1.- Red Estatal por la Honestidad: ¿Avance o Disfraz?
Se comienza a notar la influencia del gobierno del estado en el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (SEA). La nueva reforma aprobada, que impacta al Comité de Participación Ciudadana (CPC), presidido por Giovanni Appendini Andrade, puede entenderse como algo positivo, pero no deja de generar interrogantes.
Este viernes, en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, se publicó una serie de acuerdos para la creación de “herramientas” dentro del CPC. Entre ellas destaca la Red Estatal Ciudadana por la Honestidad, cuyo objetivo es coordinar y vincular a organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos e instituciones (…) con las actividades del Comité de Participación Ciudadana en la promoción de la honestidad y el combate a la corrupción.
Suena bien, pero esas mismas atribuciones son las que, en teoría, ya tiene el CPC en materia de vinculación y por las que se les paga una cuantiosa cifra. Actualmente, los cinco integrantes del CPC reciben más de cien mil pesos mensuales, lo que representa un gasto anual superior a cinco millones de pesos.
Sus cuestionables resultados y su elevado salario han sido tema de debate en el Congreso del Estado. El diputado morenista Ernesto Millán Soberanes presentó en noviembre una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato con el objetivo de actualizar sus facultades y acciones, así como revisar el pago que reciben los integrantes del CPC.
El pasado 25 de enero, el CPC finalmente respondió a la propuesta y pidió fortalecer otros aspectos desde el Poder Legislativo, como otorgar mayor peso a sus recomendaciones (que actualmente no son vinculantes), incrementar su presupuesto, mejorar la comunicación con la ciudadanía y garantizar su autonomía. Sin embargo, también argumentaron que cuestionarlos solo genera pérdida de confianza ciudadana, desconexión con la sociedad civil y falta de contrapesos. Además, defendieron sus sueldos y donde uno de los argumentos fue que “no han sido actualizados de acuerdo con los índices inflacionarios de cada año”.
Su alusión a ser un contrapeso resulta, cuando menos, curiosa, pues ni han presentado denuncias ni se han manifestado por hechos de corrupción. Tampoco parece que lo harán en el futuro, a juzgar por lo que argumentan en su oficio:
“Para que pueda hablarse de un ‘hecho de corrupción’ de manera formal, es indispensable que exista una declaración firme emitida por una autoridad competente, que confirme la existencia de dicho hecho. En ausencia de tal resolución, no es posible ejercer esta facultad.”
La creación de la Red Estatal Ciudadana por la Honestidad fue avalada por el recién designado secretario técnico del SEA, Ernesto Salvador González Gómez, quien proviene de la Secretaría de la Honestidad, a cargo de Arcelia González González. Más allá de la evidente inspiración en el nombre, se espera que esta “herramienta” represente un verdadero impulso a la participación ciudadana contra la corrupción y no una simulación, una bastante costosa para los guanajuatenses, como ya ocurre.
2.- Síndica y regidores en San José Iturbide, entre servir y servirse
El presidente municipal de San José Iturbide, Manuel Montes de la Vega, y la secretaria del Ayuntamiento, Ana Cristina Moya Vargas, finalmente se desistieron del “jugoso” incremento de más del 20% en sus salarios. El titular de la administración municipal recibirá 116,829 pesos, mientras que Moya Vargas percibirá 67,654 pesos. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los municipios, estos montos siguen estando por encima de lo recomendado por el Congreso del Estado de Guanajuato, que sugiere un salario de 95,969.78 pesos para el presidente municipal y de 47,983.75 pesos para la secretaria del Ayuntamiento.
Quienes, sin vergüenza ni recato, sí recibirán un salario equiparable al de un secretario de Estado, son los regidores y la síndico, mayormente morenistas. Cada uno percibirá más de cien mil pesos mensuales, a pesar de que la recomendación no vinculante del Congreso del Estado es de 43,185 pesos. Con esto, los regidores y la síndico se embolsarán más del doble de lo sugerido por el Poder Legislativo.
Ni siquiera en administraciones municipales con mayores responsabilidades, derivadas de una mayor población o necesidades, se pagan cien mil pesos a los regidores. Por ejemplo, en León, el municipio más poblado del estado y el tercero a nivel nacional, los regidores perciben cerca de setenta mil pesos brutos.
Los integrantes del ayuntamiento que dejarán el gobierno con una cuenta bancaria más abultada son: la síndico María Guadalupe Sinecio Hernández y los regidores Lorena Reséndiz Vázquez, Javier Basaldúa Álvarez, Martha Elena Ledezma Olvera, Hilda Carolina Ferro Zarazúa, Víctor Metodio Basaldúa Vázquez, María de la Luz Zarazúa Monjaraz, Luis Martín Herrera Soto y Celso Antonio Mata Minutti.
Las noticias sobre ayuntamientos que llegan a servirse más que a servir han alcanzado otros niveles, pues la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo habló al respecto en su visita a San José Iturbide:
“El llamado, más que otra cosa, es a privilegiar el uso de los recursos, sobre todo en los municipios en los que hay tantas carencias. Privilegiar a lo que guie sea el buen ejercicio del recurso público y sobre todo que esté justificado. Es una gran tarea gobernar un municipio, pero hemos visto como muchos de ellos se incrementan de manera desproporcional sus percepciones. El llamado es a que seamos responsables.”
3.- Los informes de Libia: arranca en San Luis de la Paz
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo rendirá su primer informe de gobierno el próximo viernes 7 de marzo por la tarde, en el municipio de San Luis de la Paz. No será el único, pues se habla de que la mandataria busca llevar este ejercicio a otros municipios seleccionados por regiones. Aunque aún no están definidos, los municipios en la lista incluyen Pénjamo, Apaseo el Alto, San Diego de la Unión, Romita e Irapuato. De manera legal deberá entregar su informe el jueves 6 de marzo.
La manera en que la gobernadora busca presentar sus primeras acciones responde a la intención de alejarse de los grandes y ostentosos eventos a los que recurrieron sus predecesores, quienes usualmente elegían León para reunir a los principales actores de la política y el poder económico.
La decisión también busca reforzar su línea discursiva de “el gobierno de la gente” y asegurar su presencia en zonas que históricamente no eran consideradas para este tipo de ejercicios de rendición de cuentas.
En estos primeros cinco meses de gobierno, la gobernadora presentará avances en la reestructura del gobierno estatal, el cambio en la estrategia de seguridad y la coordinación con el gobierno federal. A esto podría sumarse el progreso —aún por verse— en las acciones para dotar de agua a los municipios del corredor industrial, tema que se espera tenga resultados positivos tras los acuerdos que se generen este sábado con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado.
Contra Retrato
David Novoa Toscano
Al desfile de dudosas cifras alegres le siguieron duros cuestionamientos que ponen en entredicho su gestión al frente del Patronato de la Feria y lo alejan de sus intenciones de seguir en esa posición.
Novoa Toscano aseguró que, en la reciente edición de la Feria Estatal de León, se registró una derrama económica superior a 9,050 millones de pesos, tres veces más que lo reportado en la edición anterior. Sin embargo, esta cifra contrasta con la asistencia de 6.7 millones de personas, apenas un 5% más que en 2024, a pesar de la millonaria inversión en espectáculos, incluidas las charlas motivacionales que costaron 25 millones de pesos.
Las dudas crecieron tras la revelación del presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, Eduardo Bujaidar, quien, ante la insistencia de la prensa, estimó que el sector hotelero generó una derrama de poco más de 226 millones de pesos, con una ocupación hotelera promedio del 56%. Aun sumando los ingresos por reservaciones en Airbnb o las compras en zonas comerciales, parece difícil que se haya alcanzado la cifra mencionada, equivalente prácticamente al presupuesto anual de la administración de León.
Si Novoa Toscano buscaba congraciarse con la presidenta municipal para asegurar su permanencia en el Patronato, parece que logró lo contrario, pues terminó por unir a la oposición en el Ayuntamiento, que no se había mostrado tan cohesionada como al momento de cuestionar la veracidad de las cifras.
En las próximas semanas, el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León deberá comparecer ante el Ayuntamiento y explicar, con detalle y claridad, la metodología utilizada para calcular dicha derrama. Habrá que esperar su justificación técnica o, en su defecto, quedarán expuestos los malabares numéricos empleados en favor de intereses particulares.