1.- Se apaga el fuego de conflicto magisterial en Guanajuato
Las movilizaciones y bloqueos de docentes en Guanajuato por los descuentos vía nómina marcaron una de las primeras crisis del gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo. Los maestros exigieron transparencia y explicaciones, ya que en algunos casos los descuentos ascendían a miles de pesos.
El secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, adoptó el “no fue en mi año, no fue en mi daño” y no intervino en el conflicto. Ante su ausencia, el gobierno estatal recurrió al secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien atendió a los maestros inconformes y dio seguimiento a sus reclamos. Mientras tanto, el líder sindical Juan Rigoberto Macías optó por no enfrentar los cuestionamientos, evidenciando un liderazgo cuestionable.
Este miércoles, Jiménez Lona se reunió con representantes de la Sección 45 del SNTE. Fuentes cercanas consideran que la crisis magisterial está prácticamente resuelta. Cabe recordar que el SAT determinó que los incrementos salariales de los docentes en el sexenio de López Obrador, provocaron un aumento en la tasa del ISR, lo que llevó a los descuentos por montos no cubiertos y generó el conflicto.
Sin embargo, la Secretaría de Educación de Guanajuato también fue señalada por no realizar correctamente los cálculos, siendo responsable solidaria en el manejo de la nómina. Los maestros exigieron que la SEG asumiera el pago de los montos no cubiertos y detuviera los descuentos, que consideraban ilegales por ser retroactivos. Aunque esto no sucedió, sí derivó en una investigación interna en el gobierno estatal.
La Secretaría de la Honestidad, encabezada por Arcelia María González González, lleva a cabo las indagatorias para determinar si hubo omisiones en la SEG que provocaron esta crisis, al no aplicar correctamente los descuentos en su momento. La investigación no surgió solo por iniciativa de González González, sino que los propios maestros presentaron oficios solicitando que se revisaran posibles irregularidades.
Aunque la intervención de Jiménez Lona parece haber calmado las aguas en la relación con el magisterio, aún queda por esclarecer si el origen del problema estuvo dentro de la SEG y la pelota ahora está en la cancha de la Secretaría de la Honestidad.
2.- Denuncian abandono de gobierno tras accidente causado por policías
La noche del sábado, un accidente en la Avenida Miguel Alemán, en León, involucró a un automóvil particular y una patrulla de la Policía Municipal. El fuerte impacto dejó con graves lesiones a un hombre y una mujer que viajaban en el vehículo.
Según los afectados, el gobierno municipal no ha mostrado acercamiento y mucho menos la Secretaría de Seguridad de León, a cargo de Jorge Guillén Rico. Además, luego de que se difundiera que la patrulla tenía las torretas encendidas porque iba a atender un reporte, uno de los lesionados lo desmintió y aseguró que la patrulla circulaba en sentido contrario, sin ningún aviso precautorio.
“Gracias a Dios estamos vivos para contarlo. No es justo que, por la negligencia de los policías ocurran estos accidentes. No es la primera vez que pasa en León. Exigimos que el municipio se haga cargo de todos los gastos y que nuestra alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, tome cartas en el asunto y haga justicia”, expresó uno de los afectados.
La imprudencia de algunos elementos de seguridad ha provocado accidentes que, incluso, ponen en riesgo sus propias vidas. Apenas el lunes, policías intentaron ganarle el paso al tren y fueron embestidos en la comunidad El Suspiro.
La búsqueda de resultados no puede traducirse en imprudencia ni poner en riesgo a quienes deben ser protegidos, al igual que la seguridad de los propios agentes. Es fundamental que las autoridades garanticen que sus movilizaciones se realicen con protocolos adecuados, evitando que la negligencia derive en tragedias, como casi ocurre con el caso mencionado.
El gobierno municipal envió su postura a esta columna, en la que se reconoce que la responsabilidad del accidente fue de los policías y se está siguiendo el proceso de la aseguradora, en tanto están intentando hacer contacto con los afectados para apoyar con servicios complementarios: “Reiteramos que asumimos la responsabilidad de nuestros oficiales y la Presidencia Municipal responderá por todo lo necesario a los afectados”.
3.- Sin logros que destacar, pero dobleteando: CPC
Juana López Ayala, integrante del cuestionado Comité de Participación Ciudadana (CPC), mantiene un proceso legal contra la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) tras su salida voluntaria para integrarse al CPC, donde percibe un salario de aproximadamente 100 mil pesos mensuales. Nada mal, considerando que López Ayala ganaba poco más de 40 mil en la ASEG. Sin embargo, al no recibir el finiquito que esperaba, decidió demandar.
Además, es docente de tiempo parcial en la Universidad de Guanajuato, donde, según el tabulador oficial, podría recibir cerca de 20 mil pesos mensuales. En total, López Ayala suma más de 100 mil pesos al mes.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato establece que los integrantes del CPC no deben tener otro empleo que les impida el libre ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿en qué momento trabajan para coadyuvar en el combate a la corrupción? ¿Cuáles han sido sus logros en el CPC?
La misma ley les permite opinar y hacer propuestas sobre la política estatal, pero en lugar de visibilizar cómo la corrupción afecta a las mujeres o impulsar acciones que promuevan un entorno libre de corrupción, el CPC optó por organizar una clase de defensa personal en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La clase será impartida por personal de la Fiscalía General del Estado y, además del CPC, la promueve la División de Ciencias Económico Administrativas de la UG, donde Juana López Ayala y otro integrante del Comité, Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, son docentes. A todas luces, un negocio redondo: aparentan acciones del CPC mientras fortalecen su vínculo con la UG.
En tanto, las dudas persisten: ¿este organismo “ciudadano” realmente le sirve a los guanajuatenses?
Contra Retrato
Claudia Sheinbaum Pardo
La estrategia de la presidenta de México al esperar hasta el domingo para anunciar medidas contra los aranceles impuestos por Estados Unidos, le dio una mejor posición de negociación frente a Donald Trump, quien finalmente reculó, aunque de forma temporal. Se evitó una confrontación directa con el republicano como ocurrió con Justin Trudeau. Aunque un factor clave fueron las presiones de sectores productivos en el país vecino.
En Guanajuato, hay un sector en particular que podría beneficiarse de lo anunciado por la presidenta tras los acuerdos con Trump. Adelantó que revisará las importaciones chinas, responsables del declive de la industria textil y del calzado, lo que ha contribuido al aumento de la violencia en el Bajío, según su óptica.
Líderes zapateros han reconocido que el gobierno federal ha aplicado cuotas compensatorias y aranceles a textiles chinos. Con las nuevas medidas, podrían atenderse demandas clave del sector en Guanajuato, como la revisión de importaciones temporales que terminan en el mercado interno y generan competencia desleal, así como la triangulación de calzado chino, especialmente desde Vietnam. De concretarse, la presidenta no solo enviaría un mensaje más al gobierno estadounidense sobre el control del comercio chino, sino que también consolidaría el respaldo al sector zapatero y textil.
Por cierto, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, publicó un artículo titulado “Chinese Ports in Panama Come Under New Management” y que no tiene desperdicio. En él, se explica cómo BlackRock, Inc., una de las mayores gestoras de activos en Estados Unidos, adquirió el 80% de las acciones de Hutchison Port Holdings y Hutchison Port Group Holdings, con sede en Hong Kong. Esto le da a Estados Unidos un control significativo sobre 43 puertos en 23 países, incluidos Ensenada, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo en México.
Según el análisis, esta medida podría ser parte de una estrategia para frenar la entrada de precursores para la producción de fentanilo, además de permitir un mayor control sobre la importación de productos asiáticos. Particularmente en Manzanillo, que ha cobrado relevancia por los aseguramientos de precursores químicos para la fabricación de drogas, como el fentanilo.
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