Ciudad de México, México.- La iniciativa que fue mandada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podrá asignar a las entidades paraestatales la autorización para administrar y operar aerolíneas y esta fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Debido a esta aprobación, la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), podrá operar la nueva aerolínea que el gobierno federal pretende lanzar. Esta aerolínea estaría lista a finales de 2023 y recuperaría el nombre de Mexicana de Aviación.
“La persona titular de la Secretaría puede otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sin sujetarse al procedimiento de licitación pública para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos”, señala la propuesta que reforma la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos.
La vigencia de la asignación será indefinida
Además, explica que la vigencia del título de asignación será por tiempo indefinido y solamente concluirá cuando se acredite que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguarda, o por razones de seguridad nacional.
La minuta fue avalada con 256 votos a favor y 219 en contra, esta menciona que la entidad asignataria, la paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, tendrá las mismas obligaciones que las personas concesionarias, sin embargo, no puede transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas físicas o morales privadas.
Durante la discusión de la reforma, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal resaltó que con esta iniciativa se están violando las leyes de competencia económica.
“Porque existe una ley que impide que le demos el control de insumos estratégicos a los mismos prestadores de servicios, y al eliminar el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos, estamos abriendo la posibilidad que una línea aérea pueda ser propietaria de más del 5% de las acciones de un aeropuerto, generando claramente un problema de concentración de mercado”.
Mientras que, el perredista Mauricio Prieto Gómez sentenció que está comprobado que el gobierno federal es incapaz de operar una aerolínea aérea, agregando que la centralización del poder en la entidad gubernamental, podría llevar a que no haya transparencia en la gestión de los servicios del transporte aéreo, resultando en una baja calidad de servicios y tarifas altas.
*Con información de Forbes
MM