Guanajuato, Gto.- La Comisión de Gobernación inició el análisis de dos iniciativas de reforma al Poder Judicial que buscan modificar la Constitución local para armonizarla con los cambios normativos a nivel federal. Durante la sesión, jueces, magistrados, representantes de Derechos Humanos y del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato expusieron sus posturas.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks destacó que ambas propuestas coinciden en temas como la impartición de justicia pronta, completa e imparcial; la elección libre, directa y secreta de jueces y magistrados; los requisitos para ocupar estos cargos; la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como en las facultades del Congreso del Estado, el gobernador y el Supremo Tribunal de Justicia en la selección de candidatos.
Sin embargo, señaló que aún hay puntos de debate, como el haber de retiro, la figura de magistrados supernumerarios, la defensa pública de los juzgadores ante el Tribunal de Disciplina Judicial, la segunda instancia de este tribunal y la creación de un Tribunal Constitucional.
La diputada María Eugenia García Oliveros enfatizó que la reforma federal busca garantizar principios de austeridad, democratizar el Poder Judicial y combatir la corrupción y el nepotismo. Recordó que, ante el mandato de armonizar la legislación local, su grupo parlamentario presentó una iniciativa en la materia.
Jueces y magistrados señalaron que actualmente el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial son encabezados por una sola persona, pero para 2027 habrá tres órganos, lo que requiere definir quién representará al Poder Judicial. También expresaron su preocupación por las amplias facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que consideran inadecuado que una sola persona tenga funciones de investigación, substanciación y resolución en los procedimientos sancionadores.
Otro tema de inquietud fue la figura de magistrados supernumerarios, pues su eliminación podría generar problemas en la cobertura de ausencias temporales y afectar el servicio de impartición de justicia. Además, solicitaron que la segunda instancia del Tribunal de Disciplina Judicial sea independiente y que haya igualdad de prestaciones entre jueces y magistrados.
La representante del Instituto Estatal Electoral, Yari Zapata López, afirmó que la Constitución federal no define aún cómo se dividirán los distritos electorales, lo que deberá resolverse mediante un análisis profundo y una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por su parte, el Tribunal Estatal Electoral advirtió que la reforma federal ha generado dificultades operativas que deben considerarse en la legislación local.
Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, advirtió que algunos aspectos de la reforma podrían comprometer la independencia judicial y afectar la protección de derechos humanos. En el mismo sentido se pronunció un representante del Tecnológico de Monterrey.
Romero Hicks subrayó que es necesario definir qué aspectos deben incluirse en la Constitución y cuáles en leyes secundarias. En tanto, la diputada Susana Bermúdez Cano destacó que el Poder Judicial de Guanajuato es reconocido a nivel nacional e internacional y que la reforma debe partir de la realidad local, conservando lo que funciona y mejorando lo que tiene áreas de oportunidad.
Finalmente, la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla enfatizó la trascendencia de la reforma, ya que impactará la vida de los 6 millones de habitantes del estado. Afirmó que el objetivo es lograr una justicia pronta e imparcial, tomando como base la reforma federal, pero adaptándola a las necesidades de Guanajuato.
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