1.- La venta de Iberdrola
Tras cuatro años de gobierno que transcurrieron entre descalificaciones, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de 13 plantas de producción de energía renovable propiedad de la empresa española trasnacional Iberdrola.
Ya no son ejemplo de un intento de colonización, corrupción y abuso. A partir de ahora son aliados estratégicos de la cuarta transformación, al negociar y acordar esta venta que López Obrador no ha tardado en describir como una nacionalización histórica, que de golpe y porrazo convertirá a la CFE en generadora de energías limpias.
La operación es casi todo el pastel que posee Iberdrola en México. Se trata del 80 por ciento de sus activos de generación en México por casi 6 mil millones de dólares.
De momento, entre las 13 plantas compradas por el gobierno federal, no se encuentra el parque Santiago Eólico en San Felipe, instalación que fue clausurada al detectarle un permiso con ubicación en San Luis Potosí. Ahora, se mantendrá en vilo una vez que sea regularizada.
Quizá con la lógica de ver el vaso medio lleno, el presidente global de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo más que cualquier discurso. Afirmó que ‘entendieron la política energética’ del gobierno y la respetan, por lo que logran este acuerdo para “seguir colaborando” como el gobierno desee.
Más reveladora fue la exposición del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien anticipó que será el Fonadin el que aportará la mayoría del capital de esta transacción y será el “vehículo especial para refinanciar la operación”, sin que esto se agregue –en apariencia- a la deuda pública, para liquidar en seis meses.
Tampoco se agregará a la deuda de la CFE que dirige Manuel Bartlett Díaz, pero por supuesto la enriquece con una masa de operación mucho mayor. De ahí, las promesas de bajar los costos, modernizar su infraestructura y surtirse mayoritariamente de fuentes renovables para surtir la electricidad.
Dijo López Obrador que con Iberdrola “han tenido discrepancias, pero el diálogo lo puede todo…” claro, también el dinero.
2.- La crisis sindical no ha terminado
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luis María Alcalde Luján, abrió una agenda imposible de abandonar. Con la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, no sólo se cumple con un requisito puntual del TMEC, también se acuñó una causa largamente pospuesta para destronar el sindicalismo charro y blanco.
En Guanajuato, el tema derivó en una aparente primavera obrera que se hizo patente con el capítulo que escribieron trabajadores de General Motors en Silao, la planta armadora de vehículos más grande de Guanajuato. Literal, tumbaron al sindicato Miguel Trujillo de la vieja CTM que dirige Hugo Varela Flores, para dar paso a uno independiente.
Por supuesto, no es la única legitimación que se ha desarrollado desde el 2021. Más empresas las han emprendido con los mismos actores en pugna, pero ya sin la atención que se le prestó públicamente en el caso de General Motors.
De entrada hay que tener en cuenta que estas consultas, que fueron desacreditadas por los liderazgos del sindicato Miguel Trujillo en pláticas secretas con los empleados, tiene fundamento en el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo. Es una obligación establecida en el Capítulo 23 del TMEC.
Se realizará una sola vez, por lo que todos los sindicatos deberán legitimar sus contratos colectivos existentes antes del 1 de mayo de 2023.
Es en esa coyuntura que dichos procesos de consulta se han realizado entre acusaciones de coerción e inhibición del voto, en empresas como Mazda en Salamanca y últimamente en Yazaki, donde particularmente también está presente el sindicato Miguel Trujillo que operó sin recatos y sin una autoridad que le sancionara.
No obstante esto apenas empieza. Las pruebas de las acciones cometidas por los adheridos a la CTM para buscar a toda costa sostenerse con la titularidad obrera en las plantas de Guanajuato, serán entregadas a los visores del TMEC por los activistas y trabajadores que no están dispuestos a que se diluya su esfuerzo.
Por ello, es preciso entender que si bien las agendas políticas responden a las coyunturas, en este caso son parte de una demanda histórica que no cesará por un viraje en las prioridades oficiales.
3.- Diez meses con un acosador a la cabeza
Si hay una duda que prevalece en el caso de Juan José Mendoza Pérez, el director de tránsito de Irapuato cesado por cometer acoso sexual, no es cómo llegó a cometer sus violaciones durante diez meses, sino como fue posible que llegara a la administración municipal de Irapuato.
Este funcionario del que ahora se conocen sus faltas y agravios, llegó en mayo del año pasado junto con Ricardo Benavides Hernández al ser designado Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato. Los ánimos de renovación alcanzaron para reclutar a Mendoza Pérez, quien vendría a “limpiar” el cuerpo de tránsitos municipales.
Como se comentó en este espacio en su momento, la llamada depuración policiaca se hizo de golpe y porrazo al despedir a cien policías por pérdida de confianza. A la fecha no se ha explicado si los motivos de estos despidos son también causales de una investigación más profunda. Ahora sabemos que se quedaron cortos en el nivel de los cargos.
Hace casi una semana, el ahora ex director fue separado de su cargo por una denuncia de acoso sexual en su contra ante la Contraloría Municipal de Irapuato. Se trata de un caso, pero los agravios fueron variados y numerosos.
Hoy Periódico Correo da cuenta de los testimonios que se quedaron en el tintero por el temor que dejó una depuración tan numerosa. Como suele ser en estos casos, el autoritarismo y el uso del poder sin límites, fueron los que privaron durante los diez meses que duró Juan José Mendoza al frente de la dirección de tránsito.
Propuestas indecorosas, asignación de eventos como castigo, horas extra sin pagar, ‘arrestos’ continuos en días de descanso, hasta la violencia física y verbal. Era el acoso total tanto laboral como sexual, so pretexto de ‘enderezar’ a la corporación que ya trabajaba desde entonces con déficit de elementos.
Es por ello que vale la pena preguntar ¿cómo fue posible que Ricardo Benavides lo llevara a su equipo? ¿los exámenes de control y confianza no advirtieron nada? Las respuestas quizá también expliquen la falta de resultados.
CONTRA RETRATO
Sergio Jaime Rochín del Rincón
Su permanencia al frente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) estuvo en vilo hace un año. Hoy, más firme en el encargo, entregó su segundo informe anual donde refleja si no una total estabilidad, sí las necesidades crecientes de un número cada vez mayor de agraviados por la violencia.
Sergio Jaime Rochín del Rincón recibió el espaldarazo de la Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para continuar en un encargo que persiste con carencias presupuestales pero al menos con mayores vías de gestión institucional.
Aunque para este 2023 se logró dotar de mayor presupuesto a la CEAIV, este sigue insuficiente y reducido a comparación de otras entidades públicas. Las medidas alternativas se han convertido en el salvoconducto de Rochín, quien no ha estado exento de protestas y exigencias de las víctimas.
En ese contexto, adelantó un proyecto que mucho ayudaría, pero que requerirá especial cuidado.
La conformación de una cooperativa integrada por familiares de personas desaparecidas, como palanca de emprendimiento y generación de recursos para sus búsquedas y su sustento personal, es parte ya de un proyecto que requirió la participación de al menos tres dependencias.
Son al menos ocho familiares de personas desaparecidas, las que buscan producir y distribuir comida vegana. Los recursos saldrían de sendos créditos con Fondos Guanajuato, la capacitación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu).
Se trata de una medida que no solo evidencia la carencias que enfrentan estos colectivos, también las de un organismo cuyo titular ha tenido que nadar contracorriente y que por ahora no le queda más que apelar a la voluntad política.