documentó la destrucción de cuerpos en sitios como la presa del Conejo, en Irapuato, el Barrio de San Juan en el centro histórico de Salvatierra, El Cerro del Toro en Acámbaro y la comunidad de El Sauz, en Celaya. Estos lugares fueron utilizados durante meses y se hallaron indicios de hasta 80 personas en enterramientos clandestinos.
Lorusso dijo que la exigencia hacia las autoridades estatales frente a estos hallazgos es que se creen bases de datos con registros de los hallazgos realizados en estas zonas, que permitan a las familias identificar a sus personas desaparecidas, así como información clara y sin tecnicismos que permita dimensionar la magnitud del problema.
“El llamado es, por un lado, a tener un registro de esta información, ya que faltan los registros oficiales de fosas comunes, también el estado del plan de exhumaciones, porque hay centenares de cuerpos no identificados, y sobre todo el registro de fosas clandestinas que no existe ni a nivel federal, como lo manda la ley. Y el registro de personas desaparecidas y no localizadas de forma pública, con la idea de abonar a la claridad y a la transparencia, sin usar lenguajes técnicos como hemos visto en el pasado. Ojalá no se repita el patrón de ocultamiento a través de tecnicismos, sino que se pueda encarar la realidad”, puntualizó.
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