León, Gto.– Pese a ser sujeto obligado a cumplir con la Ley de convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado de Guanajuato, donde se deben tomar medidas inmediatas contra casos de bullying y acoso sexual cometidos entre compañeros, la directiva del Instituto Lux de León fue señalada de desestimar sistemáticamente las denuncias presentadas por las familias de estudiantes que lo han sufrido, al menos en los últimos 4 años.
Pese a ser sujeto obligado a cumplir con la Ley de convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado de Guanajuato, donde se deben tomar medidas inmediatas contra casos de bullying y acoso sexual cometidos entre compañeros, la directiva del Instituto Lux de León fue señalada de desestimar sistemáticamente las denuncias presentadas por las familias de estudiantes que lo han sufrido, al menos en los últimos 4 años.
Según madres de familia que iniciaron denuncias internas, la institución se limita a escuchar, pero no ofrece ninguna medida de protección eficiente ni acciones para castigar a los estudiantes agresores, escudándose en el principio de que estos también tienen derecho a la educación.
El último caso ocurrió en febrero de este año entre estudiantes de segundo grado de secundaria, donde un alumno de 14 años de edad con antecedentes de haber tocado de forma inapropiada a otras 3 compañeras suyas, acosó a una cuarta joven con la que la profesora le asignó un equipo de trabajo en clase.
Frente al acoso, que no generó ninguna reacción inmediata de la docente a cargo de la clase, la familia hizo una relatoría de hechos ante la dirección de la secundaria y ante la coordinación de segundo grado, solicitando medidas precautorias inmediatas para la joven, así como apegarse a lo establecido por la Ley de convivencia.
La respuesta de la institución fue, sin embargo, ofrecer solamente que el estudiante agresor permanezca bajo vigilancia en clases y también evitar que coincida en los mismos equipos de trabajo, lo cual fue rechazado por la familia considerando los antecedentes de acoso contra otras estudiantes, donde en dos hubo denuncia y se ofrecieron las mismas medidas sin obtener ningún resultado.
Y pese a la insistencia de aplicar nuevas medidas precautorias que incluye el cambio de aula del agresor, atendiendo al derecho de los estudiantes a permanecer en espacios libres de violencia y acoso, la rectoría de la institución resolvió que solamente se aplicarán las medidas ya rechazadas que consisten en que el personal docente y colaboradores de la secundaria lo mantengan vigilado y apartado de sus víctimas.
Las familias involucradas en el caso señalaron que el Instituto Lux carece de protocolos y reglamentos adecuados para aplicar la ley en sus aulas, ya que no hay ningún documento publicado por parte de la institución, pese a que en su reglamento escolar hace mención al cumplimiento de la normativa.
Una omisión recurrente
Las denunciantes señalaron que el historial de omisiones de parte del Instituto Lux, para hacer cumplir la ley de convivencia libre de violencia, data al menos del ciclo escolar 2021-2022, donde en el regreso a clases presenciales un estudiante de quinto año de primaria sufrió de bullying por parte de uno de sus compañeros.
Y aunque la madre del menor presentó las denuncias internas correspondientes y pidió la intervención de la rectoría de la escuela, las agresiones contra el pequeño no se detuvieron y ella optó por darlo de baja cuando el agresor mantenía violencia la violencia física , sin que ninguna autoridad escolar interviniera.
“Una institución educativa debe promover y velar por los derechos de su comunidad escolar, y no ocultar y silenciar estos hechos” expresaron las denunciantes.
SEG y PEPNNA se lavan las manos
Además de buscar a las instancias internas, una de las familias también solicitó la intervención de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en su caso, ante la respuesta ofrecida por el Instituto, así como una revisión de parte de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PEPNNA) para detectar cualquier otra problemática asociada a la conducta del estudiante agresor.
La respuesta de ambas instituciones fue deslindarse de investigar, afirmando que la resolución de esos casos le corresponden al organismo escolar y deben resolverse de forma interna, donde también se insistió en que el derecho a la educación del agresor no puede ser vulnerada.
“De acuerdo a lo establecido por el reglamento escolar para una convivencia en la paz del estado de Guanajuato, el organismo escolar será el que se encargue de valorar los hechos y adoptar las medidas provisionales tendientes a salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad educativa, sin que esto vulnere los derechos inherentes al educando presunto generador de la conducta”, respondió la SEG en un correo electrónico, en el que también afirmó tener una comunicación continua con la dirección del Lux a través de su enlace jurídico del departamento de Convivencia Escolar.
Mientras que el PEPNNA hizo una comunicación informal, vía telefónica, informando que su intervención en el caso sería solamente por órdenes de la SEG.
Instituto Lux afirma: sí hay protocolos pero cierra información
Por parte de las oficinas de comunicación institucional se informó brevemente que este cuenta con un ámbito de legalidad para atender casos de acoso sexual y bullying, con sus correspondientes protocolos de actuación siguiendo la Ley de convivencia escolar, aunque sin precisar detalles por ser casos confidenciales.
“Existe un protocolo de actuación que aplica en esos casos. El derecho de cualquier persona menor de edad, requiere confidencialidad de quienes están como agresores o denunciantes. Estamos incapacitados para dar información, salvo que sea una autoridad pública”, informó el enlace institucional.
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