Ciudad de México, México.– Desde principios de marzo, México ha sido sacudido por las aterradoras revelaciones de un centro de operaciones vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre, ubicado en la región agrícola de Teuchitlán, Jalisco.
La finca, que parecía ser un terreno común, ha sido vinculada a prácticas de reclutamiento y entrenamiento forzado de jóvenes, así como al asesinato de aquellos que se interponían en el camino de la organización criminal.
La difusión de imágenes de cientos de zapatos, huesos calcinados, casquillos de bala y cartas de despedida encontradas en el rancho ha generado una fuerte conmoción en la sociedad mexicana. Sin embargo, lo que ha dejado perplejos a muchos es que el lugar ya había sido inspeccionado por autoridades militares y policiales en septiembre de 2024, sin que en ese momento se encontraran pruebas significativas de la magnitud de los crímenes cometidos en ese sitio.
Este mes, gracias a las pistas proporcionadas por llamadas anónimas, la organización civil Guerreros Buscadores de Jalisco, conformada por familiares de desaparecidos, pudo regresar al lugar y descubrir fosas clandestinas con restos óseos calcinados. La búsqueda ha arrojado pruebas de que este terreno fue utilizado no solo como un campo de exterminio, sino también como un centro de entrenamiento para jóvenes reclutados por el CJNG, con indicios de torturas y otras atrocidades.
La conexión con el crimen organizado
El Rancho Izaguirre tiene alrededor de 10.000 metros cuadrados de extensión y está rodeado de tierras de cultivo. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional llevó a cabo un operativo en el lugar y detuvo a 10 personas, rescatando a dos secuestrados y encontrando un cadáver. Sin embargo, después de varias semanas de investigación con equipos especializados, no se detectaron los elementos clave que revelaran la magnitud de los crímenes que allí se habían cometido.
Todo cambió cuando Guerreros Buscadores de Jalisco, con la información proporcionada por las llamadas anónimas, logró localizar restos calcinados en fosas y evidencia de un macabro modus operandi que incluía ocultar los cuerpos bajo losa de ladrillo y tierra. Además de los restos humanos, se encontraron prendas de vestir, mochilas, y hasta cartas de despedida escritas por los mismos secuestrados o jóvenes reclutados por la organización criminal.
El hallazgo ha generado un fuerte debate sobre la eficacia de las investigaciones iniciales realizadas por las autoridades locales y estatales. El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, cuestionó cómo no se había identificado la magnitud de los crímenes antes, calificando de “insuficientes” las primeras investigaciones. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó que el caso sea tratado a nivel federal y pidió esclarecer lo ocurrido para deslindar responsabilidades.
Además, algunos funcionarios locales han solicitado ser investigados por su posible complicidad, mientras que otros, como el alcalde de Teuchitlán, se muestran dispuestos a colaborar en la investigación.
Una nueva modalidad de reclutamiento y exterminio
Lo que ha asombrado a las autoridades y a la sociedad mexicana es la confirmación de que el rancho fue utilizado como un centro de entrenamiento para jóvenes reclutados por el CJNG. Se sospecha que miles de jóvenes han pasado por ese lugar, siendo sometidos a entrenamientos físicos y tácticos, y algunos de ellos, lamentablemente, habrían terminado siendo asesinados o vendidos como víctimas de trata de personas.
Además de los hallazgos de ropa y objetos personales, los miembros de Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron libretas con nombres, fotografías y cartas de despedida escritas por las víctimas. En una de ellas, firmada por Eduardo Lerma Nito, se lee:
“Si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo”.
La violencia y el sufrimiento que han experimentado estas personas, en su mayoría jóvenes, resalta la brutalidad de los grupos criminales que operan en el país. La organización Tejiendo Redes Infancia ha denunciado que cada año entre 30.000 y 35.000 menores son víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, lo que ha dejado una huella dolorosa en las familias mexicanas.
La nueva evidencia encontrada en el Rancho Izaguirre se suma a una larga lista de casos similares en el país, en los que los grupos criminales han utilizado instalaciones para desaparecer a personas y entrenar a sus comandos. En 2009, el cartel de Tijuana fue vinculado con el caso de disolución de cuerpos en soda cáustica, otro de los crímenes más macabros de los últimos años en México.
La Fiscalía de Jalisco ha admitido que las primeras investigaciones fueron insuficientes y se ha comprometido a realizar una investigación exhaustiva. Mientras tanto, familiares de víctimas y organizaciones civiles continúan exigiendo justicia y transparencia, con la esperanza de que los responsables, incluidos aquellos que podrían estar vinculados con el crimen organizado y la política, enfrenten las consecuencias de sus acciones.