1.- La conectividad digital pierde prioridad en Guanajuato
Para financiar los ambiciosos programas del llamado “Nuevo Comienzo”, el gobierno del estado metió tijera y recortó más de 122 millones de pesos al programa “Infraestructura para la Conectividad Digital Estatal”. Estos recursos ahora se destinarán a las “Becas Nuevo Comienzo” del Instituto para el Desarrollo y Atención de las Juventudes, al programa “Empleo Temporal para la Gente” de la Secretaría del Nuevo Comienzo y a otros proyectos en salud, obra pública, desarrollo agrícola y derechos humanos.
Aunque Guanajuato ha mejorado en conectividad digital en los últimos años, sigue rezagado a nivel nacional. El impacto del recorte aún es incierto, pero llega en un momento en el que la digitalización es una prioridad global.
Según el Índice de Desarrollo Digital Estatal (IDDE) 2024 del Centro México Digital, Guanajuato ocupa el puesto 16 en desarrollo digital. El contraste es evidente: mientras el estado lidera en la adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas, en el ámbito social el avance es limitado, dejando a muchas personas atrás.
Uno de los datos más preocupantes es la baja interacción digital con el gobierno. Guanajuato se ubica en la posición 30 a nivel nacional en este rubro. Aunque la caída podría atribuirse al fin de la pandemia, donde los medios digitales fueron de gran apoyo, el índice muestra que persiste a pesar del aumento en el uso de internet.
Esta situación representa un desafío para la estrategia de comunicación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien, si bien ha logrado un mayor alcance digital que su antecesor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, enfrenta una brecha de acceso en la población.
Más allá del impacto gubernamental, hay efectos directos en las familias. Guanajuato ocupa el lugar 27 en hogares con computadora y está entre los estados con menor asequibilidad, acceso y cobertura de internet.
La cobija no alcanza para todo, pero sin nuevas políticas públicas efectivas en este rubro, el recorte podría resultar contraproducente para la educación, el desarrollo social y el crecimiento económico del estado.
2.- Periodistas asesinados en Guanajuato: voces silenciadas
Periodistas de Guanajuato se manifestaron este miércoles para exigir justicia por el asesinato de Kristian Uriel Martínez Zavala en Silao, ocurrido el pasado domingo, y el esclarecimiento de otros homicidios de integrantes del gremio. La protesta, realizada frente a la Fiscalía General del Estado, fue atendida por Marco Antonio Sánchez Aparicio, secretario particular del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, quien recibió el posicionamiento del gremio y acordó una reunión con el fiscal para el 10 de marzo.
Antes de la manifestación, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas celebró una sesión extraordinaria, donde el fiscal presentó avances y aseguró que el asesinato de Martínez Zavala se investiga considerando su labor periodística.
En el caso de Alejandro Alfredo Martínez Noguez, “El Hijo del Llanero Solititito”, asesinado en Celaya, una de las líneas de investigación contempla su trabajo como periodista. Por el asesinato de Israel Vázquez Rangel en Salamanca (2020), hay dos personas sentenciadas, aunque el proceso se resolvió en instancias federales.
A pesar de la falta de sentencias firmes, la Fiscalía ha determinado que varios crímenes no están relacionados con la labor periodística, entre ellos los homicidios de Víctor Manuel Jiménez Campos (Celaya), Gerardo Nieto Álvarez (Comonfort) y Ernesto Méndez Pérez (San Luis de la Paz), este último con un detenido en espera de sentencia. También se descarta vínculo en el intento de homicidio de Ismael Flores Álvarez (Dolores Hidalgo), cuyo padre asistió a la protesta de este miércoles para sumarse al reclamo.
Persisten dudas sobre si en todos estos casos se aplicó el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. Guanajuato sigue siendo un estado marcado por la violencia, y el gremio periodístico no es ajeno a esta realidad. La creciente inseguridad no solo desafía a las autoridades, sino que también impone riesgos a los reporteros, fomentando la autocensura y generando zonas de silencio donde no se ve, no se escucha y no se habla.
Es urgente una respuesta contundente, transparente y sin revictimización. No se mata la verdad matando periodistas.
3.- Aborto legal en Guanajuato, ¿será la buena?
El próximo 12 de marzo la Comisión de Salud del Congreso, liderada por el morenista Antonio Chaurand Sorzano, realizará una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas que buscan legalizar la interrupción del embarazo en Guanajuato. En la discusión participarán algunas autoridades y especialistas, aunque ya se anticipan resistencias por parte del PAN, que ha operado en varias ocasiones para desechar reformas similares o mantenerlas en la “congeladora”.
Una de las iniciativas propone que el gobierno estatal tenga la obligación de garantizar la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción legal del embarazo. La segunda plantea que la Secretaría de Salud brinde estos servicios como parte de su responsabilidad.
Las diputadas panistas Noemí Márquez Márquez y Angélica Casillas Martínez solicitaron la inclusión de más autoridades y asociaciones en la mesa de trabajo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por Morena y el Partido Verde, argumentando que varias de estas instancias fueron consultadas previamente, pero no emitieron respuesta.
En este punto, llama la atención el silencio de diversos entes gubernamentales. Entre los organismos que no dieron su opinión sobre la reforma están la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Salud estatal, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ahora transformada en la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal. No se pronunciaron ni a favor ni en contra.
Sin la mayoría aplastante del PAN, con una oposición fortalecida y el propio discurso del gobierno estatal en favor de los derechos de las mujeres, la legalización del aborto se perfila como uno de los grandes temas de esta legislatura.
Por cierto, la Secretaría de Salud de Guanajuato aseguró que no se han suspendido las atenciones a quienes soliciten la interrupción voluntaria del embarazo. De acuerdo con datos de la dependencia, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 se han registrado 12 atenciones. Cabe recordar que, aunque el aborto no está legalizado en Guanajuato, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara a las mujeres que soliciten esta atención en todo el país.
Contra Retrato
Roberto Novoa Toscano
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León no desestimó los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en la revisión de una muestra de los recursos erogados bajo el Fidesseg, como parte de la auditoría a la cuenta pública del Poder Ejecutivo en 2023. Por el contrario, afirmó que, si se comprueban irregularidades, debe haber sanciones.
Es de reconocer la postura del líder empresarial, quien ha sido uno de los principales críticos de la extinción del fideicomiso por parte del gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo. En lugar de rechazar o minimizar las inconsistencias que derivaron en cinco observaciones por faltantes documentales y otras irregularidades en la aplicación de los recursos, como sí lo hizo Juan Carlos Usabiaga del Moral, presidente de la asociación Actuando por Guanajuato, optó por hacer un llamado a la rendición de cuentas.
“La realidad es que ahí están, que se apeguen a la ley y si alguien infringió o cometió errores o mal uso, pues que sean castigados. Para eso son las auditorías, al final de cuentas”, declaró.
Es poco probable que las observaciones deriven en un proceso legal, ya que los resultados de las auditorías suelen quedar en meros llamados a misa. Sin embargo, el informe de la ASEG deja el precedente de que el Fidesseg operaba de manera desaseada.
Por cierto, sigue sin haber mayor acercamiento entre el gobierno estatal y los empresarios que han encabezado la pugna por la restitución del Fidesseg. Novoa Toscano dejó en claro que serán los tribunales los que finalmente resuelvan. También informó que se presentó una ampliación de demanda por no garantizar los recursos del Fidesseg en la Ley del Presupuesto de Egresos para 2025. Las autoridades demandadas son el Congreso del Estado, la gobernadora y el secretario de Finanzas.
Además, este miércoles se publicó un acuerdo del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato en el que se solicita a la gobernadora pagar una multa de más de 10 mil pesos por no acatar la suspensión que dejaba sin efecto el decreto de extinción del Fidesseg. El pago se realizará tal como había adelantado la mandataria, según fuentes consultadas.
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